El Ejecutivo defiende que podrá haber perimetrajes parciales sin estado de alarma
El Gobierno defiende que no será necesaria una legislación adicional para seguir haciendo frente a la pandemia cuando, si se cumple la previsión lanzada ayer por el presidente del Ejecutivo, el estado de alarma deje de estar vigente.
La capacidad de respuesta pasará entonces a manos de las comunidades autónomas, pero ya sin el paraguas legal que representa el estado de alarma, y a la coordinación de todas ellas con el Ejecutivo central en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer en Mérida que existen «instrumentos» suficientes para hacer frente al día después. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite mucha respuestas en emergencias sanitarias, en emergencia de pandemia. No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», defendió la número dos del Gobierno.
Fuentes gubernamentales apuntan a que en el Ejecutivo están pensando en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta norma es muy escueta, apenas consta de cuatro artículos. En el artículo tercero se expresa lo siguiente: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
Desde el Gobierno consideran que esta norma es suficiente para que las comunidades autónomas puedan proceder a confinar parcialmente áreas
tido, esta comunidad sostiene que la ley autonómica que aprobaron le permite adoptar este tipo de medidas.
La tibieza de los gobiernos socialistas contrasta con la contundencia de los populares. Sin el corsé que aprisiona en sus críticas a los afines con el Ejecutivo central, las comunidades conservadoras no ahorran reproches. Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno, considera «precipitado» el anuncio de Sánchez, ya que entiende que, a día de hoy, se desconoce la evolución que puede tener la pandemia.
El consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, considera que debe hacerse una evaluación semanal para decidir si es necesario flexibilizar o ampliar las medidas de prevención.
La Junta de Andalucía apunta a la de su territorio inferiores al municipio, según explican fuentes de La Moncloa. No obstante, después del verano los tribunales superiores de justicia emitieron pronunciamientos dispares respecto a las limitaciones dictadas por los gobiernos regionales. Ese escenario planeará desde el 10 de mayo.
Los tribunales decidirán
Existen más dudas sobre cómo responderían los tribunales ante cierres más amplios si es que estos tuvieran que tomarse. Desde el Gobierno explican que esto «dependerá de los TSJ», pero su interpretación de la norma es motivación política que esconde la decisión de Sánchez, al no contar con apoyos parlamentarios para renovar el estado de alarma. Asimismo, piden una reunión de la conferencia de presidentes para analizar una decisión tomada sin consenso.
En el caso de decaer el estado de alarma sin más alternativa jurídica, la comunidad andaluza confía en mantener que «no pueden ser genéricos», sino aplicados a un ámbito muy específico. Calvo se mostraba clara respecto a la posición del Gobierno. Desechando la posibilidad de elaborar ese «plan B jurídico» que lleva demandando meses el PP y que desde Ciudadanos reclaman también. Aunque ambos lo hacen desde concepciones distintas, los dos reclaman al Ejecutivo que debe actuar.
La propia Calvo se mostró partidaria en mayo del pasado año de estudiar alternativas legales. Y el Gobierno se comprometió con ERC y Cs a estudiar estas vías legales en la última prórroga del estado de alarma. Pero
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las restricciones horarias y de movilidad en municipios con alta incidencia, tal como hizo el pasado verano. Todas las decisiones fueron avaladas por los tribunales de Justicia.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sintetizó su preocupación con seis palabras: «Estamos ante un doble salto mortal». Con ello, ha querido poner el dedo en la llaga sobre la después el Gobierno cambió el paso aduciendo que se había consultado a la Abogacía del Estado y la manifestación jurídica fue que «no era necesario» porque «hay herramientas legales suficientes», explican en el Gobierno.
Desde La Moncloa se empezó a explicar desde el verano que no se iba a proceder con estas reformas porque existían dudas sobre su constitucionalidad, al tratarse de actuar sobre derechos fundamentales mediante legislación ordinaria. Pero este mismo argumento limitaría de forma drástica las capacidades que tendrían las regiones al amparo de la ley 3/1986.
Que en cualquier caso requerirían del aval judicial, abriendo de nuevo la puerta a esos pronunciamientos contradictorios que tuvieron lugar después del pasado verano.
Lo que sí será la herramienta principal de actuación serán las competencias propias de las comunidades para decretar el cierre de establecimientos o los aforos. Mientras las cuestiones relativas al perimetraje serán objeto de ese debate jurídico. Donde no parece haber opción es en las limitaciones a la movilidad nocturna, el conocido como toque de queda. No se podrá aplicar esa limitación sin estado de alarma.