Tras un año de aplazamientos por Covid se reanudan los interrogatorios
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería) acogió ayer el primero de los interrogatorios del macrojuicio del caso Poniente tras un año de permanentes suspensiones a causa del covid-19. Inicialmente estaba en la agenda que el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso fuera el primero en contestar a las preguntas de las partes, sin embargo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción se cambió el orden por motivos médicos y procesales y lo hará tras los integrantes del consejo de administración de Elsur.
Problemas técnicos en la sala retrasaron la sesión más de tres horas, teniendo que hacer dos recesos para solucionar las incidencias de la microfonía, y no fue hasta las 13:35 horas cuando comenzó el interrogatorio a José García Marañón, consejero de Elsur. Esta empresa mixta, participada en un 70% por la multinacional sevillana Grupo Abengoa y el porcentaje restante por el consistorio ejidense, está marcada como eje clave en la supuesta red de subcontratas para mediante sobrefacturación sustraer de las arcas públicas ejidenses casi 71,5 millones de euros.
Marañón solo contestó a las preguntas de su abogado e indicó que durante los años en los que formó parte de Elsur «nunca hubo razón para sospechar que los informes que presentaba a la dirección general no fueran fiables o que los gastos públicos no estuviesen legitimados». El acusado explicó que las cuentas anuales estaban auditadas y comprobadas por un verificador externo y que «el grado de conocimiento que se obtenía en el consejo de administración no alcanzaba a proveedores o al tipo de contrato que se les hacía».
La sala, presidida por la jueza Társila Martínez, ha previsto que hoy declaren otros cinco acusados integrantes del consejo de administración de Elsur. Tanto el exalcalde de El Ejido como el exinterventor municipal, los principales miembros de la supuesta trama, se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por presuntos delitos de malversación de caudales púbicos, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada. La acusación del Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas púbica se realizó entre 2002 y 2009 a través de una red de sociedades creadas expresamente que se dedicaban a subcontratar con la empresa Elsur.