LA ECUACIÓN DEL COSTE EFECTIVO DE PRODUCCIÓN

a comparecencia de una treintena de agentes de la cadena alimentaria en el Congreso de los Diputados ha dejado claro las enormes diferencias que existen entre unos y otros eslabones. La revisión de la llamada Ley de la Cadena se ha convertido en un sistema de ecuaciones complejo, con una incógnita principal: el coste efectivo de producción.

La norma exige que comprador y vendedor contraten por encima de dicho valor. El objetivo no es otro que solucionar el problema de las ventas a pérdidas, una de las grandes demandas de agricultores y ganaderos; y no olvidemos que esta Ley surge con el principal objetivo de proteger la viabilidad de las explotaciones agrarias. La cuestión es, ¿quién fija este precio mínimo?, ¿realmente los valores medios de un periodo determinado son los adecuados?, ¿a partir de qué fuentes se establecen? Para conseguir este precio u horquilla y que no hubiera conflictos sería necesario ponerse de acuerdo, y ahí ya tenemos la siempre amenazante sombra de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia.

Por otro lado, el coste efectivo de producción regula la relación entre el productor y el primer comprador, pero no entre el resto de los eslabones de la cadena, como por ejemplo la industria y distribución.

Pero lo más preocupante es que si este valor no es consecuente con la evolución del mercado, ¿qué impide a la industria adquirir sus productos fuera de España? Hay que recordar que este sistema no es de aplicación en ningún otro país. Un sistema de ecuaciones complejo que, o bien aplica un modelo que choca contra la libre competencia, o refuerza las ayudas públicas generando conflictos internacionales, o desaparecen aquellas explotaciones cuyos costes de producción no son competitivos. Ninguna nos lleva a un desenlace adecuado, la última la que menos, pero como también pasa en matemáticas, puede haber varias soluciones…o tal vez ninguna.