Los jueces ven el gesto «insuficiente» y seguirán «luchando»
▶ Creen que el ataque ya se ha consumado al maniatar al CGPJ: confían en Europa
El pasado 12 de abril más de 2.500 jueces de tres asociaciones judiciales –todas menos Jueces para la Democracia– enviaron una carta a la Comisión Europea en la que denunciaban el riesgo de violación del Estado de derecho en España. La referencia a la proposición de ley que rebaja las mayorías parlamentarias en la elección de los vocales de procedencia judicial –cuya retirada anunció ayer Campo– es solo la punta del iceberg de las denuncias que se contenían en aquella misiva. De ahí que, pese al triunfo que supone la presión de Bruselas al Ejecutivo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) no estén todavía satisfechas y hayan acogido el anuncio del ministro sin demasiado entusiasmo.
Coinciden en señalar que esta iniciativa congelada era una amenaza latente a la independencia judicial, pero consideran suficientemente «grave» y «dañina» la situación que ha generado la reforma (ya en vigor) que maniata a su órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial. Coinciden en que queda mucho camino por delante y que no se van a rendir hasta lograr la verdadera independencia del Poder Judicial.
Desde la mayoritaria APM, su presidente, Manuel Almenar, ve «positivo que, aunque tarde, hayan reconocido la absoluta improcedencia de esa reforma, lo que implica que tenemos razón al cuestionar iniciativas contrarias al Estado de Derecho». Pero la retractación es «insuficiente», dice, porque ya se ha aprobado la privación de facultades constitucionales al Consejo en funciones. Y aunque esta reforma en vigor parezca de menor calado «solo es aparentemente» porque «se ha hecho a espaldas y sin intervención de los actores principales (CGPJ y asociaciones), obviando las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea, y además condiciona la actuación del órgano de gobierno de los jueces y lo supedita al devenir político, que es lo que la Constitución trata de evitar. Seguiremos luchando hasta conseguir la derogación de esta reforma», señala a ABC.
A juicio de Almenar, lo que demuestran los autores de la ley que limita las funciones del Consejo, entre ellas los nombramientos, es que «les resulta ajena, por no decir que desprecian, la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos cuyos derechos dependen de la decisión de órganos que se van a quedar en cuadro como consecuencia de la privación de esta competencia constitucional por un tiempo indefinido». Solo en el Tribunal Supremo hay ahora mismo diez vacantes en sus distintas salas y no se pueden cubrir ya hasta que entre el nuevo Consejo. Lo mismo sucede en las presidencias de tribunales superiores de justicia y audiencias afectadas por esta limitación.
Para Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV, «una cosa es que sea una buena noticia que se retire esta amenaza latente –que había posibilidad de reactivar– y otra es darnos por satisfechos porque en realidad estamos donde estábamos». Recuerda que para los firmantes de la carta a Europa esta reforma era el último paso de «un proceso muy dañino que habrá que revertir», y en el que se enmarca la reforma que afecta al CGPJ. A su juicio, salvo que se cambie el sistema de elección de los vocales jueces para que sean elegidos por sus compañeros, cualquier pacto para renovar el CGPJ «nacerá muerto y supondrá prolongar la agonía otros cuatro años». «Cuando se produzca la renovación nadie va a hacer nada porque cada uno habrá colocado a sus peones y ya no habrá ningún estímulo para nadie», lamenta.
Lo mismo opina Concha Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, para quien sólo la elección de los vocales togados por sus pares es la solución para que el sistema no esté corrompido. A su juicio, si los vocales fuesen verdaderamente independientes, «sus nombramientos estarían legitimados con uno u otro Gobierno» y no habría ese interés en frenarles.
PRESIDENTE APM «La retractación llega tarde: ya se ha aprobado la privación de facultades al CGPJ»
«Esta reforma era el último paso de un proceso muy dañino que habrá que revertir»