Las autonomías repartirán ayudas directas pero se quejan de la gestión

▶ Andalucía avisa a Calviño de retrasos en los pagos por una norma «compleja y con criterios confusos»

Las comunidades decidirán cómo se canalizarán las ayudas directas a las empresas. Apenas unas semanas después de su aprobación y antes incluso de que el dinero haya llegado de forma material a las empresas, el Gobierno ha cedido a las peticiones de organizaciones empresariales y de autónomos para universalizar los fondos para las empresas afectadas por la crisis con independencia del sector al que pertenezcan.

Pero el proceso de reparto amenaza con ralentizarse, según han alertado algunas regiones, entre ellas la andaluza. La región que preside Juan Manuel Moreno Bonilla ha enviado una carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la que avisa ya de las dificultades a las que tendrán que hacer frente las regiones por «la complejidad y los criterios confusos en el contenido de la norma estatal». Avisa del «riesgo de que la Intervención General del Estado no comparta los criterios de comprobación usados por las comunidades y solicite el reintegro de los recursos». La Junta realiza un detallado informe de las deficiencias detectadas y propone alternativas para solucionarlo, aunque se queja de «la falta de receptividad del Gobierno para incorporar propuestas de mejora, lo que va a entorpecer la llegada de ayudas, además de colapsar la gestión de la administración autonómica».

También pérdidas en 2019

Tras la rectificación del Ejecutivo, las comunidades autónomas podrán incluir nuevos sectores entre los 95 ya identificados como beneficiarios de los 7.000 millones en ayudas directas para negocios. El Gobierno ha introducido un margen de flexibilidad adicional para que se pueda ampliar la lista de sectores empresariales e ir más allá a la hora conceder este balón de oxígeno tras un año de pandemia. También se abre ahora la posibilidad de dar ayudas a empresas viables, pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, ya que hasta ahora estaban excluidas de las mismas.

Pese a la ampliación de sectores a criterio de las regiones y de la salvedad introducida para el ejercicio 2019, los requisitos para recibir las ayudas seguirán siendo los mismos sin más concesiones por parte del Ejecutivo. Es decir, las compañías deberán acreditar una caída mayor al 30% en la facturación, no haber registrado pérdidas en 2019 –excepto las circunstancias excepcionales– ni tampoco podrán haber empezado un proceso concursal. También deberán estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

Para conocer los detalles de cómo se canalizarán estos fondos y cuánto corresponderá a cada región habrá que esperar ahora a que las comunidades autónomas publiquen las convocatorias concretas para ello. Eso se producirá después de que cada una de ellas firme el convenio que el Gobierno envió el pasado viernes para el reparto de recursos y que ya han firmado Extremadura y Castilla La Mancha. «Una vez firmado hay un plazo de 10 días para publicar esas convocatorias», dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.