La CE da luz verde a que se retrasen aún más los planes de recuperación
▶ Bruselas prefiere que España y otros países los envíen más tarde si cumplen los criterios
Ante la constatación de que ningún país ha enviado a Bruselas todavía su versión final del programa de reconstrucción y que apenas quedan doce días para el fin del plazo, la Comisión Europea dio a entender ayer por boca de uno de sus portavoces que el retraso en este trámite no plantearía inconvenientes mayores, siempre que ello desemboque en la redacción de un proyecto más compatible con las reglas previstas para su ejecución.
La Comisión reconoce que mantiene un «diálogo intenso» con todos los países acerca del plan de reconstrucción de la economía que «como regla general, debe presentarse el 30 de abril». Hasta ahora, lo que han enviado a Bruselas casi todos los gobiernos son borradores para ir sondeando el criterio de la Comisión antes de redactar el plan definitivo. Sin embargo, el ejecutivo comunitario también reconoce que se trata de «un ejercicio difícil y en consecuencia ciertos miembros pueden necesitar más tiempo para cumplir las condiciones legales» en un proceso en el que consideran que «la calidad es lo que prima» por encima de los plazos, ya que todos saben también cuales son los requisitos.
La puntualización de la Comisión no se refería a ningún país concreto porque son varios los que plantean problemas internos para elaborar un plan que cumpla los requisitos. Lo que se espera de esos planes son inversiones que cumplan el criterio de facilitar la transformación de la economía en la transición energética y en su digitalización. Además, los países tienen
Paolo Gentiloni, comisario de Economía
Dificultades
«Ciertos países miembros pueden necesitar más tiempo para cumplir las condiciones legales»
que incluir forzosamente las reformas estructurales que han sido reiteradamente recomendadas por la propia Comisión en los últimos años. En el caso de España se trata esencialmente de una reforma del mercado laboral que lo haga más eficiente y flexible y una reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad, además de otra legislación que elimine la fragmentación creciente del mercado nacional a causa de las inexplicables divergencias de las regulaciones autonómicas.
El reglamento prevé que una vez que se presenten los planes por parte de los gobiernos nacionales, la Comisión dispone de dos meses para dar su visto bueno y después el Consejo necesitaría otro mes para confirmarlo. Bruselas insiste en que prefiere que le lleguen planes bien construidos porque aunque no respeten los plazos «si el plan va a tener más calidad, aunque se retrase, es más fácil que se apruebe luego con más rapidez».
En cualquier caso, la Comisión recuerda que es necesario que previamente se complete el proceso de ratificación del mecanismo que permite a la UE dotarse de recursos propios para que a su vez sea posible lanzar el proceso de captación de financiación a través de los mercados de deuda.
En efecto, hay diez países que todavía no han concluido el proceso de ratificación, que es lo primero que hay que hacer para dotar de poderes a la Comisión para emitir la deuda de la que se nutrirá ese fondo de recuperación. Además de Alemania, que está pendiente de la opinión del Tribunal Constitucional, Estonia, Polonia, Hungría, Austria, Finlandia, Rumanía, Holanda, Italia o Lituania todavía no han ratificado legalmente este acuerdo.