El Ayuntamiento baraja comprar las fincas Somontes y Guzmán
▶ Los terrenos agrarios de la Junta salen en un lote cercano a los 13 millones de euros
Trabajos en la finca Somontes, en Palma del Río
La Junta de Andalucía acaba de comenzar el proceso para deshacerse de las fincas del antiguo IARA, un fracasado proyecto de reforma agraria iniciado en los 80 que supuso la adquisición de tierras a cargo del erario público para acabar con los latifundios. En la provincia de Córdoba hay pocas fincas, pero son las más jugosas de unos lotes con los que la Consejería de Agricultura espera sacar entre 40 y 50 millones de euros, según quien sea el comprador.
El catálogo incluye cinco fincas en tierras cordobesas, algunas divididas en parcelas, con un valor de tasación inicial cercano a los 13 millones. Las mejores y más caras están dentro del término de Palma del Río, cuyo ayuntamiento ha confirmado a ABC que está estudiando su compra siguiendo las directrices que marca el decreto de enajenación aprobado por la Junta hace un par de semanas.
Entre ellas está Somontes, un símbolo de la lucha obrera del campo que ha sido ocupada por jornaleros en varias ocasiones. Sus casi 400 hectáreas de secano tienen un valor inicial de 4,5 millones. La más cara de toda
Andalucía, sin embargo, es Guzmán, también de secano, que se ha tasado en 8 millones por sus 668 hectáreas.
El procedimiento de venta diseñado por la Junta, que arrancó a comienzos de este mes, da prioridad a los ayuntamientos en los que se ubican estas fincas. Pueden hacerse con ellas con una reducción del precio de un 30 por ciento sobre la tasación si cumplen dos requisitos básicos: diseñar un proyecto de interés social para el pueblo y hacerlo en un plazo de tres meses.
Prioridad municipal
El Ayuntamiento de Palma del Río ya está estudiando si hacerse con estas fincas, según manifestó la alcaldesa, Esperanza Caro (PSOE), aunque de momento reconoce que no tiene ningún plan diseñado para esas tierras. Primero, asegura la regidora, tendrá que consultar el asunto con el Pleno para después empezar a plantear lo que se quiere hacer ahí.
El plazo es muy corto, y más para una administración pública, pero la regidora se muestra optimista y sostiene que «en tres meses da tiempo de muchas cosas. Es cuestión de que interese o no el proyecto».
El segundo problema es el dinero. Las dos fincas importan 12,5 millones de euros, que podrían quedarse en poco menos de 9 con la rebaja que la Junta ofrece a los ayuntamientos si presentan proyectos de interés social. Incluso esa cantidad es elevada para el Ayuntamiento de una localidad de 20.000 habitantes, pero de nuevo la alcaldesa se muestra confiada: «Palma tiene unas finanzas saneadas y no sabemos si se compraría todo. No es esa la cuestión. Tendríamos que ver si hay proyectos que interesan a Palma para su desarrollo y luego se iniciaría la financiación».
La delegación de Agricultura se negó a contestar a las cuestiones planteadas por ABC y se limitó a remitir al decreto y añadir que «se están dando los pasos indicados en el mismo». La Consejería del mismo ramo tampoco respondió a este medio.