Puerto Rico urge a EE.UU. a que lo acepte como un estado más
▶ El gobernador espera que el Congreso trate la incorporación de la isla en marzo
y mantener al chavismo en el poder por la fuerza, la colaboración cubana ha sido esencial. «Nadie como los cubanos para bloquear la disidencia en las filas militares, infiltrar a los enemigos, inhibir cualquier crítica, atajar conspiraciones y degradar a los traidores con castigos ejemplares», escribe Maldonado. Venezuela es el alumno aventajado.
La estrategia comenzó con el acoplamiento de la doctrina militar venezolana a la de Cuba con unos acuerdos secretos firmados en 2008 y la posterior incursión en los servicios de inteligencia. «La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es un organismo con la estructura y los métodos de su equivalente en la isla –apunta Maldonado a ABC–. Pero, también, la cúpula militar venezolana se ha convertido en una clase empresarial como la cubana».
Lo que queda es un régimen autoritario sostenido por la fuerza, con ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, y arruinado. Amnistía Internacional ha reportado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017. Con la ruina de Venezuela el flujo de recursos hacia la isla ha menguado, pero aún quedan miles de trabajadores cubanos en el país y Maduro –«no solo fue educado por Chávez, también por los Castro»– ha llegado a importar petróleo para enviar a la isla. Venezuela sigue siendo un satélite de Cuba.
El pasado 3 de noviembre, los puertorriqueños no tuvieron la posibilidad de votar por Joe Biden o Donald Trump en las elecciones presidenciales. Tampoco de elegir a diputados o senadores que les representen en el Congreso de EE.UU. El estatus de territorio libre asociado de Puerto Rico confiere al país caribeño autogobierno dentro de la soberanía de EE.UU.: sus ciudadanos son nacionales de EE.UU., pero no tienen los derechos ni las obligaciones de los 50 estados del país.
Pero ese mismo día de noviembre los puertorriqueños votaron para cambiar ese estatus. En un referéndum sobre la incorporación de la isla como estado de EE.UU., el 52% votó a favor y el 47% en contra.
No es la primera vez que Puerto Rico acude a las urnas para decidir sobre su estatus. Lo ha hecho en seis ocasiones desde 1967. El de noviembre podría suponer un cambio para la considerada como colonia más antigua del mundo, en posesión de EE.UU. desde que se la arrebató a España en 1989. Con las mayorías demócratas en las dos cámaras del Congreso –que es quien debe impulsar la incorporación– y después de que Biden dijera en campaña que vería con buenos ojos la llegada del 51º estado, las posibilidades son más altas que nunca.
Así lo ha defendido el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que ha asegurado que espera que el Congreso introduzca legislación para la incorporación de la isla como estado a mediados de marzo. «El Congreso está obligado moralmente a responder», ha dicho en una entrevista en Axios, en referencia al resultado del referéndum.
El apoyo a la incorporación ha crecido en la isla en los últimos años, después de que Trump fuera combativo en la concesión de ayuda a desastres naturales como el huracán María –que arrasó la isla en septiembre de 2017– y tras años de mala gestión y de deuda pública astronómica por las autoridades locales.
Consecuencias políticas
La admisión de Puerto Rico tiene altas repercusiones políticas. Los dos grandes partidos, demócratas y republicanos, han defendido el derecho del país caribeño a convertirse en estado, pero hay voces internas que lo desaconsejan, en especial entre los conservadores.
Puerto Rico tendría dos senadores, como el resto de estados, y un número de diputados –cuatro– proporcional a su peso demográfico. Con las fuerzas políticas muy parejas en Washington, algunos republicanos creen que la incorporación solo beneficiaría a los demócratas. La exsenadora Martha McSally aseguró el año pasado que con Puerto Rico los republicanos «nunca recuperarán el Senado». Y su líder en la cámara alta, Mitch McConnell, calificó el apoyo a su incorporación como parte de la agenda radical de los demócratas.
Empresas insolventes
En % del total de empresas