La oposición clama contra el plan del Gobierno para cobrar peajes en las autovías
▶ El Ejecutivo ha prometido a Bruselas implantar un modelo de pago por uso
La elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha reabierto el viejo debate sobre la financiación de las carreteras de alta capacidad españolas (autovías y autopistas). Porque el documento, trasladado a Bruselas hace escasos días habla de «desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera».
En las 211 páginas del documento no se menciona la palabra peajes. Pero sí se insiste en la necesidad de avanzar hacia este pago por uso, lo que refleja los planes del Gobierno en esta materia. El Ministerio de Transportes, de hecho, ya abordó la posibilidad de implantar este sistema en el anteproyecto de la ambiciosa ley de movilidad que lleva meses elaborando. Y esta opción recibió, según el departamento, un amplio consenso.
Los partidos de la oposición opinan todo lo contrario. En los últimos meses, el Partido Popular ha criticado en numerosas ocasiones esta iniciativa, porque considera que daría la puntilla al sector del transporte por carretera, uno de los grandes afectados por las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia.
Esta posición no ha variado. Es más, desde el Partido Popular, aseguran que le ha pillado por sorpresa este asunto, porque el Gobierno no se ha sentado a debatir con la oposición las distintas opciones para imponer peajes pese a que insistió en varias ocasiones en que esta medida solo se llevaría a cabo si tuviese un amplio «consenso» entre los grupos parlamentarios. Una posición que también han compartido dirigentes de Vox y Ciudadanos.
Pero no solo los partidos de centro-derecha ven con reticencias esta medida. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez a principios de
2020, se ha posicionado públicamente en contra del pago por uso. «Estamos absolutamente en contra de que se pretenda cobrar a los gallegos por unas infraestructuras que hay que recordar que son absolutamente deficitarias en nuestro país», aseguró hace escasos días la viceportavoz parlamentaria del partido, Olalla Rodil, quien pidió al Ejecutivo que acelere la transferencia en la AP-9 y la rebaja de las tasas de esta autopista.
El caso de Galicia es especialmente delicado, porque la AP-9 es la autopista más cara de España y acumula ya cuatro años consecutivos de incrementos.
El Gobierno promete debatir con los partidos y el sector la implantación de este sistema
El propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido que esta situación ha generado un «agravio» para los gallegos que es necesario subsanar. El Gobierno se comprometió, en la redacción de los Presupuestos, a bonificar este peaje. Pero el descuento todavía no ha llegado, lo que ha generado nerviosismo en los partidos gallegos.
Todo ello complica la aprobación en el Congreso de la mencionada ley de movilidad. El Gobierno, no obstante, todavía está puliendo el sistema de pago que pretende impulsar la nueva norma para solventar el déficit público. Por ejemplo, en un principio todo apuntaba a que los transportistas se verían obligados a abonar los peajes, pero el Gobierno se está replanteando ahora esta opción.
Medida a largo plazo
Tal y como informó este periódico, el Ejecutivo se comprometió el verano pasado con el sector del transportes a no realizar ningún cambio de calado sin la aprobación de los transportistas. La propia Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) destacó, tras conocer que el pago por uso se había incluido en el Plan de Recuperación, «que este tipo de medidas no solo no reactivarían la economía, sino que supondría la pérdida de empleos y el final para muchas empresas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades».
Tampoco se conoce cuándo se impondrá este nuevo sistema, aunque desde Transportes aseguran que no sería «en la actual coyuntura económica». Ábalos siempre ha insistido en que este asunto «requiere un pacto de Estado» que cuente con el apoyo de los principales partidos y vaya más allá de una legislatura. Por ahora, un anhelo que está lejos de cumplirse.