La cuarta pieza de Invercaria llega diez años después a juicio
▶ La Audiencia fija la vista del proyecto Ferias para el 7 de septiembre de 2022
El caso del proyecto Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un portal de empresas que recibió 716.000 euros de la Junta de Andalucía y nunca llegó a funcionar, empezó a investigarse en el año 2012. Según el juez que instruyó este sumario, fue un caso de «enriquecimiento ilícito de terceros», como los socios promotores de FIVA, por parte de los diretivos de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria. Unos y otros no se van a sentar en el banquillo hasta diez años después de que sus nombres aparecieran en esta pieza de supuesta corrupción de la macrocausa Invercaria, que se ramifica en más de una quincena de causas sobre inversiones ruinosas y sin control a empresas.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el 7 de septiembre de 2022 el inicio del juicio contra dos ex presidentes de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, y otras diez personas más, entre excargos de la sociedad pública y empresarios como el administrador de Novasoft, Francisco
José Barrionuevo.
El de FIVA sería el cuarto juicio que se celebra de Invercaria tras el de Aceitunas Tatis S.L., la pieza de la diseñadora cordobesa Juana Martín, que se está juzgando ahora, y la causa de los préstamos personales concedidos por la empresa pública.
La sala fija el cronograma una vez «examinadas y resueltas las solicitudes de prueba propuestas» por las acusaciones y defensas, según aclara en la diligencia. Esta resolución viene precedida de la advertencia del tribunal que debe enjuiciar la pieza, que en el mes de marzo avisó que no podía fijar el juicio porque tenía «completa al agenda a más de un año vista» para un proceso con cerca de 50 sesiones.
En opinión de uno de los letrados de la defensa, Juan Carlos Alférez, «el colapso de la Audiencia, imputable a la incesante creación de macrocausas que la justicia local con sus medios no tiene la menor capacidad de procesar, determina situaciones como la presente, un juicio en el que en 2022 y 2023 se enjuiciarán durante meses hechos ocurridos en el año 2006, casi veinte años después». «Evidentemente, algo no se está haciendo bien, la situación es insostenible, la completa desmesura que se está produciendo en los órganos de instrucción, creando sin cesar causas ingentes, inmanejables en tamaño y contenidos, como se comprueba, en general, produce mucho más daño que beneficios a la Justicia», expone el letrado.
Un abogado de la defensa lamenta el colapso judicial, que achaca a la «desmesura» de las macrocausas