El Gobierno de Díaz aplazó a la CEA la devolución de 15 millones en ayudas
▶Antes de las elecciones de 2018, la Junta acordó con la patronal andaluza el reintegro de las subvenciones que le reclama en un periodo de 15 años Vox cree que la Junta da un «trato de favor» a la UGT y pide explicaciones
Meses antes de las elecciones del 2 de diciembre de 2018 en las que el PSOE perdió la Junta de Andalucía, tras 36 años y 8 meses en el poder, el Ejecutivo de Susana Díaz acordó con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aplazarle durante quince años la devolución de 15 millones de euros. Es el montante de las subvenciones para financiar cursos de formación concedidas por la anterior Consejería de Empleo que reclama a la patronal. La Administración considera que las facturas aportadas no están justificadas o se corresponden con los fines previstos en la actividad formativa.
La Junta de Andalucía ya probó un mecanismo parecido al que ahora ha puesto en marcha bajo un Gobierno del PP y Ciudadanos para dar oxígeno financiero, en este caso, a un sindicato. La actual Consejería de Hacienda accedió el pasado mes de octubre a una petición de la UGT Andalucía para que ésta devuelva a plazos, durante 15 años, una suma total de 40,24 millones de euros correspondiente a las ayudas que le reclama en firme. Además, la Junta libra a la organización que dirige la secretaria general Carmen Castilla de prestar fianzas en los pleitos y facilita que reciba nuevas ayudas –no obtenía fondos públicos desde 2014–, como publicó ayer ABC.
En el año 2018, el último de la legislatura, el anterior gobierno socialista aprobó otro plan que había presentado la CEA para hacer frente a su deuda con la Administración durante quince años y sin necesidad de prestar una garantía. A diferencia de la UGT-A, que ha recurrido a los tribunales para evitar los reintegros, la patronal aceptó su pago de manera voluntaria. Optó por una salida negociada tras agotar todos los cartuchos presentando recursos de reposición en la vía administrativa por sus discrepancias con la Junta sobre los gastos y las facturas endosados a las subvenciones.
El anterior Gobierno aceptó la alternativa que le ofrecía la patronal que dirige Javier González de Lara: un compromiso de pago diferido y fraccionado que dejaba para las últimas cuotas el grueso de la amortización, que vencerá después del año 2030. Junto con el calendario de pagos a 15 años vista, la organización empresarial, que maneja un presupuesto anual de 4,7 millones, aportó a la Junta un plan de viabilidad, según confirmaron a ABC fuentes de la patronal. De esta forma, la CEA se comprometía a ajustar sus gastos durante el periodo de vigencia del acuerdo y detallaba los convenios, patrocinios y proyectos que prevé desarrollar y por los que obtiene ingresos, muchos de ellos también a través de la Administración autonómica. Con ello trata de demostrar que tiene una capacidad económica y financiera suficiente para devolver el dinero público.
Según ha podido confirmar ABC, el
El nuevo portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, anunció ayer que va a preguntar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el plan de pago a plazos de los
40,24 millones de euros en subvenciones que reclama a la Unión General de Trabajadores de Andalucía. «Estamos ante un trato de favor de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos, a un sindicato, además, profundamente corrupto», aseguró. En una nota de prensa, Gavira señala que el Gobierno del PP y Cs «debe rectificar de inmediato y dar explicaciones a Vox y a todos los andaluces». «Nos sorprende que el Gobierno de Andalucía actúe en este caso como un banco, cuando no lo es, privilegiando a una organización que goza de subvenciones públicas frente al resto de colectivos sociales a los que se les exige el pago inmediato de sus deudas con la hacienda pública andaluza», argumentó. ¿Podrán los andaluces que mantienen deudas con la administración andaluza abonarlas en cómodos plazos? Parece evidente que la respuesta es no», se quejó el dirigente de Vox.
MANUEL GAVIRA
A miriada de empresarios andaluces triturados por la pandemia debe de andar fascinada por el hallazgo de los fiscalistas del «Gobierno del cambio» consistente en conceder a UGT la salida de devolver, en ¡15 años y en cómodos plazos!, los cuarenta millones de euros mangados de la bolsa de los parados. ¡Qué envidia!, dirán los patronos abrumados por el cobrador del frac, y los ciudadanos a los que ahoga mes tras mes su abusiva hipoteca. ¿Sería posible extender a ellos esta providencia inventada para redimir a esos tramposos? ¿Cómo ofrecer puente de plata a unos incalificables presuntos mientras se asiste impávido a la agonía financiera de nuestros precitos autónomos? Ésa es la pregunta que tendría que contestar la Junta andaluza si contestarla fuera posible.