«Cerramos su cuenta»: la cara B de la banca con la exclusión financiera
▶Políticos y empresarios se convierten en los nuevos parias del sistema al verse expulsados de las entidades por su pasado judicial o sus negocios
Llegar a casa, abrir el buzón y encontrarse con que el banco le da 60 días para sacar todo su dinero, no le quieren de cliente. Huele a estafa o a campaña de publicidad pasada de agresiva, pero va firmado por un directivo de su entidad financiera, con membrete incluido. Es real como la vida misma, el cierre de sus cuentas tiene fecha en el calendario.
Esto es lo que le ocurrió a F. M., empresario internacional con vínculos con la banca y la agricultura, además de expolítico de nivel medio. En su currículum, eso sí, también figura la mancha de una condena dentro de un gran caso de corrupción. Tiene la consideración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) dada su trayectoria; personas que por su trabajo requieren de una especial vigilancia a la hora de operar en el sector financiero. Abarca a multitud de cargos políticos, grandes empresarios, altos puestos del Ejército, miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)... un sinfín de personalidades, y sus familiares. «Un cliente PEP implica para el banco que debe adoptar medidas adicionales de diligencia debida reforzadas. Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios y el origen de su patrimonio», dice Álvaro Martín Talavera, director en el área de Derecho Penal de Andersen.
Los problemas para F. M. se iniciaron hace años con uno de los grandes bancos. Llegó su imputación y el seguimiento de su operativa se hizo más exhaustivo, aunque su expulsión de la entidad –el cierre de cuentas– se hizo efectiva tras su condena. En otra entidad no llegaron a ese extremo pero sí le bloquearon la cuenta también.
El intercambio de cartas con el servicio de atención al cliente fue inútil: no pudo revertir la situación ni obtener los motivos de la ruptura de los contratos. El banco se limitó a «proceder a la resolución de las relaciones contractuales que mantenía con la misma (la entidad), lamentando no poder añadir más al respecto», cuando la normativa marca que antes de llegar a este extremo debe solicitarse documentación y justificantes de las operaciones y el dinero; en este caso, ese proceso no se siguió. Ahora este supuesto está en manos de los tribunales.
Ignacio Fuster-Fabra es uno de los abogados más beligerantes contra este problema. «Aquellas personas en un proceso penal económico, cuando los departamentos de ‘compliance’ investigan, hacen saltar las alarmas a los bancos. Incluso aun sin estar condenados, por preventiva propia, sacan a los clientes del banco o los invitan a salir porque consideran que son perfiles de riesgo. Y se vulnera la presunción de inocencia», asegura. Cuando llega la condena, dice, todo se complica aún más, forzando la expulsión. Este abogado sostiene que hay centenares e incluso miles de afectados por estas prácticas de la banca. Y que los damnificados sufren esta lacra en silencio para «evitar el efecto contagio», es decir, que se corra la voz entre bancos y ninguno quiera abrirle cuenta a la persona en cuestión. «Te obligan a vivir en B, en negro», denuncia.
Sepblac y Banco de España
En medio del meollo aparece el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) con sus funciones. Entre ellas está dar recomendaciones a las entidades para mejorar el control interno. En ningún caso, como confirma el Ministerio de Asuntos Económicos, está ordenar o recomendar el bloqueo o cierre de cuentas. Esa facultad es de las entidades para cuando no puedan cumplir con la diligencia debida de conocimiento del cliente y sus actividades, o cuando cierta operación presente indicios de delito; esto en la teoría, porque en la práctica hay casos en los que las entidades aducen cláusulas generales de los contratos para rescindirlos.
El Banco de España tampoco es competente; solo ejerce funciones de apoyo, coordinación e inspección conjunta con el Sepblac. Dicho esto, Fuster-Fabra destaca que «el Sepblac lanza advertencias a los bancos» para indicarles de que si dan ‘cobijo’ a un presunto delincuente o no lo han detectado, también serán responsables. «Por eso, ante la duda, las entidades prefieren expulsar al cliente», añade.
Otro expolítico de alto nivel, empresario del sector financiero, denuncia haber sufrido idéntico caso. Un día recibió la temida carta: «Te devuelven recibos, te congelan los fondos...», relata, y añade: «Los bancos infringen el derecho que tienes a estar dentro del sistema. Es tu muerte civil». Este afectado tuvo problemas con varias entidades, pero logró encontrar quien le quisiera. Este periódico ha detectado casos en Caixabank, BBVA, Bankia (cuando existía) y Santander; la solución para muchos damnificados suele ser acudir a entidades de menor tamaño y filiales de bancos extranjeros.
Los PEP, de todas formas, podrían
Los afectados, condenados o no por delitos económicos, creen que se vulneran sus derechos al cerrarles las cuentas por meras sospechas
Las fuentes consultadas apuntan a cientos o miles de damnificados, pero es imposible de cuantificar ya que casi todos ellos se resignan a ser expulsados del banco
Familiares
A menudo también se pone bajo la lupa a los familiares de los afectados. Principalmente el cónyuge, hijos y hermanos, a los que también se les ponen trabas para operar.
Latinoamericanos
ser solo la punta del iceberg. ABC ha podido comprobar cuatro casos de personas afectadas sin esta consideración. Todos ellos empresarios y sus familiares cuya relación con Estados controvertidos les deja en una situación delicada. No son condenados por ningún delito económico pero la sombra de la sospecha se cierne sobre ellos.
R. A. es un empresario venezolano afincado en España. Su tara es que figura en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), un departamento norteamericano que trata las sanciones financieras internacionales de EE.UU. En suma, países y personas con las que no se permite operar.
Tras su inclusión en esta lista, a R. A. se le cerraron las puertas de la banca. La respuesta de las entidades fue que no querían hacer negocios con nadie del listado de la OFAC, ante el riesgo de que EE.UU. declare al banco como «no colaborador». Algo similar le ocurrió a otra persona, en este caso empresario del textil, que denuncia que le bloquearon operaciones y cuentas por hacer negocios en Asia y África.
La solución, en suma, es enrevesada; y solo dos únicas alternativas, señalan fuentes jurídicas: probar en todos los bancos o ir a los tribunales, para llegar un día a casa, abrir el buzón y dejar de recibir la temida carta.
Reformas inconcretas
La falta de concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral o el sistema fiscal genera dudas.
Medición
Los expertos critican que el plan de España tiene pocas medidas para calibrar el éxito de los proyectos.