Procesan al expresidente de la SEPI en el Caso Aznalcóllar
▶ La juez imputa también a los dueños de la empresa andaluza Magtel
La jueza de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha acordado el procesamiento por prevaricación administrativa del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, así como de los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, en la causa que se investiga presuntas irregularidades en la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar al grupo México-Minorbis (participada por Magtel). Tras haber archivado dos veces el caso, la jueza volvió a abrir la instrucción por orden de la sección séptima de la Audiencia, de la que forma parte Mercedes Alaya. La jueza procesa a Vicente Fernández y a los hermanos López Magdaleno como cooperadores de un delito de prevaricación administrativa.
En el auto judicial se incluye también como procesados a seis funcionarios de la Consejería de Industria y Minas de la Junta de Andalucía . La instructora sólo procesa a los miembros de la Mesa de Contratación y exculpa a seis funcionarios que formaron parte de la Comisión Técnica al no hallar indicios de delito. Entre los funcionarios procesados están M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; L. M. V, jefe del servicio de minas de la Dirección General de Industria; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta; P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta; y S. C. L., secretario general de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Posición de la Fiscalía
La denuncia se interpuso en 2015 por parte de Emerita Resources España por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Emerita denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso a Minorbis (grupo México) alegando que Minorbis es en realidad una filial de la entidad Magtel. En la causa están personadas como acusación popular la Federación Ecologistas en Acción y la empresa Andalucía Mining.
El juzgado sobreseyó y archivo las diligencias en noviembre de 2015, decisión contra la que se presentó un recurso que fue aceptado por la Audiencia de Sevilla en 2016. En cumplimiento de dicha resolución, se continuaron con las investigaciones, solicitando el juzgado informes a la Guardia Civil y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, pidió a la Junta de Andalucía la resolución en la que autorizó la explotación de la reserva a Minera Los Frailes, nuevo nombre que adoptó la concesionaria. Asimismo, el juzgado solicitó el auxilio de la Intervención General del Estado para comprobar la validez de la normativa que regula el concurso, y solicitó a la Guardia Civil el estudio de los correos electrónicos que se cruzaron los investigados en relación a la explotación de la mina de Aznalcóllar y que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
En junio de 2018, la juez instructora volvió a archivar la causa y en septiembre de 2019 la Audiencia ordena de nuevo su reapertura. Es entonces cuando el juzgado pidió a la Guardia Civil otro informe sobre los cargos que tenían Vicente Fernández y los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación del concurso y los puestos que desempeñaron tras ese período. En 2020, la juez instructora rechazó la práctica de nuevas diligencias y rechazó la petición de Emerita de suspender de forma cautelar la concesión a Minera Los Frailes.
Seis funcionarios
Están procesados además seis funcionarios de la mesa de contratación de la Junta en el concurso minero