Fuego cruzado entre Moncloa y Ferrovial en la víspera de una junta decisiva
▶El Gobierno sigue presionando para frenar la marcha a Países Bajos de la constructora y esta avisa que mantiene su hoja de ruta
El Gobierno y Ferrovial avivan su duro enfrentamiento en vísperas de la junta de accionistas que se celebrará mañana y en la que los inversores de la constructora decidirán si la empresa traslada su sede social de Madrid a Países Bajos. En los últimos días, la guerra entre ambos se ha recrudecido con intercambio de declaraciones y cartas que posteriormente han sido filtradas a los medios de comunicación. Un fuego cruzado con el que el Ejecutivo trata de quemar las naves para evitar un movimiento de pocos precedentes en la historia empresarial española, mientras la empresa de Rafael del Pino busca defenderse y reiterar su posición ante su capital social.
Las presiones vienen lideradas por el Ministerio de Economía. El departamento de Nadia Calviño hizo llegar hace pocos días a la compañía una carta firmada por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la que insta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, a informar en la junta a sus accionistas de que la empresa podría cotizar en Estados Unidos sin salir de España. El motivo principal que alega la constructora para justificar su marcha al país neerlandés.
Según la misiva enviada por el Gobierno a la empresa, Economía quiere que se traslade este mensaje tras el análisis realizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que aseguran que no han encontrado obstáculos para que las empresas españolas puedan obtener la doble cotización en los mercados estadounidenses desde España.
Pero desde Ferrovial insisten en que existen detalles técnicos por los que no pueden cotizar de manera directa desde nuestro país. Fuentes de la compañía reiteran a este periódico, «la imposibilidad de la doble cotización en Estados Unidos desde España con acciones ordinarias» por lo que no atenderán a la petición del Gobierno. «Mantenemos los puntos del día de la junta tal y como están» apostillan. Así se lo han hecho saber también por carta al propio Ministerio de Economía.
El otro gran frente llega desde Hacienda que ya vigila muy de cerca la posible operación. Ayer, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, apuntó a que el departamento de María Jesús Montero «comprobará cuando corresponda» el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos para concretar «si existe o no un motivo económico válido» que dé sentido a este movimiento.
Fernández quiso restar importancia a la monitorización, «es una operación como otras muchas que se realizan en España». Pero adelantó que si confirman que el traslado tiene como móvil el ahorro fiscal, Ferrovial tendría que hacer frente «a cantidades importantes» para regularizar su salida. Algo que antes justificarían «con un examen de enorme profundidad, como suele ser habitual en estos casos, para ver si existen esas plusvalías latentes».
Una decisión «errónea»
La ofensiva del Gobierno también llega desde el propio Congreso de los Diputados. En una respuesta parlamentaria al Grupo Parlamentario Popular a la que ha podido acceder este periódico, el Gobierno tilda la decisión de Ferrovial de «errónea», con la que muestra «una falta de compromiso» de la compañía con nuestro país, al tratarse de «una empresa emblemática que ha llegado a ser una gran multinacional sobre la base de su negocio en España y gracias al apoyo de todos los gobiernos que ha habido en nuestro país desde su fundación».
En la misma respuesta a las cuestiones formuladas por los diputados
▶▶▶ del PP, Jaime Olano,
Pablo Hispán y María Valentina Martínez, el Ejecutivo defiende el atractivo de España «desde el punto de vista de la inversión y del establecimiento de proyectos empresariales» de empresas que «crean empleo y riqueza».
Y ponen sobre la mesa los nombres propios de Maersk, Volkswagen, Google, Cisco, Intel, Vodafone, Microsoft o Amazon, como manera de responder a una de las alegaciones para salir de España de Ferrovial, la de escoger Países Bajos «por su marco jurídico estable».
«Estas inversiones se justifican por factores como la seguridad jurídica y la estabilidad de la política económica que ha venido desarrollando el Gobierno desde 2018, que da confianza dentro y fuera de nuestras fronteras», apostilla el Gobierno en dicha respuesta parlamentaria.
La empresa votará mañana en junta de accionistas la fusión inversa propuesta por el consejo de administración por la que su filial holandesa absorberá a la matriz española. Un paso que conllevará la mudanza de la sede social a Ámsterdam y con la que inmediatamente pretende obtener una triple cotización en Países Bajos, España y Estados Unidos. ▶▶▶
Sin atar
Pero este planteamiento de fusión inversa no está aún atado. Ya son varios accionistas de peso los que votarán en contra del planteamiento del consejo de administración de Ferrovial. A la decisión de Leopoldo del Pino, hermano del presidente de la compañía, con el 4,15% de las acciones, de no apoyar la salida de España, se suma ahora el rechazo del fondo de inversión estatal noruego, Norges. Con un 1,5% del accionariado de Ferrovial, el fondo soberano anunció esta semana en su página web que no votará a favor del movimiento de la constructora.
«Al evaluar las transacciones corporativas, también consideraremos si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si hay conflictos de intereses innecesarios», justificó. Fuentes del mercado señalan a este periódico su sorpresa por esta decisión, cuando el movimiento de Ferrovial cuenta con el aval de los ‘proxy advisors’ (asesores de voto para inversores).
Con todo, la salida de Ferrovial solo se podría frenar si aproximadamente el 2,57% del capital social (500 millones de euros) vota en contra de la mudanza, pero además, tal y como avanzó ABC, se acogen al derecho de separación fijado por el que percibirían 26,0075 euros por acción. Ningún accionista ha confirmado hasta ahora que lo hará y tras la junta tendrán un mes para decidir si hacerlo.