La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ejecutaba ayer un registro en la sede de Abengoa, en Sevilla, que ha supuesto un nuevo capítulo judicial en la historia de una compañía que atraviesa por un momento muy delicado en el que se juega su supervivencia. Una actuación policial que se enmarca dentro de una investigación que dirige la Audiencia Nacional, que trata de dilucidar si durante el periodo comprendido entre los años 20142016 varias de sus filiales maquillaron las cuentas para dar apariencia de solvencia. El registro fue ordenado por el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga dos delitos: uno relativo al mercado y a los consumidores y otro de falsedad de cuentas.
Fuentes consultadas por ABC detallaron que el origen de estas diligencias está en la querella que presentó en 2015 la Plataforma de Perjudicados por Abengoa —representada por el bufete Ius+Aequitas— contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea por falsedad documental y contra Manuel Sánchez Ortega, otrora CEO de la multinacional. La querella fue ampliada en 2020 al socio auditor de Deloitte, Manuel Arranz, por falsedad contable y estafa a los inversores. La ampliación de la demanda se produjo a raíz de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impusiera una sanción a Deloitte de 1,48 millones de euros y de 8.700 euros al socio encargado, Manuel Arranz, por haber cometido dos infracciones graves en el «incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía». A Abengoa se le responsabiliza de un delito por estafa a los inversores de esta empresa cotizada.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apreció entonces indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que se convirtieron en accionistas al invertir en ella. En cuestión están las cuentas de Abengoa y de su filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía ya que, según la Fiscalía, presuntamente ocultaban sustanciales pérdidas de sus activos e incluían en sus contabilidades certificaciones de obras que no estaban
acreditadas. Aunque la causa origen de estas actuaciones es de 2017, el juez instructor Ismael Moreno ha abierto una pieza separada, declarada secreta, en la que indaga si se falsearon las cuentas para dar una apariencia irreal de solvencia ante los inversores. También, a partir de un informe pericial aportado por los querellantes, se señalan otras posibles operaciones de maquillaje contable como «el afloramiento de activos inexistentes». Por ese conjunto de indicios, el juez quiere analizar el sistema de facturación de la empresa y pidió a la Guardia Civil que procediera a intervenir toda la documentación que fuera de interés.
El registro comenzó sobre las 9 horas y se prolongó hasta la tarde. La labor
Sede de Abengoa en Sevilla de los agentes era minuciosa porque estaban descargando en discos duros externos la información que guardaban los ordenadores del departamento de contabilidad de la multinacional Abengoa. De esta manera, aunque el trabajo fue más lento, se evitó tener que trasladar equipos informáticos a dependencias de la Guardia Civil con los consiguientes problemas de custodia y almacenamiento que generan este tipo de intervenciones.
El registro se produce justo cuando Abengoa analiza dos ofertas de compra del 70% de su filial Abenewco1 con la condición de que la SEPI ponga 249 millones, que el ICO avale créditos bancarios por 230 millones y que CESCE aporte 300 millones en avales.