Montero quiere invertir 10 millones en sacar a prostitutas de las calles
La nueva norma también eliminará el conocido como síndrome de Alineación Parental (SAP), que implica no dar crédito al testimonio del niño al creer que está actuando bajo la presión de su padre o madre. En esta línea, se deberá reconocer la denuncia de la víctima sin tener en cuenta su madurez y se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años, para evitar la revictimización del menor.
La ley establece, además, la creación de la figura de coordinador de bienestar o protección en los centros educativos, así como del delegado de protección en centros que realizan acividades deportivas o de ocio para menores. Se incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre niños y la obligación para los centros de menores tutelados de fijar medios para prevenir los casos de abusos.
Igualmente se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia,
La intervención de Irene Montero, ministra de Igualdad, en el congreso Wake up, Spain!, deslizó ayer un llamativo dato sobre el atril: su departamento es el primero que llevará al Consejo de Ministros una partida vinculada a los fondos europeos para la reconstrucción del país aprobados en plena pandemia –los llamados ‘Next Generation EU’–. Según Montero, además de las ayudas comunitarias buscará la colaboración «del sector privado» para la elaboración de una mapa nacional de cuidados y en medidas que avancen en igualdad, porque ésta, dijo, «es rentable».
Dentro de esas medidas y siguiendo en el terreno económico, la responsable de la cartera de Igualdad reveló que se van a consignar 70 millones de euros para cada centro de atención urgente a víctimas de violencia de género y sexual que se instale en cada provincia, una decisión que ya obtuvo el refrendo de La Moncloa. En alusión al caso de Rocío Carrasco, Montero volvió a agradecer la difusión de casos tan mediáticos y su contribución a la lucha contra la violencia, sobre todo la más silente: la psicológica.
En un nuevo gesto de desdén al proyecto de ley –que la vicepresidenta socialista Carmen Calvo ofreció recientemente como «muy avanzado»– para abolir la prostitución en España, Montero anticipó que su Ministerio culmina ya una ley de trata que destinará 10 millones de euros a sacar a las prostitutas de las calles y librarlas de los proxenetas. Igualdad trabaja en un plan de reinserción laboral y social de mujeres víctimas de la trata y la prostitución: «Pronto aprobaremos la asignación de gasto» para una nueva línea de apoyo a estas mujeres aunque no presenten denuncia, afirmó. A su vez, en la ley de Libertad Sexual que prepara se incluirán multas a los dueños de prostíbulos.