La Fiscalía pide que los presos vuelvan a la cárcel tras el 14-F
El frente judicial ▶ Se opone al tercer grado por la gravedad de la condena y su nulo arrepentimiento
como la mejor garantía para que ERC tenga un papel de colaboración en Madrid. Y también es la ansiada fórmula de Iglesias para consolidar el ‘bloque plurinacional’ en el Congreso con sus 35 diputados junto con los de Bildu (5) y ERC (13) para formar un bloque unido e imprescindible para Sánchez. Lo que aleja a PP y Ciudadanos.
Podemos considera que su trabajo en el Gobierno fue recompensado este 14-F y que ahora están fuertes para ser determinantes en el próximo Ejecutivo catalán. «Lo importante no era quién ganase, sino quién tenía la capacidad de articular un gobierno de izquierdas y ese objetivo lo cumplimos», dijo ayer Isa Serra, portavoz de Podemos; y añadió: «Hay mucho apoyo al bloque que sostiene la coalición».
Apenas unas horas después de la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña, la Fiscalía recurría ayer el tercer grado de los presos del ‘procés’, que han tenido la oportunidad de campar a sus anchas por la campaña electoral e incluso de valorar los resultados de su formación, como fue el caso de Junqueras con ERC antes de que lo hiciera Pere Aragonés.
El Ministerio Público entiende que no procede este régimen de semilibertad porque en el acuerdo de la Generalitat que lo avala «no se hace mención a ninguna circunstancia distinta a las que se contenían en la progresión acordada hace seis meses y revocada hace tan solo 40 días por el tribunal sentenciador» (el Supremo). Dicen los fiscales que ni en esa resolución del Govern ni en los informes que lo acompañan –y que la Generalitat tardó una semana en notificarles–, se constata que se hayan superado ‘los déficits’ indicados por los jueces para negar esa semilibertad. Por ello, las razones que dio el Supremo en diciembre siguen manteniendo ‘toda su vigencia’.
El precedente de julio
Además, piden a los jueces de vigilancia penitenciaria que suspendan la libertad de los presos mientras resuelven sobre la progresión de grado, algo que sucedió en el caso de los internos de Lledoners cuando en julio la Generalitat les obsequió por primera vez con ese tercer grado. Entonces, el juez avaló esa semilibertad pero la dejó en suspenso hasta que el Supremo decidiera
Oriol Junqueras
en una segunda instancia, lo que hizo en diciembre.
La gravedad de las condenas impuestas y de los hechos cometidos por los líderes del ‘procés’, sumado al tiempo que llevan en prisión y a su nulo arrepentimiento son el denominador común de los recursos presentados contra los nueve líderes independentistas condenados por sedición. En ellos, los fiscales no ahorran críticas a la administración penitenciaria, de la que sospechan por intentar alterar por la vía de los hechos una sentencia que no comparten. «El goteo cronológicamente medido de esas decisiones; su aplicación a todos ellos (los presos) sin excepción; el haberse adoptado con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas (en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte); la gravedad de los delitos cometidos; el hecho de que la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad y; finalmente, la pública manifestación de alguno de ellos de su voluntad de volverlo a hacer; son todas ellas circunstancias que permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».
En el recurso de Junqueras, los fiscales subrayan que su conducta fue muy grave, «no sólo en términos jurídicos, sino en términos de repercusión social e institucional», porque el perjuicio causado afecta a la estructura del Estado así como a la Constitución, al haber querido «vulnerar la unidad territorial» de España y desobedecido leyes y mandatos judiciales. «No se puede trasmitir a la sociedad que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos», apuntan.
Las ideas no se condenan
Sostienen los fiscales que los fines de reeducación y resocialización no están cumplidos porque «no hay auténtica asunción delictiva» por parte del líder de ERC. «Reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho, tal y como ocurre en este caso».
Los fiscales recuerdan que los condenados no lo han sido por su ideología, sino por la falta de respeto a las leyes democráticas. «No hay una voluntad superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato constitucional, que es el que sustenta a las instituciones (...), ni se puede uno arrogar la facultad de interpretar la voluntad popular», dicen.
Vox cree que ha salido «muy reforzado» de las elecciones en Cataluña, pero no quiere exagerar su triunfalismo ni que cale la idea de que sus resultados electorales pueden ser «extrapolables» al resto de España, según aseguraron a ABC fuentes del partido de Abascal.
Las peculiaridades de la situación política catalana le hacen ser prudentes sobre si este triunfo puede impulsar a esta formación política en otros territorios de España. Lo que ha sucedido en Cataluña, al convertirse en la primera fuerza constitucionalista, no se ha producido en otros comicios como los vascos o los gallegos, por lo que, a pesar de la evidente satisfacción, prefirieron ser cautos.
«No queremos hablar tanto de extrapolación y sí de consolidación de Vox como única oposición real. Así lo perciben una parte de los españoles», señaló un dirigente de Vox, que admitió que «hemos salido muy reforzados» a nivel nacional.
El hecho de ser ya el primer partido constitucionalista de la derecha en Cataluña le sitúa en una posición de fuerza sobre el PP, que quedó claramente derrotado, y al que le critican los ataques que considera que le lan
y la hoja de ruta de Casado en el conjunto de España y subrayan que el resultado en Cataluña no es extrapolable. Por eso, creen que es necesario hacer un análisis «en clave catalana» y revisar la estrategia en esa comunidad. «El proyecto de Casado es acertado y hay que pensar que el objetivo está en 2023», subrayan barones consultados. Por eso, rechazan giros en su discurso o volantazos de última hora. En el Comité Ejecutivo Nacional de hoy se espera, en todo caso, un cierre de filas de los barones con Casado, sin cuestionar su liderazgo.
Desde la dirección nacional se reparte responsabilidades por lo ocurrido el 14-F, ya que todo el partido se ha volcado en la campaña y ha compartido la misma estrategia. reclamando cambios de calado en el liderazgo, el modelo de partido y la estrategia.
«No están asumiendo nada, ni siquiera hay un análisis. Falla la estrategia y la comunicación», apunta a ABC Antonio Espinosa, exdiputado autonómico en el Parlament, apartado de las listas tras denunciar la imposición de Carlos Carrizosa como candidato sin que mediase un proceso de primarias, como marcan los estatutos de Cs. También se pronunciaron en Twitter dos diputados en el Congreso, Marta Martín y Pau Cambronero, y tres senadores además de Hervías, Ruth Goñi, Miguel Sánchez y Emilio Argüeso, que reclamaron una asunción de responsabilidades en la dirección.
Tensión en la ejecutiva
Con ello se llegaba al Comité Ejecutivo celebrado ayer por la tarde, al que acudían algunos dirigentes, tal y como habían señalado a este diario, con la idea en mente de exigir al menos ‘la cabeza’ de Cuadrado y de Espejo. «Si no hay cambios, estamos muertos», apuntaba un líder autonómico, partidario de que Arrimadas releve a su núcleo de confianza. En la formación, tras dos varapalos de dimensiones estratosféricas en apenas dos años, se instala un debate entre dar con la tecla para consolidar un espacio propio o avanzar hacia una refundación del centro-derecha de la mano del PP.