España aplicó por el Covid más restricciones al culto que al ocio
La pandemia deterioró la libertad religiosa en el mundo y España no fue una excepción. Según el análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre 196 países, España aplicó «criterios más restrictivos al culto que a otras actividades», como el negocio o el ocio. Entre algunos de los ejemplos, el informe cita el caso de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. La Generalitat de Cataluña solo permitió en dicho templo una asistencia máxima de diez personas a la Eucaristía celebrada en julio de 2020 por los fallecidos por Covid, cuando el aforo para el turismo un día antes en el mismo lugar era del 50%. En Salamanca y Valladolid también hubo una restricción de la asistencia al culto de un máximo de 25 personas durante los rebrotes del Covid-19, que la Iglesia consideró desproporcionada, hasta que se aprobó un tercio de la asistencia.
El director de ACN España, Javier Menéndez Ros, aseguró ayer durante la presentación del estudio «que el Gobierno pretende apartar la religión del espacio público». «Eso es lo que se ha visto con la nueva ley educativa que se ha aprobado sin contar con la comunidad educativa y quitando peso a la educación concertada que en su mayoría es católica», afirmó.
El informe señala además que en los últimos dos años se ha producido «una campaña de acoso a la Iglesia católica» por el pago de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) sobre sus propiedades y por el destino que da a los fondos que recibe a través de la asignación tributaria.
En el primer caso, el partido Unidas Podemos presentó en parlamentos autonómicos y numerosos ayuntamientos proposiciones para obligar a la Iglesia católica al pago del IBI, pese a estar exenta de este impuesto al igual que el resto de ONG, partidos políticos o asociaciones con fines sociales. «Su presión llegó a los ayuntamientos de Cádiz, Zaragoza o Valencia, entre otros, y hasta al Parlamento Europeo sin éxito alguno», comenta ACN en su análisis.
En cuanto a la asignación tributaria, el estudio recuerda que el Tribunal de Cuentas tuvo que rectificar su informe en el que acusaba a la Iglesia de «incumplir la ley» con el destino que daba a esos fondos.