La Justicia mantiene viva la trama política sobre los 2.900 millones para cursos
▶La Audiencia de Sevilla rechaza poner fin a esta causa, como habían pedido cuatro exjefes de Empleo con el PSOE ▶El juez Vilaplana investiga a 24 excargos de la Junta por favorecer a empresarios mediante el reparto de subvenciones
La causa sobre una trama política en el fraude de las ayudas para cursos de formación no es ningún ‘bluf’ ni se está disolviendo como un azucarillo en los tribunales. Nueve años después, la Justicia mantiene viva la pieza principal del rompecabezas judicial que representa el caso Formación. Desmonta así que éste sea un bulo, el mantra que repetía sin cesar el último Gobierno andaluz del PSOE para levantar un cortafuegos con el que protegerse del cúmulo de irregularidades que la Policía destapó en abril de 2014 en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. En dicho sumario, que fue desguazado en nueve partes para facilitar su digestión y enjuiciamiento por separado, están investigados 24 antiguos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos tres exconsejeros que estuvieron al mando de dicha agencia autonómica entre 2009 y 2012: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio. El Juzgado ha posado su lupa sobre 2.896,48 millones de euros, el monto total de las ayudas repartidas entre empresas y entidades desde 2002 hasta 2012, aunque la cantidad defraudada o utilizada irregularmente está todavía por concretar.
La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de dar un espaldarazo al actual instructor del caso Formación, José Ignacio Vilaplana, para que prosiga la investigación iniciada el 7 de marzo de 2014 por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien había destapado el caso ERE tres años antes.
Mediante dos autos dictados el pasado 30 de marzo, a los que ha accedido ABC, la Sección Primera de la Audiencia rechaza los recursos presentados por cuatro imputados: el que fuera director general de Formación Profesional para el Empleo (2010-2011) en la etapa del PSOE, Andrés Sánchez Fernández, y tres exjefes de servicio de dicho departamento en Córdoba, Sevilla y Huelva, Manuel Gavilán, Daniel Fito García y José Gil Flores, respectivamente. Los investigados alegaron una «grave infracción del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas» y «la falta de fundamento de las diligencias acordadas» y, por consiguiente, pidieron que se diera por concluida la instrucción.
Connivencia con empresas
Tras estudiar sus impugnaciones, la sala ha avalado dos resoluciones dictadas por el juez Vilaplana para prorrogar el plazo de esta investigación y continuar de este modo con las pesquisas que había ordenado para averiguar si existió algún tipo de connivencia entre los responsables públicos que participaban en la concesión y control de las ayudas y los adjudicatarios de las mismas para que éstos se apropiaran del dinero público.
El tribunal inclina la balanza del lado del juez. «La prórroga se encuentra plenamente justificada por la necesidad de practicar las diligencias acordadas» por la misma sección el pasado 1 de julio de 2019, argumenta. Se refiere al auto por el que la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la causa sobre la presunta trama política tras admitir parcialmente un recurso promovido por los letrados del PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, contra el archivo que había decretado la anterior instructora, María Núñez Bolaños, en el año 2016.
Esta magistrada negó que existiera prevaricación, malversación o una trama tejida dentro de la Administración para favorecer a una red clientelar de empresarios afines a la Junta o cazasubvenciones. Lo redujo todo a «posibles irregularidades administrativas», un criterio que era compartido por la Fiscalía. Pero la Audiencia consideró prematuro el carpetazo y emplazó al Juzgado a seguir indagando para determinar la responsabilidad de la Administración a la hora de conceder y vigilar el destino de las ayudas.
«Cazasubvenciones»
En el informe que dio alas a esta instrucción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detectó «intrusos y cazasubvenciones», es decir, empresas creadas con «la única finalidad de obtener las subvenciones». También halló cursos financiados en la comunidad con más parados de España que no se habían realizado y otros que endosaban a las ayudas facturas falsas o infladas.
El tribunal insiste en la misma tesis para desestimar los recursos. En uno de sus autos del pasado 30 de marzo, apunta a «la posible existencia de una situación de hecho y sobreentendida» para «no controlar las subvenciones, aun conociendo que ello quebrantaba la legalidad y siendo conscientes de la posibilidad cierta de que se produjesen apropiaciones y/o distracciones de fondos públicos, conocida y tolerada por los responsables». La sala no descarta que dicho descontrol fuera deliberado para «favorecer a determinadas personas y entidades», propiciando así «un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas».
El trabajo que tiene por delante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación policial, es descomunal.
La juez María Núñez Bolaños archivó el caso en 2016 y tres años después la Audiencia ordenó su reapertura
El tribunal apunta a «un mal uso generalizado» de las subvenciones, «conocido y tolerado» por los cargos públicos
De ahí que la causa esté avanzando a paso de tortuga. El juez, a instancias de la Audiencia, le ha ordenado al Instituto Amado examinar uno a uno hasta 15.561 expedientes de ayudas almacenados en 2.229 cajas depositadas en dos dependencias del Servicio Andaluz de Empleo, en la avenida de Hytasa y la calle Seda, en Sevilla capital. Para este trabajo, la UCO cuenta con la asistencia de un interventor de la Junta de Andalucía y otro del Estado.
Tales expedientes estaban precintados desde 2014 por orden de la juez Mercedes Alaya, pero su sustituta en el juzgado, María Núñez, dispuso quitarle el precinto en 2017. Se quedaron así sin otra custodia que la de la Junta de Andalucía, cuyo anterior gobierno socialista se congratulaba públicamente del archivo del caso, mientras exigía disculpas al PP por ejercer la acusación. público, descontrol justificado por sus superiores ante la falta de tiempo y de personal suficiente para revisar los miles de expedientes que se tramitaban. Sin embargo, la Junta decidió seguir inyectando el dinero a empresas para no renunciar a los fondos que cada año aportaban la Unión Europea y el Estado. El funcionario, ya jubilado, sufrió el acoso y hostigamiento de sus superiores, que desmantelaron su departamento y lo dejaron sin teléfono ni Internet.
¿Hubo clientelismo político?
La juez Mercedes Alaya, que abrió esta causa, sospechaba que los gobiernos socialistas crearon «una red de clientelismo político» a través de los cursos de formación que subvencionaba, con el único objetivo de fidelizar el voto. El fallecido Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, declaró a la juez Alaya en 2013 que el fondo de los ERE, por el que terminaría siendo condenado, no tenía punto de comparación con el dinero destinado a los cursos de formación. Si él gestionaba una media de 54 millones al año para repartir entre empresas, la formación representaba 290 millones al año, cinco veces más, afirmó.
¿Qué cargos están imputados?
Están investigados 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Entre ellos, cuatro exdirectores generales, ocho exdelegados provinciales y varios exjefes de servicio que fueron detenidos en marzo de 2015 dentro de una operación, denominada Barrado, desplegada por la Guardia Civil, que abrió los informativos nacionales. La juez también abrió diligencias contra tres exconsejeros que tuvieron competencias en materia de Empleo desde 2004 hasta 2013: Antonio Fernández —condenado por el caso ERE—, Manuel Recio y Antonio Ávila.
¿Empresas afines al PSOE recibieron ayudas?
El PP, que ejerce la acusación popular en el proceso, denunció que al menos 38 empresas vinculadas a excargos de la Junta, del PSOE o familiares o amigos de éstos, acapararon 48,39 millones de euros. Una de ellas fue la academia regentada por la mujer de Rafael Velasco. Cuando él era vicesecretario general del PSOE andaluz, la Junta gobernada por su partido le concedió ayudas por un montante de 730.000 euros para cursos de formación entre 2006 y 2009.