Los funcionarios de Justicia arrancan hoy sus movilizaciones
▶ Los sindicatos han llamado a los paros a unos 750 funcionarios en toda la provincia
El paro llega después de que la huelga de Letrados generara 3.000 juicios y actuaciones suspendidas en la provincia
La Consejería de Justicia ha pactado con los sindicatos los servicios mínimos, como las guardias que deben tener todo el personal
Primero fueron los Letrados de la Administración de Justicia con una huelga que duró dos meses y retardó el funcionamiento del sistema, ya de por sí lento. Ahora, siguiendo su estela, el turno es para los funcionarios. Unos 750 en la Administración de Justicia en Córdoba están llamados a las movilizaciones que arrancan este lunes en toda España para exigir una subida salarial. Este conflicto laboral se inicia este lunes con paros parciales de 10.00 a 13.00 horas y se hará fuerte a partir del 19 de abril cuando está convocada una huelga general durante toda la jornada.
El sindicato mayoritario CSIF en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía ha iniciado junto a STAJ, CCOO, UGT y USO este calendario de movilizaciones en defensa de una subida salarial digna —en línea con la aprobada para el colectivo de los letrados— y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) sin previa negociación.
El responsable de justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, en declaraciones a ABC, explicó que hay tres pilares en esta reivindicación laboral. El primero es sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que está actualmente en el Congreso y que va a modificar la Administración de Justicia con nuevos sistemas, porque desaparecen los órganos unipersonales y se convierten en órganos colegiados, lo que se viene a llamar Tribunales de Instancia que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores.
Un segundo aspecto son las competencias: «Parece ser que no tenemos ninguna. Que se determinen cuáles son las funciones por delegación y cuáles son propias».
La tercera pata de estas reivindicaciones son «las retribuciones económicas, que las estimamos entre 350 y 450 euros en función al grupo de cotización que está relacionado con las funciones que realmente estamos realizando. Somos una pieza clave en el engranaje de la máquina, sin nosotros la Administración estará totalmente paralizada».
A las movilizaciones están convocados en todo el país los 45.000 trabajadores de los Cuerpos Generales y Especiales del Departamento que dirige Pilar Llop.
Concretamente, en Córdoba este colectivo lo forman unos 750 funcionarios de dichos cuerpos, entre los que están, por ejemplo, gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otro personal. Tras el arranque de las protestas hoy en la capital de España, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10.00 a 13.00 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará huelga general durante todo el día.
El precedente
La convocatoria de este calendario de movilizaciones es, a juicio de CSIF, «la consecuencia de la nula voluntad por parte del Ministerio de presentar una oferta de subida salarial a los funcionarios de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario, en línea con el acuerdo firmado con los letrados».
De forma paralela, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.
En cuanto a cómo afectará la huelga a los usuarios, la Consejería de Justicia ha consensuado con los sindicatos los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios esenciales durante la huelga, entre otros, prestar de forma presencial las guardias de los Juzgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal que deberán contar con todo su personal.
Habrá que ver el impacto de esta nueva protesta después de la de los Letrados, que supuso, durante sus dos meses de duración (de finales de enero a la conclusión de marzo), en la provincia unos 3.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas, despachos y órganos judiciales atascados de demandas y pendientes de notificaciones. Ello supondrá retrasos de más de un año en señalamientos que fueron suspendidos en el tiempo de la protesta y que tienen que hacerse hueco en la agenda ya de por sí retrasada de los juzgados.