Las constructoras avisan: «Los peajes son ya un compromiso con Bruselas»
▶Las empresas del sector temen que el Gobierno se eche para atrás o, incluso, gestione las tasas a través de una compañía pública a partir de 2024
La decisión del Gobierno de incluir en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas la tarificación de la red de alta capacidad (autovías y autopistas) en 2024 ha generado un gran rechazo por parte de partidos políticos, transportistas e incluso asociaciones de consumidores. Pero no todo el tejido productivo está en contra de esta medida. Las grandes constructoras y concesionarias llevan años pidiendo estas tasas, y ahora aplauden que el Gobierno las incluya en su agenda reformista.
Pero desde la patronal del sector, Seopan, también lanzan un mensaje al Ejecutivo, al que recuerdan que si la Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –tiene dos meses para hacerlo– España deberá cumplirlo. Es decir, no se podrá echar atrás en su propuesta de implantar peajes, porque esto podría desencadenar una serie de penalizaciones por parte de la Comisión Europea.
«Son compromisos formales que representan actos vinculantes y de obligado cumplimiento en los cuatro años posteriores al plan», explica el presidente de la organización, Julián Núñez, en declaraciones a ABC. En 2024, cuando se prevé la implantación de estas tarifas, España todavía tendrá pendiente recibir una pequeña parte de las transferencias directas y el grueso de los 70.000 millones en préstamos acordados por Bruselas.
Las palabras de la organización llegan después de que el Gobierno haya suavizado su posición respecto a este asunto. El plan enviado a Bruselas aseguraba que estas tarifas serían repercutidas sobre los cargadores, e incluso menciona la posibilidad de extender los peajes a todas las carreteras españolas. Con el paso de los días, sin embargo, distintos representantes gubernamentales han matizado estos mensajes, deslizando que los transportistas quedarían exentos de estos pagos, que solo se implantarían en las autovías.
Por ejemplo, el director de la DGT, Pere Navarro, ha pasado de asegurar
Acceso en obras a la autovía A-67 (Santander) en un principio que «no podemos hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión y no tiene ni coche esté pagando por la conservación de autopistas y autovías» a afirmar apenas unas horas más tarde que quedarían exentos de los peajes «los viajes diarios». La propia ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dejado el plazo de 2024 en el aire.
Además del miedo a que el Ejecutivo se eche para atrás, esta falta de concreción también inquieta a las constructoras. Desde una gran empresa de infraestructuras dicen que el hecho de que el Gobierno apele en repetidas ocasiones a que los peajes deben generar consenso «genera cierta incertidumbre». «La idea podría tener cabida en nuestro plan de negocio, pero siempre y cuando permita una gestión privada», explican desde esta compañía.
La opción de que sea una empresa pública la que finalmente gestione estos peajes sobrevuela el sector, aunque todavía no ha sido planteada públicamente por el Gobierno. Sobre todo porque
Tibieza en el Gobierno
Tras prometer a Bruselas los peajes, el Ejecutivo ha moderado su plan inicial, asegurando que aún está en fase de estudio y que estas tasas no afectarían a los conductores habituales ni a los transportistas.
Clamor político
Los partidos de la oposición han rechazado tajantemente esta medida, pero no solo ellos. Desde Unidas Podemos han afirmado que supondría un «impuesto a las rentas medias». En un principio, el partido morado apoyaba la tarificación de la red de alta capacidad para impulsar la transición ecológica. el principal socio del Partido Socialista, Unidas Podemos, ha sido especialmente crítico con la gestión que ha hecho de determinadas infraestructuras –como las radiales de acceso a Madrid– el sector privado.
Lo cierto es que, hasta ahora, el Ejecutivo ha descartado ampliar las concesiones de las autopistas de peaje que
Movilizaciones
En el mundo empresarial, los transportistas han advertido de que una política de este tipo provocaría un encarecimiento de los productos y penalizaría las exportaciones. Además, han amagado con convocar movilizaciones si el Ejecutivo no recula en los próximos meses.
El reflejo de Europa
Las constructoras, en cambio, aplauden la reforma y recuerdan que ha estado encima de la mesa de los distintos gobiernos centrales en los últimos años. Según la patronal del sector, los peajes generarían un devengo fiscal de 4.700 millones. vencen. El pasado 30 de noviembre de 2018 se eliminaron los peajes en la AP1 entre Burgos y Armiñón; el 31 de diciembre de 2019, en la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona y a finales de agosto le llegará el turno a la AP-2 y a otros dos tramos de la AP-7. Una política que ha provocado una situación paradójica: mientras se
plantea el pago por uso en las autovías se eliminan 500 kilómetros de peajes en las autopistas solo este año.
Las liberalizaciones han mermado aún más la apuesta del sector por España. Las grandes constructoras y concesionarias tuvieron que emigrar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y todavía hoy algunas empresas mantienen menos de un 10% de su actividad en el país. Seopan considera que los peajes «no supondrán un bálsamo real» para estas empresas, pero también hace referencia a «la gran experiencia internacional, en países como Estados Unidos, que tienen nuestras constructoras en implantar sistemas como el telepeaje».
Retornos fiscales
Además, desde la organización recuerdan que este sistema «tiene su origen en Europa» y permitirá reducir los desequilibrios territoriales actuales de España, donde algunas regiones sufren cientos de kilómetros de peajes (el caso de Galicia es flagrante) y otras están exentas del pago por uso. Un argumento que también ha sido utilizado en repetidas ocasiones por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La patronal afirma desde hace años que esta medida no solo repercute en el gasto, sino que también genera unos retornos fiscales millonarios. Según un informe publicado por la organización el año pasado, España ingresaría 104.000 millones de euros si firmara concesiones de 25 años en las autopistas, se ahorraría 850 millones en conservación y obtendría una recaudación fiscal (a través del IVA y el impuesto de Sociedades) cercana a los 4.700 millones anuales.