El dilema de Sánchez ante las reformas
El Gobierno sabe perfectamente que Europa le exige cambios, pero también que sus socios no los aprobarían e intenta ganar tiempo antes de llegar al desenlace inevitable
Los mismos ministros que recibieron con aplausos a Pedro Sánchez en julio del año pasado cuando regresaba de un larguísimo Consejo Europeo en el que se aprobó la creación del fondo de recuperación tienen ante sí ahora una situación muy complicada que tal vez no supieron prever entonces, sumidos como estaban en esa euforia nerviosa e infantil provocada por el propio presidente.
Las ayudas suponen por primera vez en la historia de la UE una fórmula que está muy cerca del concepto de eurobonos, pero están también muy lejos de los viejos hábitos de gestión discrecional de las ayudas europeas. Cuando la Comisión y el Eurogrupo se refieren a las reformas que exigen que lleven a cabo los países que van a recibir esos fondos no están hablando de mejorar la gestión contable: se refieren a hacer que las cuentas públicas sean sostenibles y lo bastante saneadas como para que puedan reducir su deuda y devolver la parte de las ayudas que les corresponderá.
En el caso de España, lo que la Comisión ha pedido por activa y por pasiva desde hace años son reformas en el mercado de trabajo para que dejemos de ser el país con más desempleo de la UE, reformas en el sistema de pensiones cuyo déficit acumula ya cifras astronómicas, y una tercera intervención, menos mencionada pero igualmente acuciante, en la desfragmentación del mercado interior que está plagado de obstáculos a la actividad económica levantados por los gobiernos autonómicos.
Cada una de esas reformas tiene además una dirección sabida: la del mercado laboral para simplificar los contratos y hacer que los costes del despido dejen de ser un obstáculo para la contratación. La de las pensiones pasa también por una rebaja notable que sitúe las pensiones españolas en línea con la tasa de sustitución (la diferencia entre el último salario y la pensión) en una distancia similar a los demás países.
En definitiva, se trata, como suelen explicar los técnicos de la Comisión, de «no seguir usando la tarjeta de crédito para pagar el recibo de la luz», porque eso solo sirve para aumentar la deuda y la del Reino de España ya
Bruselas reclama por activa y por pasiva reformar el mercado de trabajo y el sistema de pensiones
La Comisión desearía un acuerdo entre los dos grandes partidos para el uso de los fondos
no puede crecer sin riesgo de que el país quiebre.
El problema para Sánchez es que cualquiera de esas reformas las tiene que aprobar en un Consejo de Ministros donde solo una parte –y probablemente la minoritaria– estaría de acuerdo para hacerlo. Y en el improbable caso de que esas reformas pasaran el trámite en el Ejecutivo, sería aún más improbable que la actual mayoría parlamentaria las ratificase, sobre todo porque es sabido que el principal socio de Sánchez, Podemos, ha hecho de la anulación de la última reforma laboral su principal campo de batalla y un símbolo de sus objetivos políticos.
Si Pedro Sánchez quiere las ayudas europeas tiene que hacer esas reformas, pero si las quiere aprobar sabe que no puede contar con sus aliados. Un exministro del PP que en estos momentos es nuevamente miembro del Parlamento europeo cree incluso que esta es la razón de la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, para asistir desde fuera del Gobierno a esta batalla inevitable.
No obstante, la Comisión ha sido también flexible y ha utilizado la fórmula de permitir que los gobiernos elijan el camino que prefieran para llegar a los objetivos que se quiere alcanzar. En la época en la que el objetivo era simplemente la reducción del déficit por debajo del 3%, la Comisión ponía sobre la mesa dos opciones: o reducir el gasto o aumentar los ingresos (los impuestos) si el resultado se ajustaba a sus requisitos. Da la impresión de que Pedro Sánchez cree que ahora también puede escapar por este camino
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
a la obligación de hacer las reformas, pero en este caso en la Comisión parece que no están muy convencidos de que algo así funcione, teniendo en cuenta que con la brutal caída de la actividad económica no salen las cuentas.
Es más, desde el principio de la crisis algunos comisarios han aprovechado sus visitas a Madrid, sobre todo algún vicepresidente que conoce perfectamente España por razones personales,
para sugerir de forma más o menos clara que lo que desearía Bruselas es un pacto sobre las reformas y sobre el uso de los fondos de recuperación entre los dos principales partidos del país para garantizar una continuidad más allá de posibles cambios de Gobierno. Tal y como están las cosas, esta opción –que sería la más razonable y sensata– parece en estos momentos la más improbable y lejana.