Morodo usó a su secretaria para tapar un contrato con Pdvsa, según la UDEF
▶ La Policía señala que el marido y el hermano de la asistente habrían actuado de testaferros
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, concluye que el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo utilizó «a distintas personas del entorno» de su secretaria personal «como testaferros» para «enmascarar» su participación en un contrato con una filial de Pdvsa mientras estaba en el cargo.
El informe, al que tuvo acceso ABC, analiza la documentación intervenida en el registro de las dependencias de Alejo Morodo, hijo del exembajador y que al igual que su padre, su madre y su esposa y varios socios está investigado por contratos presuntamente falsos de consultoría que habrían conseguido a golpe de influencias facturando más de 4,5 millones de euros a la petrolera estatal venezolana. Entre los ocho imputados en la causa se movieron 35 millones entre 2010 y 2018.
Uno de esos contratos es el suscrito entre Interven Venezuela, filial de Pdvsa, e Intercartera Desarrollo en el año 2006 y se considera el inicio de las relaciones entre Alejo Morodo y las empresas públicas venezolanas que se prolongaron hasta 2014.
Intercartera había sido constituida un año antes por la secretaria personal de Raúl Morodo, Dolores Muñoz; su marido, Luis Rivas; y la mujer de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas. Ella, de hecho, transfirió las participaciones a la secretaria, quien después las vendió a su hermano Guillermo.
Él y el marido de la secretaria firmaron el contrato en septiembre de 2006 con la filial de Pdvsa para «servicios profesionales de asesoría legal para el establecimiento de una sociedad limitada cuyo socio único será la empresa venezolana PDV Euro-Asia S.A en la ciudad de Madrid».
El precio, 240 euros la hora de trabajo y el equipo, unipersonal: «La asesoría será prestada directamente por el letrado Alejo Morodo, único responsable de cumplir con el objetivo de este contrato». «Estas fechas coinciden en el tiempo con el desempeño del cargo de Embajador de España en Venezuela de su padre Raúl Morodo», destaca el informe. Para la UDEF, no solo es «llamativo» sino que «parece del todo irreal» que una filial de Pdvsa contrate a una empresa recién creada, en la que intervienen la nuera de Morodo y otras personas que nada tienen que ver
Rama portuguesa
Alejo Morodo colaboró con un jerarca chavista para introducir empresas lusas en Venezuela
con servicios de asesoría para al final delegar en el hijo del embajador.
«Esta maniobra podría interpretarse como una manera de enmascarar la relación directa del investigado, por su condición de Embajador de España en Venezuela, en la participación de negocios obtenidos fruto de las relaciones con las autoridades de dicho país, obteniendo beneficios incompatibles con su cargo público, lo cual haría saltar los mecanismos de alerta en la contratación de la empresa pública venezolana así como con autoridades Españolas», señala el informe.
Un jerarca chavista
La UDEF concluye así que «se evidencia que se han utilizado distintas personas del entorno de la secretaria personal de Raúl Morodo como testaferros a fin de que no se pueda relacionar la empresa Intercartera Desarrollo con los investigados directamente».
No obstante, la causa tiene en el foco a otras tres empresas «controladas» por los Morodo: la panameña Furnival Barristers y las españolas Aequitas Abogados y Morodo Abogados, con intereses comerciales en Portugal, donde Raúl Morodo también fue embajador de España. Apunta que su hijo «participa como interlocutor de empresas portuguesas en Venezuela» y en uno de los contratos, «con la colaboración» del que fue coordinador de la vicepresidencia que ostentó José Vicente Rangel, René Arreaza. Fueron a medias en las ganancias, tal y como se desprende de la documentación intervenida, en la que también obran movimientos bancarios del embajador en cuentas en Suiza.
Figura, entre otros pagos, uno de 7.000 euros a Sigfrido Verstrynge, hermano de la actual asesora de vicepresidencia del Gobierno Lilith Verstrynge (UP), y que trabajaba como financiero privado y para el helvético Mirabaud.