La agencia IDEA no localiza un pago de 25,7 millones de los ERE
▶ El presidente: «No hay forma de averiguar dónde fue ese dinero en la etapa del PSOE»
Nieto ayer en el ParlamentoFOTOS: trabajar en un ‘plan B’ jurídico para imponer restricciones de otra manera, ayer defendía que, sin el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad a través de una «acción coordinada». «El Tribunal Supremo ha dicho hay que cumplirla obligatoriamente en todo el territorio», especificó en Canal Sur.
Más información en España
Han buscado y rebuscado en los archivos de la Agencia IDEA, pero no ha habido suerte. El organismo dependiente de la Consejería de Transformación Económica, que dirige Rogelio Velasco, no da con ningún documento que certifique por qué la agencia de la Junta pagó 25,72 millones de euros a la aseguradora belga Apra Leven, que estuvo participada por un exbanquero investigado en el caso ERE y fugado a África. «Tras la investigación realizada por la Dirección Económica Financiera de la Agencia, no ha sido posible identificar las partidas que componen el total de 25.720.328,39 euros indicado, por carecer de la suficiente información sobre la composición de dicho sumatorio». La agencia, que actuaba como la caja pagadora de las ayudas irregulares del caso ERE, no ha podido desentrañar el misterio y así se lo ha hecho saber al juez que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana, mediante un escrito registrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 29 de marzo pasado. En una providencia dictada el 24 de septiembre, el magistrado había reclamando a la Consejería de Empleo y a la Agencia IDEA «toda la documentación obrante en los archivos sobre los pagos reseñados por importe de 25,72 millones de euros», después de que la Fiscalía Anticorrupción alertara de que la documentación era «muy escasa e incompleta».
Al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no le ha servido de nada aplicar el consejo que dio «Garganta Profunda» al periodista Bob Woodward para desentrañar el caso Watergate: «sigan la pista del dinero». No ha dado con el rastro de estos pagos a una compañía aseguradora que está plagada de sombras. Y eso que lo ha buscado a conciencia.
De dichas pesquisas dio cuenta ayer en el pleno del Parlamento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), cuando era interpelado por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, durante la sesión de control al Gobierno regional. El dirigente andaluz se quejó de la ‘herencia envenenada’ que le han dejado los socialistas. «Todas las semanas tenemos tramitaciones por parte de las autoridades judiciales donde nos solicitan informes para averiguar, dentro de esas causas abiertas, dónde fue cierto dinero» gastado en la etapa del
PSOE. «Ahora estamos buscando dónde han ido 25 millones de la Agencia IDEA», pero «no se sabe y no hay manera de saberlo». Moreno lamentó que su gobierno tenga que poner sus «energías» en «poner luz en las sombras que había en épocas anteriores».
En su pregunta al presidente de la Junta, Sergio Romero había asegurado que «Andalucía ha vivido décadas enterrada bajo la losa del paro, pero eso se acabó; la nueva formación para el empleo ya está en marcha».
La compañía Apra Leven estaba participada por el antiguo accionista de Fortia Vida, Eduardo Pascual de Arxé, investigado por las presuntas comisiones ilegales del caso ERE y prófugo de la Justicia. La Policía, que trata de extraditarlo, perdió el rastro del exbanquero Eduardo Pascual en la República de Benín en África, según informó el periódico El Independiente. También había estado escondido en Burkina Faso, donde las autoridades judiciales tramitaban ya la extradición solicitada por España hace casi un año. El juez Vilaplana ha pedido al Ministerio de Justicia y a la Interpol que le informen acerca de la búsqueda del exresponsable de una de las mediadoras que se repartía el negocio millonario de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta.
Un error de 2,99 millones
Además de la citada documentación sobre los 25,7 millones, tanto la Fiscalía como el juez del caso ERE requirieron a la Agencia IDEA que aportara un informe sobre un costoso «error administrativo». El 8 de septiembre de 2010, el organismo autonómico hizo una transferencia telemática por importe de 2.999.999,99 euros a la cuenta de la compañía Apra Leven en lugar de los 299.999,98 euros que debía ingresarle correspondientes a una ayuda excepcional con cargo al fondo de los ERE destinada a extrabajadores de la empresa Cydeplas. «No consta el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia IDEA para la recuperación de los fondos públicos indebidamente transferidos o su aplicación a la deuda pendiente» con dicha compañía de seguros, avisa el juez.
