El clan de los Pujol irá a juicio por organización criminal
▶ La Audiencia Nacional rechaza los recursos de la familia y avala la investigación
Alvarado, realizó una encendida crítica a la asimetría en el reparto de vacunas. «El 53% de las vacunas están en manos del 16% de la población», denunció, como ejemplo de una «desigualdad numérica abismal en el acceso a la vacunación».
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer el procesamiento de los miembros de la familia Pujol Ferrusola, que irán a juicio por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, en los términos que estableció el juez instructor José de la Mata cuando concluyó la investigación, en julio del año pasado.
Mientras, son procesados el expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola –aunque un reciente informe médico constata que padece alzhéimer–, y los hijos de ambos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Mireia y Oleguer. Todos habían recurrido alegando que la Audiencia Nacional no es competente, que no serían delitos de organización criminal o que habrían prescrito, entre otras razones. Sin embargo, la Sala descarta sus pretensiones porque de los indicios recabados se desprende una actuación claramente concertada de todos los integrantes de la familia que consistía en abrir y cerrar cuentas bancarias en el extranjero y mover fondos entre ellas en lo que apunta a una estrategia orientada a ocultar el origen de los fondos.
«Nos encontramos ante una asociación ilícita inicialmente y una organización criminal con posterioridad y no ante meros partícipes a título lucrativo», señalan los magistrados, tras analizar los hechos que detalló el instructor y que definen el papel que jugó cada uno de los miembros de la familia.
En concreto, ven indicios suficientes como para enviar a juicio el despliegue de «una serie de actuaciones de la organización presuntamente formada por los recurrentes, destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas aprovechando el cargo de Pujol Soley al frente de la administración autonómica catalana».
Según concluyen, fruto de esa posición en la Generalitat «se obtenían importantes rendimientos económicos que eran ingresados en el extranjero y sometidos a diversos movimientos para ocultar su origen ilícito», una actividad que se extendería más allá de 2004 y que se revela tanto en fondos de origen desconocido que constan en el sumario como en contratos por servicios a priori «inexistentes».