ABC (Córdoba)

Los proyectos con fondos de la UE que la Junta mandó a Moncloa están en el limbo

▶El plan de recuperaci­ón que el Gobierno ha remitido a Bruselas no permite que las comunidade­s decidan dónde deben invertir las ayudas

- LUIS MONTOTO belmonte@andalunet.com

El pasado diciembre la Junta de Andalucía remitió al Gobierno de España un listado con 150 proyectos públicos y privados que aspiran a movilizar, conjuntame­nte, más de 35.000 millones de euros de los futuros fondos europeos para la recuperaci­ón. Y a su vez, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realizó una lista con más de 2.000 propuestas que sumaban otros 52.000 millones. ¿Cuál ha sido el destino de aquel documento? La hora de la verdad para desvelar qué tipo de iniciativa­s serán financiada­s con los recursos del denominado Next Generation UE se acerca pero, de momento, solo hay un aspecto sobre el que no existen dudas: las comunidade­s autónomas, y por tanto Andalucía, no tienen prácticame­nte ninguna capacidad de decidir qué proyectos deben ser prioritari­os a la hora de recibir los fondos.

El papel de las administra­ciones regionales será esencial en la gestión del dinero y en la fiscalizac­ión de las ayudas, pero el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha creado un sistema de decisión muy centraliza­do que margina a las autonomías en la definición de qué proyectos y empresas serán las receptoras de las mismas. Por ello, el documento que elaboró la Junta a fines de 2020 se puede considerar —por el momento— como un catálogo de sugerencia­s formuladas por Andalucía a la Moncloa, que es donde reside la capacidad casi exclusiva de selecciona­r las prioridade­s. Técnicamen­te están en el limbo, dado que no existe ninguna fórmula que permita la comunicaci­ón directa de proyectos entre las regiones y el Estado, ni que obligue a éste a subordinar una parte del dinero a lo que se decida en ayuntamien­tos y autonomías.

El Plan de Recuperaci­ón, Transforma­ción y Resilienci­a que el Gobierno de España ya ha remitido a Bruselas contempla la movilizaci­ón de una inversión pública de 140.000 millones de euros (de los cuáles 70.000 son ayudas a fondo perdido) que deben activar, a su vez, una inversión privada de 500.000 millones. Para gestionar estas ayudas se han contemplad­o diversos instrument­os, desde la inversión directa del Estado, hasta la firma de convenios con comunidade­s autónomas y ayuntamien­tos, subvencion­es directas a empresas o la creación de consorcios público-privados.

Grandes proyectos

La «joya de la corona» del sistema es lo que se denominan Proyectos Estratégic­os para la Recuperaci­ón y Transforma­ción Económica (PERTEs), que unen al Gobierno con empresas privadas para acelerar inversione­s con gran capacidad para transforma­r la economía española. El primero de ellos se constituyó en marzo, con Grupo Volkswagen e Iberdrola, para levantar una de las primeras plantas de baterías en Europa. La identifica­ción de los PERTEs depende solo del Gobierno de España. De hecho, el presidente del Gobierno anunció personalme­nte el primero de ellos en una tribuna de opinión en el diario El País. Habrá nuevos consorcios en sectores como el hidrógeno verde, la industria aerospacia­l, la agricultur­a sostenible o el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero, y todos ellos serán elegidos y conformado­s de manera centraliza­da.

«El papel de las comunidade­s en los mecanismos de decisión es marginal», indican fuentes del Ejecutivo andaluz. «Si bien se reconoce la importanci­a de las autonomías en la ejecución y el control de los fondos, la administra­ción regional está completame­nte ausente de los centros que diseñan y escogen los proyectos», remarcan. El destino de los 70.000 millones se decide en solitario por la Administra­ción General del Estado y «esto se advierte en los mecanisde la moderna explotació­n inhumana. Una miriada de ONGs frecuenta esos infiernos y se hace la foto pero me da el pálpito que es Cáritas en solitario la que, de verdad, da el callo. Ahora, por ejemplo, ha conseguido involucrar a la ONU y parece que también a la UE, mientras la Junta (la Consejería de Igualdad) larga casi 300.000 euros a una de aquellas para controlar la foto. Marx no explicó del todo mal, después de todo, el rácano proceso de formación de las plusvalías.

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Pedro Sánchez y Juanma Moreno en el Foro La Toja

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