540 altos cargos. 1.200 asesores. 22 ministerios. Y no hay 9 millones para una agencia que controle los fondos europeos
QUE no hay presupuesto, dicen, para una agencia independiente que reparta y administre los fondos Covid europeos. El Gobierno ya había rechazado su creación en febrero, cuando Ciudadanos la incluyó en una enmienda al decreto que centraliza en Moncloa el control del dinero, y ahora ha vetado el simple debate, que es gratis, de una proposición de ley presentada por el PP con el argumento de que el citado organismo supondría un gasto de 9,7 millones de euros. Un verdadero dispendio.
El Ejecutivo de coalición tiene veintidós ministerios. Con Sánchez de árbitro, podría celebrar después de cada Consejo un partido de fútbol con dos equipos completos. Paritarios, por supuesto. A su servicio existen 540 altos cargos, retribuidos con 88,8 millones, y 1.212 asesores contratados a dedo, de los que 422 están adscritos al macrogabinete de la Presidencia y se llevan otros 65,4 millones en sueldos, un récord en una partida que desde el desalojo de Rajoy ha aumentado un 41 por ciento. Se trata de personal de confianza, seleccionado por designación directa, sin pruebas ni oposiciones ni valoración de méritos, y tanto sus nombres como sus condiciones económicas individuales permanecen oficialmente en secreto.
De las nuevas carteras, desdobladas de otras anteriores para complacer las exigencias de Podemos, la de Igualdad –«niños, niñas y niñes», «todos, todas y todes»– dispone de 450 millones, buena porción de los cuales se distribuye mediante gasto subvencional puro. Una tajada menor pero significativa, 46,5 kilos, se lleva el departamento de Consumo, de atribuciones y cometidos bastante difusos; la mitad, 25,5, en el capítulo de ‘Personal y Asesores Externos’ (sic), mientras el de Gastos Corrientes consume, nunca mejor dicho, una cuarta parte –11,9 millones– de los recursos. Son sólo unos ejemplos aleatorios de ese magma de desembolsos que la clase dirigente suele considerar menudencias como la del célebre chocolate del loro.
Pero no hay alpiste presupuestario para que el maná financiero de la UE lo supervise una entidad independiente del Gobierno o, como en Italia, una comisión de expertos. Lo va a repartir el equipo de Sánchez según su criterio exclusivo, que a juzgar por los precedentes –léase operación Plus Ultra– es muy sensible al beneficio de grupos de influencia y empresarios amigos. Invertir algo menos de diez millones en un mecanismo de adjudicación transparente y objetiva a cargo de personalidades de prestigio es un capricho que ni siquiera merece ser discutido; para gente de fiar ya están los propios ministros. Y el que denuncie el procedimiento en Bruselas cometerá un odioso sabotaje político revelador de su falta de patriotismo. Es hora de dejarse de remilgos; lo importante es empezar rápido que se impacienta la cola de peticionarios y los escrúpulos éticos siempre han sido un obstáculo para las grandes operaciones de Estado.