El TSJA alerta de la sobrecarga en varios juzgados de la provincia
▶Cree que sobra uno de lo Contencioso y avisa del exceso en Mercantil, Violencia sobre la Mujer y partidos judiciales como Posadas, Lucena o Baena
La carga de trabajo de los juzgados de lo Mercantil, Violencia sobre la Mujer o de Primera Instancia en Córdoba, así como varios juzgados de la provincia, especialmente Posadas, Lucena o Baena, entre otros, superaron con creces durante 2022 los límites de asuntos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que con los datos estadísticos de 2022, el TSJA reconoce en su memoria que «en estas circunstancias, la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente, sólo responde a la realidad».
El documento de análisis, al que ha tenido acceso ABC, alerta de la sobrecarga de estos órganos en contraposición de la escasez de asuntos en otros juzgados muy por debajo del módulo de referencia, como es en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, lo que inspira ciertas medidas a tomar. Es una de las primeras conclusiones a las que llega el Alto Tribunal andaluz, que en la orden de lo Contencioso aclara que «es expresiva un año más la demarcación judicial de Córdoba, que está muy por debajo del porcentaje razonable de carga de trabajo anual para un Juzgado exclusivo».
Por ello, «se considera conveniente proceder a la transformación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, lo que permitiría, a su vez, contar con un segundo órgano judicial para especializar en temas de familia, capacidad e internamientos».
En esta línea considera que hay que crear una plaza nueva para los Juzgados de Primera Instancia (9) órganos; otra más para el Juzgado de lo Mercantil para atender a las necesidades reales del trabajo y de la población. En el ámbito de las Infraestructuras, recuerda que en Lucena comenzaron las obras de ejecución de nuevo Palacio de Justicia en diciembre de 2021, por lo que la nueva sede podría estar a principios de 2024. Las sedes de Montilla y Aguilar de la Frontera mantienen carencias en sus infraestructuras, sistemas informáticos, con barreras arquitectónicas y algunos otros servicios a los que se les ha dado parcial remedio.
En este mismo análisis de los asuntos recibidos, resueltos y pendientes de resolver a final de año por los distintos órganos judiciales, el TSJA advierte que el balance es dispar dependiendo de si atendemos a la jurisdicción penal, civil o social. La planta actual de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en la provincia de Córdoba es de 21 órganos. La situación que presentan es desigual en cuanto a la carga de trabajo. «Destacan los partidos judiciales de Posadas, en materia civil, y Lucena en ambas. En otros como Priego de Córdoba, Montilla, Montoro o Baena, la jurisdicción civil también supera la carga de trabajo.
Además, en el caso del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, el tribunal superior apunta que ha tenido un aumento considerable de ingreso de asuntos por los concursos de acreedores suspendidos, que han aumentado un 199 por ciento respecto a 2021, junto a las reclamaciones de usuarios por cancelaciones de vuelos y de paquetes de viajes turísticos, así como los concursos de personas individuales, competencia años atrás de los Juzgados de Primera Instancia. Esta instancia ingresó el pasado año 612 asuntos cuando la referencia marcada por el CGPJ es de 435 asuntos.
La vía Social también se ha visto afectada por la crisis provocada por el Covid. Córdoba tiene una media de asuntos por órgano de 1.072 lo que supera la referencia de carga fijada por el CGPJ que la sitúa en 800 al año por órgano. Según el tribunal, «esto pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en muchos partidos judiciales, y mantener medidas de refuerzo en esta jurisdicción».
La memoria 2022 recuerda que Au
Factores Mercantil Los concursos de acreedores se triplicaron y las reclamaciones de usuarios por vuelos y viajes turísticos subieron
diencia Provincial está compuesta por tres secciones, una civil y dos penales. Entre las dos primeras han ingresado un total de 4.787 asuntos, 2.814 penales y 1.973 civiles. En la Penal de la Audiencia se registraron 2.814 asuntos penales (un 20% menos) y se han resuelto 2.848 (un 19 % menos). Del total de la carga de trabajo penal (asuntos pendientes a principio de año más asuntos registrados) que había en el año 2022 en la instancia superior cordobesa se ha resuelto el 94%, lo que permite hablar de «un buen esfuerzo resolutivo», asegura el documento.
La tasa de resolución civil —un poco más apurada en cuanto a carga de trabajo que la penal— general indica que los tiempos de resolución sólo están por debajo de los 12 meses en Córdoba, Granada y Huelva.
En cuanto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Córdoba, recuerda esta memoria, recibió 2.840 denuncias, de las cuales el 4 por ciento de las mujeres se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Se han adoptado 333 órdenes de protección que supone el 80% de las incoadas y se han dictado 104 sentencias penales.
Durante el pasado año se registraron 2.840 denuncias, de las que 2.587 eran españolas y 253 extranjeras. De estas denuncias 113 mujeres se acogieron a la dispensa a declarar como testigo, de las que 96 eran españolas. En cuanto a sentencias, este órgano dictó un 81% condenatorias durante el pasado año. En total, y durante el pasado año, estos órganos recibieron una carga de 2.235 asuntos por juzgado cuando la media estimada óptima es de 1.600 anuales.
Embargos a la baja
El TSJA llama también la atención el bajo número de lanzamientos (desalojo de un inmueble por orden judicial) que se registran en Córdoba (unos 500) en comparación con el resto de provincias andaluzas: Cádiz (un millar) Almería (900) o Granada (800). Respecto a los embargos por orden del juez que se registran en Córdoba, el máximo se sitúa en 2009, cuando alcanzó los 5.582 embargos registrados. A partir de este año, se produjo un descenso hasta los 388 en el último año (un 28% menos que en 2021).
En cuanto a los cambios que sugiere el Alto Tribunal andaluz tras analizar este año judicial están un alto número de interinos y la falta de especialización; los cambios constantes en la plantilla de los Juzgados y retrasos en la cobertura de vacantes; comisiones de servicio inadecuadas, sin soporte o justificación objetiva; gestión ineficaz de las medidas de refuerzo en órganos con escasa plantilla o sobrecargados de trabajo. La memoria insta a la Administración de Justicia a «iniciar un nuevo modelo organizativo con carácter inmediato en las Audiencias Provinciales. Y como asignatura pendiente, sigue siendo la incorporación del Ministerio Fiscal a las comunicaciones por medios electrónicos vía LexNET».