Escrivá deja el hachazo en pensiones para 2027 y en pleno ‘baby-boom’
▶El ministro de Seguridad Social rectifica por la presión de los sindicatos y retira su propuesta para compensar los años de IPC negativo en las pensiones
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha diseñado una reforma de las pensiones en dos fases, ambas con recortes, aunque el grueso del hachazo lo quiere posponer a la próxima legislatura. Su idea es que el nuevo ‘factor generacional’ comience a operar en 2027, un año que estará marcado también por la incorporación de los hijos del ‘baby boom’. Un ‘ejército’ nacido entre finales de los 50 y los 70 que comenzará a jubilarse en 2023 y tras largas carreras de cotización. Fue la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas.
Para hacer frente a la avalancha de ‘baby-boomer’ y afianzar los pilares del sistema tras la crisis de 2008, el Gobierno de Rajoy diseñó una herramienta para ajustar la pensión a la esperanza de vida que tenía que haber entrado en vigor en 2019 y se pospuso a 2023 tras un acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV que posteriormente se frustraría.
¿En qué consiste este nuevo factor? Está basado en el principio de equidad intergeneracional y de contributividad y su objetivo es acomodar de forma automática la cuantía de la prestación pública a los años en los que se va a disfrutar, de modo que en ausencia de ajustes de la edad legal de jubilación la pensión inicial se reduzca tanto como aumente la esperanza de vida. Dado que cada vez vivimos más años, se presume que los jubilados percibirán la pensión durante más tiempo, lo que para los defensores de esta medida obliga a recortar las nóminas para equiparar la pensión total de distintas generaciones que van a jubilarse con esperanzas de vida diferentes.
El mecanismo, que ya aplican países como Alemania o Francia, fue muy aplaudido por Bruselas cuando se aprobó, al igual que el Índice de Revalorización, hoy también desactivado y sustituido por la indexación de las pensiones al IPC. Ambas decisiones cuentan con el apoyo de las autoridades comunitarias, pero con estrictas condiciones. Bruselas ya avisó en 2020 de que si ambos cambios se hacían permanentes, habría que buscar medidas compensatorias. Los cálculos de las autoridades comunitarias son que ligar las pensiones al IPC provocará un aumento del gasto de pensiones de un 4% del PIB para 2050, y que abolir el factor de sostenibilidad sumaría un 0,7% del PIB al gasto en pensiones.
Nueva propuesta
El ministro ha marcado ya su hoja de ruta y busca el aval del diálogo social para fulminar en el plazo de doce meses el último de los mecanismos de ajuste del gasto. Muestra de la importancia de este consenso con los agentes sociales que, en la reunión técnica que mantuvieron Seguridad Social y agentes sociales, el ministro retiró de la mesa de negociación su propuesta incial para revalorizar las pensiones con el IPC. Esta fórmula incluía una cláusula para compensar los años de IPC negativo en las pensiones a lo largo de los tres siguientes, lo que había generado un fuerte rechazo entre los sindicatos.
Tanto sindicatos como empresarios advertían ayer de que aún no se puede hablar de acuerdo, pero sí destacaban los avances. Desde CC.OO., su secretario Carlos Bravo aseguró que «era un cambio imprescindible para avanzar en el proceso de negociación, pero aún limitado», e insistió en que aún quedaba mucha negociación por delante. Desde UGT se habló simplemente de «ligeros avances», mientras que los empresarios pidieron tiempo para valorar la nueva propuesta. Fuentes del ministerio, por su parte, reconocieron que se está buscando «el máximo consenso» y que están siendo «muy flexibles».
Queda por ver si esta flexibilidad se mantiene también en la negociación del factor y sus plazos. De momento, Escrivá ha defendido que «no parece adecuado vincular la esperanza de vida de forma directa» al factor de sostenibilidad, «sino de forma indirecta, teniendo en cuenta otros parámetros» como «la contributividad al sistema que tenga cada uno o el periodo de actividad laboral», evitando así elementos de regresividad que tiene el sistema actual. Como alternativa al mecanismo de ajuste el ministro ha propuesto a empresarios y sindicatos la definición de una nueva herramienta de equidad intergeneracional que comenzaría a operar en 2027, aunque no ha comenzado a negociar esta nueva medida ni ha dado más detalles a los agentes sociales sobre su diseño.
El año elegido por el gestor de las pensiones no parece seleccionado a la ligera. De hecho, coincide con el momento en el calendario en el que la edad efectiva de jubilación deberá estar ya en los 67 años tras un calendario de retraso progresivo. Escrivá sigue negociando con los agentes sociales, aunque no parece que el acuerdo vaya a estar cercano. Los sindicatos no comulgan con las fórmu
Tendrá la última palabra sobre la reforma, clave para recibir los 140.000 en ayudas para reactivar la economía
las propuestas por el ministro, mientras que la patronal critica que el fraccionamiento de las medidas resta, en su opinión, poder de negociación a la mesa. Pero quizá donde mayor tensión ha encontrado Escrivá sea en la arena política. La mayoría de los grupos políticos, incluso Unidas Podemos, han criticado al ministro su falta de diálogo con la comisión del Pacto de Toledo. Especialmente, dicen, porque después apela a sus recomendaciones para justificar unas propuestas que van más allá del tibio mandato que arrojó la comisión hace un año.
Fuentes parlamentarias consultadas por ABC aseguran el malestar que ha generado la divulgación del documento con varias propuestas detalladas para reformar el sistema, como la prohibición de cláusulas del retiro forzoso en los convenios. El documento propone que la negociación colectiva no pueda obligar al trabajador a jubilarse con menos de 68 años. Y se establece un régimen transitorio de un año para las cláusulas que han sido pactadas antes de que entre en vigor la reforma de pensiones. Estas medidas, sin embargo, son desconocidas para las grupos políticos, pues no ha recibido aún esta propuesta que los agentes sociales conocen desde el día 9.