Nuevo toque de Intervención por la situación de la plantilla
▶ La partida de la base militar recibe la primera opinión negativa
Como en todos los clásicos, la situación del personal de la Gerencia de Urbanismo vuelve al informe que emite la Intervención municipal cada vez que tiene que valorar el documento presupuestario. En este caso, el previsto para el año en curso que llega con un incremento sustancial de recursos para la inversión.
El departamento de fiscalización lleva varios años poniendo el dedo en la llaga de una buena parte de personal. En estos momentos, Urbanismo cuenta con 147 trabajadores de los que solo una parte, 53, son funcionarios. El resto son personal laboral o contratado. Teóricamente, deberían ser la excepción y no la norma puesto que se trata de una figura para cubrir bajas momentáneas o elementos puntuales de alta producción. La realidad es que se trata de empleados públicos que llevan muchos años en la casa y que entraron de las formas más diversas. El informe relativo a la plantilla de la Gerencia asegura que durante 2021 el personal laboral pasará de ser el 63 por ciento frente al 67 por ciento como consecuencia de las nuevas oposicionexs previstas, siete en total.
«Tal y como se informó en el ejercicio anterior, se deja constar que hasta donde esta Intervención general conoce las plazas de personal laboral de la GMU están en su práctica totalidad (sino la totalidad) vacantes, existiendo personal con contratos laborales que han devenido en indefinidos no fijos en fraude de ley sin que exista (salvo en un caso puntual al parecer) pronunciamiento judicial declarativo de dicha situación de indefinición, que no fijeza», asegura el documento de Intervención. El PP ha mantenido la misma política de IU que consiste en una sustitución a largo plazo de personal laboral por funcionario cuando llegan las jubilaciones. Es un criterio que nunca ha sido del agrado de Intervención que entiende que son plazas que tienen que salir a pública convocatoria para que se cumpla con la legislación.
El informe de Intervención incluye también la primera advertencia negativa sobre la previsión de recursos para la adquisición de suelos para la base militar logística del Ejército de Tierra por tres millones de euros. El documento asegura que no queda garantizado en ningún documento el grado de vinculación del Ayuntamiento de Córdoba con el proyecto ni la competencia de la institución municipal con este fin. El gobierno municipal trabaja con el Ministerio de Defensa para la firma del acuerdo de colaboración que tiene que fijar las condiciones que asume cada parte en el desarrollo del proyecto.