La rebelión por el megavatio verde en el Alto Guadalquivir
▶Ayuntamientos y agricultores rechazan el plan de Generadora Eléctrica para instalar cuatro megaplantas solares ▶El impacto en el medio de vida, la biodiversidad, el agua, los caminos y la despoblación, motivos de oposición
LAS energías renovables han llegado para cambiar el mundo, pero quizás no a toda costa. Al menos, esa posición se desprende de la rebelión que los ayuntamientos, propietarios de tierras, vecinos y agricultores del Alto Guadalquivir están realizando contra la instalación de cuatro grandes plantas fotovoltaicas por parte de la empresa Generadora Eléctrica.
La Junta de Andalucía ha concedido los primeros permisos necesarios para su instalación, tras superar los trámites de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), así como la Autorización Administrativa Previa y la Autorización para la Construcción. La batalla se centra ahora mismo en estas cuatro plantas solares (Guadalquivir 1, 2 y 4 más Guadame), pero lo cierto es que la comarca tiene en trámite hasta 11 proyectos de este tipo. En concreto, las plantas que cercarían Morente, aldea entre Bujalance y Pedro Abad, abarcan una superficie de unas 620 hectáreas, que equivaldrían a más de 800 campos de fútbol.
La decena larga de plantas solares que están ahora mismo en tramitación en la comarca ocuparían una extensión de más de 1.100 hectáreas, para llegar también a los términos municipales de Montoro, El Carpio e incluso Córdoba capital.
El domingo pasado, la plataforma Stop Megaplantas Solares en el Alto Guadalquivir realizó una marcha desde Pedro Abad hasta la aldea de Morente, en Bujalance, para instar a la Junta a que detenga estos proyectos, ya que entienden que dañarían seriamente la economía de sus habitantes. La ruta a pie contó con más de medio millar de participantes, que tuvieron el respaldo de las alcaldesas de Bujalance (IU) y Pedro Abad (PP).
Los motivos de rechazo a las mismas son contundentes, según exponen los principales afectados. Acabarían con el medio de vida de las personas que residen allí. Arrasarían más de mil olivares, que en muchos casos son incluso centenarios. Hasta las nuevas dotaciones de agua para los regantes, en plena sequía y previstas para cuando la lluvia reaparezca, se verían tumbadas. Sopena del impacto ambiental en la zona, en las especies amenazadas y los caminos de la comarca.
Las cuatro plantas solares más importantes que se pretenden instalar en el Alto Guadalquivir afectan principalmente a tres fincas. Son el Hierro, que está en Bujalance y tiene a Cayetano Martínez de Irujo como propietario; la extensión de La Isla, en el municipio de Pedro Abad; así como el Cortijo de las Flores. Las plantas previstas en la zona acumulan una potencia de casi más de 200 Mw, así como una extensión de casi 620 hectáreas.
El rechazo no sólo ha llegado en forma de protestas tras conocer con detalle los proyectos y la intención de la energética de acudir a la expropiación forzosa de la zona ante la negativa de los propietarios a su arrendamiento. Hay varias instituciones que han presentado recurso de alzada —el plazo límite de presentación acaba la próxima semana— contra el expediente de Declaración de Utilidad Pública de los suelos que permitiría una expropiación de los mismos. Las organizaciones que han confirmado su presentación son Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Vecinos de Morente. Hay más en curso.
«No estamos en contra de las renovables, estamos en contra de la forma en la que se quiere hacer»
Precisamente, Magdalena Luque (IU), bastón de mando de Pedro Abad, quiere dejar muy claro, en declaraciones a ABC, que «no estamos en contra de las energías renovables, sino en contra de cómo se quieren instalar» en sus municipios, y recuerda que es «una cuestión en la que estamos de acuerdo todos los grupos municipales del Ayuntamiento» de Pedro Abad. Luque explica que uno de los motivos de su negativa es que «tenemos uno de los términos municipales más pequeños de la provincia y esto supondría una merma más», además de que «se quieren asentar en tierras que todavía son rentables».
