«Forzaron mi jubilación, pero no han logrado que tire la toalla»
quier tipo de proselitismo o adoctrinamiento y el respeto a la convivencia». En el texto, el fiscal apunta que «la equidistancia o pasividad del director del instituto» por no «amonestar o sancionar a los alumnos» no tienen repercusión penal, pero puede tenerla «administrativamente por no cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y adoptar las correspondientes medidas disciplinarias».
El profesor apartado por el Govern hace hincapié en la apreciación del fiscal de que el instituto no es «neutro ideológicamente». Comenta a ABC: «Tampoco lo son los alumnos que me amenazaron e hicieron lo posible para que no siguiera dando clases y eso es importante».
Aprecia de igual modo el hecho de que «aunque el fiscal haya decidido no abrir la vía penal para los delitos de amenazas y acoso» a su persona porque las pruebas, a su entender, no tienen la solidez que requiere esta vía, «el fiscal dice claramente que en función de lo que se resuelva en el Juzgado Contencioso-Administrativo donde sigue la demanda. No es un punto y final».
Tras el escrito de la Fiscalía, Oya ha reclamado la ampliación de la demanda que se tramita en el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 9 de Barcelona. Justifica su solicitud de ampliación en base a «los nuevos hechos que acreditan el carácter espurio del expediente disciplinario y graves responsabilidades de personas implicadas señaladas por la Fiscalía en su escrito».
El profesor amonestado por el Govern ha reclamado también a la Fiscalía
Francisco Oya ha sido el primer docente significado contra el adoctrinamiento ideológico en Cataluña sancionado por las autoridades educativas. Desde que en 2019 le suspendieron diez meses de empleo y sueldo, su vida no ha sido fácil. Al margen del señalamiento público, Oya no ha tenido otra opción que jubilarse y abandonar la lucha activa en las aulas, pero, según afirma en declaraciones a ABC, «pese a la presión de los independentistas nunca me he planteado tirar la toalla».
Oya cree que «el supremacismo catalán ha usado durante años la escuela como arma de ingeniería social que le permite avanzar hacia la secesión». «Cualquiera que no responda a estas características, logre colarse en el sistema educativo y tenga la osadía de manifestarlo, es cazado de modo implacable. Conmigo solo ha empezado la caza de brujas», asegura.
y al juzgado «una copia del exhaustivo atestado que redactó la Policía Judicial en el que se basó la Fiscalía para emitir su informe». «Creo que tengo derecho a tenerlo», señala el docente. En base a su contenido, avanza, podría presentar, con asesoramiento legal, una demanda penal contra el director y los inspectores que lo acosaron.
«Templanza y pulso firme»
Es consciente de que solo se ha librado una batalla y de que la guerra será larga y de desgaste. Dice, sin embargo, estar preparado para librarla «con templanza y pulso firme».
Su único objetivo, por el que ya ha pagado «un duro precio», es «evitar que otros profesores pasen por lo que ha pasado y que «en las aulas catalanas prevalezca la neutralidad ideológica».
El director «no garantizó la convivencia»
El director del centro «omitió su deber de garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia» al no reprender a los alumnos que le acosaron
Versiones «contradictorias» de los hechos
El fiscal ve «versiones contradictorias sobre los hechos y los motivos que fundamentan tanto la incoación del expediente como la imposición de la sanción»
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