Las agrupaciones pro Susana vigilan sus censos de votantes
▶ Peñarroya convoca a su ejecutiva para informar sobre la situación de afiliados
Susana Díaz junto a Antonio Ruiz en un acto en Rute
Las agrupaciones socialistas, sobre todo las que tienen un marcado carácter pro Susana Díaz, han iniciado un procedimiento de vigilancia de sus censos de votantes a raíz del caso de una afiliación masiva ordenada por Ferraz, la dirección federal del partido. El caso ha surgido a raíz de que un correo electrónico informase al responsable local y alcalde de Peñarroya, José Ignacio Expósito, de que tenía 45 altas nuevas realizadas directamente ante la estructura nacional del partido, algo perfectamente posible, según los estatutos, aunque ciertamente extraño. Lo habitual, explican en el PSOE, es darse de alta en la casa del pueblo más cercana.
Inflar los censos es una de las tácticas más viejas que existen para ganar procedimientos de partido, razones por las que se crearon procedimientos de alegaciones para evitar militantes espúreos, paracaidistas reclutados al efecto para condicionar una votación. Las primarias funcionan como el censo de unas elecciones por lo que basta que, con la anticipación que se precise en las normas, llevar a cabo una inscripción numerosa de personas para condicionar el resultado. Peñarroya tiene 75 militantes por lo que sumar 45 de una tacada implica una posibilidad cierta de tener un resultado determinado.
La pregunta general en el partido es si este es el caso. Y es procedente porque no es habitual que, de una tirada, aparezca tal porcentaje de afiliados nuevos en una agrupación de estas características. Fuentes de la dirección socialista sostienen que no. Que este tipo de procesos se dan de manera mucho más gradual. Y rara vez en bloque. La situación actual, con Ferraz apoyando a Juan Espadas, ha llevado a que se miren con lupa quién tiene derecho a voto y desde cuándo.
El problema radica en que Peñarroya no es una agrupación socialista normal, pacífica, donde estas cosas no pudiera suceder. Conviene un poco de historia. El 22 de octubre de 2013 se produjo la llamada operación Rocket que supuso la detención de la entonces alcaldesa socialista, Luisa Ruiz, que era todo un nombre en el partido.
Una parte del PSOE local tomó el testigo de Ruiz y entendía sin género de dudas que se había cometido una injusticia. Ese sector presentó una candidatura para las municipales de 2015 que consiguió una mayoría aplastante, superior al 76 por ciento, que lideraba Cristian Corvillo. Se llegó a publicar que la propia Luisa Ruiz iba a en la lista, cosa que fue desmentida posteriormente. El entonces secretario general, Juan Pablo Durán, hizo una pelotilla con la lista aprobada por los militantes y la tiró a una papelera. Corvillo es hoy un destacado miembro —de los primeros en Córdoba— del llamado sector sanchista, el grupo de militantes que desafió con escasos medios la ortodoxia oficialista. Durán impuso a José Ignacio Expósito, hoy alcalde, como candidato tras su paso por la Delegación de Empleo. Y al partido le reservó una gestora —una de las varias aprobadas en estos años— al frente de las cuales se puso a un hombre de confianza de la dirección, el exsindicalista de UGT Manuel Aguilar.
La fuga de 2015
Lo que pasó cuando se puso en marcha la gestora es fácil de adivinar: hubo una fuga amplia de militantes, según explicó el responsable de la gestora en unas declaraciones públicas realizadas poco después de su toma de posesión. Y no es una fantasía que haya habido un acuerdo de exmilitantes por usar el mar de fondo que existe en la agrupación local para cambiar el estado de las cosas si Juan Espadas consigue ganar las primarias. Dependerá del examen detenido de los nombres y apellidos de las personas que han optado por volver a militar en el partido (o a transferir su ficha desde otras agrupaciones, que también es posible).
El PSOE de la localidad tenía previsto ayer reunir a su ejecutiva local con el objetivo de dar cuenta de la información recibida por correo electrónico desde Ferraz. Los responsables locales del partido están en su derecho de presentar alegaciones contra las fichas de militancia que consideren sospechosas. Lo explica una fuente del PSOE: «Imagine que se quiere dar de alta una persona que es público y notorio que es afiliado del PP; ese no entraría». Sobre el resto, poco hay que hacer si no hay elementos objetivos, más allá de la fecha de presentación, que impidan su participación.
Crisis
Una parte de la militancia local dejó el partido cuando la dirección impuso una gestora