Las comunidades exigen a Ribera que no prohíba la caza del lobo
▶ La ministra, sin embargo, no parece dispuesta a dar su brazo a torcer
Un lobo en el refugio animal de Basondo, en Vizcaya
Firmes en sus posiciones, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia alzaron ayer de nuevo la voz de forma unánime para decir a la cara –vía pantalla en reunión telemática– a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no están nada de acuerdo con sus pretensiones de incluir al lobo en el listado de especies protegidas e impedir así su caza también al norte del Duero. La reclamación «unánime» por parte de los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades que albergan el 95% de los ejemplares de ‘canis lupus’ de España es que «se suspenda» esa «precipitada» catalogación, aprobada en una polémica reunión y con el rechazo de los territorios directamente afectados.
Más de dos horas de un encuentro que llegó ayer tras cuatro meses de peticiones para verse reclamadas sin éxito desde las cuatro comunidades y en el que expuserieron el «gravísimo error» de la postura del departamento de Ribera, basada «en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona». Aseguraron no entender que se quiera «echar por tierra» el trabajo realizado por las comunidades loberas durante estos años. Pero, a tenor de la nota enviada por el ministerio, no parece que vaya a dar su brazo a torcer. Entiende «que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie». Desde las autonomías directamente afectadas, de distinto signos políticos, expusieron las «razones políticas, técnicas y jurídicas» por las que «no puede ser» que se pretenda prohibir ya la caza del lobo.
La orden ministerial que lo hará efectivo está redactada y en consulta pública hasta el 26 de febrero. Pero desde las comunidades quieren poner freno. Reclaman «que nos sentemos como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa a trabajar sobre lo que hay que trabajar». «Las casas hay que hacerlas desde los cimientos», subrayó el consejero de Castilla y León, Suárez-Quiñones,
quien incidió en que se debe actuar entre ministerio y autonomías como se hizo en 2005 para llegar a un acuerdo sobre la estrategia nacional de gestión y protección del lobo. Ofrecen «colaboración leal» para la «actualización esa estrategia nacional» que consideran imprescindible antes de dar más pasos que determinen «las medidas» a adoptar, «sea catalogación, no catalogación o cualquier otra». «Pero, desde luego, el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que entendemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico», recalcó el consejero de Castilla y León.
A los tribunales
De no atenderse sus pretensiones, en las que cuentan con el apoyo de otras comunidades como País Vasco, Aragón o Madrid, «ejercitaremos todas aquellas acciones» que consideren necesarias «en protección de Castilla y León, de los intereses de nuestros ganaderos y de la población de nuestros pueblos». Suárez Quiñones añadió que están dispuestos a «llegar si es preciso a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como la ganadería extensiva y población en el territorio rural». Desde las organizaciones agrarias también han alzado la voz en contra de la prohibición de la caza del lobo también al norte del Duero y el ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco ha mostrado su conformidad. Ribera ofreció a los consejeros «trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones que contribuyan a reducir los daños en la cabaña ganadera y también a reducir la mortalidad del lobo ibérico y asegurar de ese modo su conservación a largo plazo».
Posturas encontradas Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias rechazan el cambio de estatus y el Ministerio lo defiende