La agencia autonómica le respondió que, tras tramitar varias reclamaciones, la aseguradora habría aplicado los fondos a otros compromisos de la Junta, por lo que el expediente de reintegro iniciado fue archivado.
Aseguradora sospechosa Apra Leven estaba participada por un imputado que se fugó a Burkina Faso y a Benín
Los canales de interlocución entre el PSOE y el PP para renovar órganos esenciales como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional permanecen cerrados tras el último fracaso negociador, y tras las acusaciones mutuas de vetos cruzados con los nombramientos. Es lógico que la interlocución esté bloqueada. La tensión política generada por la sobrevenida campaña electoral de Madrid impide retomar las negociaciones por el momento, y además está aún vigente el resquemor mutuo entre los dos únicos partidos que completan las tres quintas partes necesarias del Parlamento para cualquier renovación. De momento, el único consenso se ha producido sobre el nuevo consejo de RTVE.
Sin embargo, la reciente decisión adoptada por el magistrado progresista del TC Cándido Conde-Pumpido de abstenerse, y no participar así de la resolución de los recursos pendientes presentados por los líderes independentistas catalanes, está generando una degradación institucional intestina que algunos magistrados de ese ya Tribunal tildan de preocupante e insostenible, si no irreversible.
Objetivo, apartar a Narváez
La atmósfera interna del TC se ha viciado en los últimos meses de forma cada vez más conflictiva. Todo tiene su origen semanas atrás, cuando el propio Conde-Pumpido y algunos magistrados del sector conservador empujaron a otro juez del Tribunal, Antonio Narváez, a abstenerse de los recursos alusivos al proceso separatista catalán. Unas antiguas declaraciones suyas críticas con el independentismo –argumentaban contra Narváez– le contaminaban para dictar sentencia, y si participaba de las deliberaciones se regalarían bazas jurídicas al huido Carles Puigdemont, y al resto de condenados, para que en el futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase que el TC español no había sido imparcial.
El apartamiento forzado de Antonio Narváez, un experto penalista en el TC cuyo criterio habría sido muy útil para la resolución de los recursos tras la sentencia del Tribunal Supremo, dejaba vía libre a Conde-Pumpido como único especialista en derecho penal para liderar jurídicamente cualquier eventual corrección a la sentencia del Supremo de la que fue ponente Manuel Marchena. No obstante, lo cierto es que Conde-Pumpido, uno de los impulsores de la maniobra, estaba en idéntica situación que Narváez. Como fiscal general del Estado en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también había hecho declaraciones comprometedoras contra el separatismo. Y si Narváez fue obligado por sus propios compañeros a abstenerse, lo mismo debía ocurrir con Conde-Pumpido, quien pese a su resistencia, ha terminado resignándose y asumiéndolo contra su voluntad.
Solo quedan nueve jueces
El TC queda de este modo en una posición institucional compleja. Es víctima de las trampas tendidas entre sus propios magistrados y se ha debilitado a sí mismo. Meses atrás, la salida del Tribunal de Fernando Valdés, un magistrado progresista encausado por malos tratos, motivó que la institución pasase de tener doce consejeros a once. Ahora, con la renuncia de Narváez y de Conde-Pumpido, en una carrera de zancadillas internas que está deteriorando la imagen del máximo intérprete constitucional, el TC tendrá solo nueve magistrados disponibles para resolver los múltiples recursos de amparo vinculados al proceso catalán.
Si a eso se añade que en julio tres magistrados más deberían ser relevados por vencer su
mandato –y un cuarto, Valdés, ya no está–, la inestabilidad interna terminará abocando en breve a PSOE y a PP a adoptar una decisión definitiva ante la percepción de que este Tribunal no puede quedar cojo por más tiempo. Que esa decisión quede vinculada asimismo a la renovación del CGPJ, dependerá de esos dos partidos. Pero parece lógico que sea así ya que en la anterior negociación los relevos de ambas instituciones se negociaron en paralelo.
