Secesionistas y comunes quieren censurar ideas en el Parlament
Los grupos independentistas y los comunes en el Parlamento de Cataluña quieren reformar el Reglamento de la Cámara para limitar ideológicamente los discursos hasta el punto de aplicar sanciones. La idea figura en la propuesta de resolución presentada por ERC, Junts, CUP y ECP en el marco de evitar que Vox tenga un senador de designación autonómica, como le corresponde tras las elecciones del 14 de febrero.
Aunque en el texto no se cita a Vox, los tres grupos independentistas, los comunes y el PSC –que valora dar su apoyo a la iniciativa– firmaron un documento al inicio de la legislatura por el que se comprometían a crear un ‘cordón sanitario’ al partido que lidera Ignacio Garriga. En ese contexto, independentistas y comunes dieron a conocer ayer su propuesta para que el Parlament se reafirme como «espacio libre del discurso de odio».
Entre las medidas, los cuatro grupos proponen reformar el reglamento para que se garantice un «blindaje ante los discursos de odio y la discriminación», reforzando «el compromiso contra la discriminación y el acoso con sanciones en caso de no firmarlo». Además, quieren modificar el requisito para la aprobación de declaraciones institucionales, que ahora es por unanimidad, para dejarlo en «una mayoría cualificada».
Esta sería la segunda iniciativa contra Vox, tras la de enviar a los once diputados y todo su equipo técnico al desván del edificio del Palacio del Parlament, otorgándoles menos despachos y metros cuadrados que a otros grupos con menor representación. Esta decisión la acordó la Mesa con el visto bueno del PSC alegando el acuerdo contra «la extrema derecha» o «pacto antifascista» suscrito por los cinco grupos. Cs y PP no lo firmaron.
Sin embargo, este pacto parece frágil. Independentistas y comunes pidieron este jueves que se impida a Vox tener el senador por designación autonómica que le corresponde en base al resultado electoral. Una medida que el PSC no suscribe, al considerar que sería saltarse la ley, pues la normativa establece que la designación de los senadores autonómicos debe ser proporcional al resultado de las urnas. Vox obtuvo el cuarto puesto con once escaños y le corresponde un senador.