La decisión sobre el estado de alarma ha sido adoptada por pura estrategia partidista y electoral

Apesar de que usted no vote en Madrid, en el supuesto de ese que sea el caso, ya puede darse por aludido. El Gobierno de todo el país ha decidido anunciar que no retomará la situación constitucional de estado de alarma tras la última prórroga de seis meses para no llegar a las elecciones autonómicas del cuatro de mayo con un factor en contra de sus dos candidatos en la comunidad autónoma, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias.

Usted puede ser un comerciante de la Fuensanta, la propietaria de un taller mecánico del Sector Sur o un amable administrativo con residencia en Noreña pero lo que ocurra el cuatro de mayo en unas elecciones regionales ya va a tener una incidencia efectiva en las herramientas con las que sus autoridades pueden ejercer el control sanitario de la peor epidemia conocida en el país desde la irrupción de la gripe de primeros del siglo XX. Los mandarines de Moncloa consideraban que presentarse a las madrileñas con un debate como éste en el Congreso daba alas a sus contrincantes, independientemente de la situación sanitaria del resto de los territorios.

Vaya por delante que este que firma entiende que el estado de alarma es una opción constitucional que ha de usarse a cuenta gotas. En tanto limita determinados derechos constitucionales, su uso ha de ser una última ratio. Y no debe estar vigente ni un solo minuto más que lo preciso que, en este caso, depende de una opinión que solo puede estar fundada en razones puramente objetivas y sanitarias, científicas. El Gobierno ha entendido, sin embargo, que las razones puramente objetivas son las evidentemente electorales.

El problema de las epidemias, a estos efectos, es que no todos los días hay una, pidiendo perdón de antemano por la broma macabra. No existe una jurisprudencia consolidada a la que atenerse. Hasta el momento, el criterio más extendido es que decaerían las medidas más contundentes relacionadas con la movilidad de grandes núcleos de población. No existe nadie en sus cabales, sin embargo, que considere

Política

viable mantener el toque de queda, una medida que se ha demostrado eficaz contra la pandemia, por muchos que contraríe su aplicación y obediencia. Los pronunciamientos judiciales aseguran que, con la actual norma ordinaria, que data de los años ochenta, se podrían cerrar núcleos concretos de población, barrios, distritos sanitarios. En ningún caso, grandes masas de población como la provincia de Córdoba. Sí habría margen suficiente para el control de horarios y aforos.

El alcalde de la capital, el popular José María Bellido, ya ha advertido que lo suyo es disponer de poderes legales y recursos suficientes. El virus, como parece obvio, no va a dejar de matar el próximo 9 de mayo por mucho que así lo pueden pensar en la factoría Redondo de efectos especiales. Bellido ha puesto un mal ejemplo, el control del botellón, que forma parte de sus competencias ordinarias y que ya está prohibido. Otra cosa es la realización de fiestas muy numerosas en domicilios privados que entrarían dentro del buen saber y entender de cada uno de los ciudadanos asistentes sin que las autoridades pudiesen decir ni pío.

Este artículo no va, sin embargo, sobre el estado de alarma sino por qué razón se anunció su ausencia de prórroga, esa banalidad partidaria tan evidente. Y si lo que ocurre es que los vecinos de Córdoba, por ejemplo, hemos de cargar con las estrategias electorales de la comunidad de Madrid estaremos haciendo un auténtico pan como unas tortas.

La situación constitucional de excepción no debería estar ni un minuto más de lo preciso activada