El 4-M será determinante
Ningún cálculo en el seno de esos dos órganos constitucionales pasa por que el PSOE y el PP retomen los contactos hasta pasadas las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Sin embargo, tanto en el TC como en el CGPJ asumen que la controversia política no puede agravarse mucho más tiempo, y que la renovación de sus magistrados antes de verano será ya una prioridad para evitar más deterioro en el funcionamiento de la propia institución, de su prestigio y de su imagen.
De hecho, lo ocurrido con Narváez y Conde-Pumpido, más a causa de una pugna fratricida entre la izquierda y la derecha judicial que de la amenaza del separatismo con viciarlo todo aún más con múltiples recusaciones, será el factor que a priori acelere el proceso de relevos.
El escollo no es solo Prada
Incluso, fuentes conocedoras de la anterior negociación fallida entre el PSOE y el PP inciden en que el principal escollo no era la designación del magistrado José Ricardo de Prada como vocal del CGPJ a propuesta de PSOE y Podemos (esa fue la excusa oficial para romper el diálogo). El escollo era el rechazo de la izquierda judicial, y del propio Conde-Pumpido, a un abogado de prestigio propuesto por el PP, ya que también ese jurista ha sido muy combativo en público con el independentismo. Esa es otra parte de la letra pequeña de una ruptura entre PSOE y PP que ha terminado por intoxicar el clima de convivencia en el TC.
Ofensiva judicial ante la UE
De momento, todo es incertidumbre. Primero, por la desconfianza mutua entre ambos partidos. Segundo, porque acuerdos anteriores que ya estaban objetivamente cerrados fueron dinamitados a última hora de modo imprevisible. Tercero, porque los resultados electorales de Madrid pueden condicionar el desarrollo de la legislatura de Pedro Sánchez, y por tanto cualquier renovación puede volver a quedar tácticamente en el aire. Y cuarto, porque la ofensiva de 2.500 jueces reclamando amparo ante la Comisión Europea contra la reforma impulsada por el PSOE para maniatar al CGPJ, e impedirle hacer nombramientos, corre el riesgo de enrarecer aún más cualquier disposición al consenso. A día de hoy, hay coincidencia entre los magistrados del TC: la metástasis amenaza con convertirse en endémica si no se reactivan los contactos políticos de modo inminente.
LA división de la Sala del TC a la hora de dirimir el recurso del PP contra la exclusión de la lista electoral de Toni Cantó y de Agustín Conde era previsible. Finalmente, los dos quedan fuera de la lista porque una norma regional, en este caso la que impone la obligación de estar empadronados en Madrid antes del 1 de enero, impera sobre el propio artículo 23 de la Constitución, que prevé el derecho de cada español a ser elegido representante público. En esta ocasión no se ha cumplido al pie de la letra el sempiterno argumento de la fractura del TC en bloques ideológicos –progresista o conservador– por criterios de obediencia debida a cada partido. Parece ejemplar... pero todo tiene su letra pequeña.
En la alambicada vida interna de este tribunal siempre surge alguna excepción o alguna discordancia ajena a la lógica partidista basada en razones jurídicas… o no. De hecho, empieza a convertirse en una costumbre fácil de intuir que el presidente del Tribunal, elegido en su día a propuesta del PP y con la fuerza de su voto de calidad en caso de empate, coincida con los magistrados elegidos por el PSOE. Y ayer los tres se opusieron a amparar a Cantó.
Suspicacias aparte, la cuestión de fondo de esta decisión va más allá de lo puramente ideológico o de los opacos equilibrios internos de poder en el TC. La clave reside en el alcance real de los derechos fundamentales de los españoles. Y en este supuesto, los requisitos formales de una norma, una exigencia legal de ámbito madrileño, superan en solidez a un derecho esencial. Por eso también empieza a ser una extraña costumbre que en los últimos tiempos, y ante la interpretación que debe hacer el TC de algunos derechos fundamentales, siempre termine siendo restrictiva. Ha ocurrido ahora con el derecho de concurrencia electoral, y ocurrió meses atrás con el derecho de manifestación ciudadana durante la pandemia. Esto ya no va de partidismo o de tecnicismos jurídico-legales. Va de una visión cada vez más atrofiada de la libertad.