Por su parte, el portavoz de la plataforma civil Stop Megaplantas Solares en el Alto Guadalquivir, Rafael López, insiste en que los vecinos no están en contra «de las renovables, sino de la forma en la que se quieren implantar» en la comarca. «Tendrá efectos negativos en muchos ámbitos porque acaba con el medio de vida de la gente de Morente, que es la agricultura; esto implica no sólo al agricultor, sino también al que vende tractores, al que los arregla, a la persona que vende semillas, al que se dedica a los utensilios o a los fertilizantes».
A su juicio, otro de los perjuicios es que «se acaba con la biodiversidad, ya que toda la fauna y la flora de la zona desaparecería, allí hay especies protegidas que no se han tenido en cuenta». Incluso, añade que «todo esto provocará despoblación de los municipios y aldeas afectadas, ya que la gente se tendrá que ir; las placas necesitan agua, y de dónde va a venir con la sequía que hay; los caminos se cortarán, porque las placas estarán perimetradas por vallas; además de acabar con el paisaje».
Las empresas generadoras de energía tienen los primeros permisos administrativos de la Junta de Andalucía para seguir adelante. Les falta el último. Pero, se han topado con un problema fundamental. Los propietarios de las tierras se han negado a vender o arrendar sus terrenos para que se instalen placas. Ante ello, los promo
«Si se arrancan los olivos de allí, no habrá trabajo y llegará la despoblación, ¿Así luchamos contra ella?»
«El proyecto también afecta a la ampliación de la comunidad de regantes que está aprobada»
«El arrendamiento de los suelos puede darles una rentabilidad que ahora mismo no les da el campo»
tores han instado a la Junta a que tramite un expediente de Declaración de Utilidad Pública de los suelos. Con ello, podrían optar por la expropiación forzosa a los propietarios que se niegan a venderlas.
En este punto, los grandes propietarios de las zonas afectadas y los pequeños agricultores han planteado recursos de alzada contra la tramitación de las megaplantas solares. Y han comenzado las movilizaciones (como la marcha del fin de semana pasado). López, de la plataforma civil, asegura contundente que la propuesta «es una auténtica locura, ya que todo lo que alcanza la vista ahora serán placas mañana si no se detiene este proceso». La alcaldesa de Bujalance añade que «si se arrancan los olivos de allí, no habrá trabajo y llegará la despoblación; ¿ésta es la forma que tenemos las Administraciones de luchar contra la despoblación?».
Como medios de defensa, López explica que «los proyectos de Guadalquivir 1, 2 y 4 (las tres plantas solares que han provocado la respuesta vecinal) se han hecho en fraude de ley, porque se han troceado los mismos para eludir las competencias del Gobierno central en beneficio de la Junta de Andalucía, que tiene los permisos más laxos». El motivo es que los expedientes de plantas de más de 50 Mw corresponden al ministerio, mientras los de menos los supervisa la consejería, salvo que sean de superficie inferior a 10 hectáreas (recaen en los ayuntamientos).
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, expone a este periódico la posición de esta patronal agraria en la provincia. «La instalación de estas plantas solares puede darles a los agricultores de la zona una rentabilidad económica que ahora mismo no les da el campo», pero recuerda que «es una decisión individual de cada agricultor, es su derecho acceder o no al arrendamiento de sus tierras por el período que se fije». En cualquier caso, hay otras posiciones claramente en contra desde otras organizaciones agrarias.
Francisco Moreno es el secretario de organización de UPA en Córdoba. Su posición es contundente: «Estamos a favor de las energías renovables, pero no así; como dice el lema de nuestras protestas». Lamenta que se hayan proyectado «macroplantas en unas tierras que tienen un gran valor agrario y que se pretendan arrancar miles de olivos, que, en algunos casos, son centenarios».
Moreno incluso detalla cuánto sería el impacto exclusivamente económico si las plantas solares salen adelante. «Según nuestras estimaciones, podría suponer unas pérdidas de 6 a 8 millones de euros en la comarca» por diferentes conceptos como «pérdida de productividad, ayudas de la PAC, jornales, pérdida de empresas; y todo eso descontando ya el dinero que ingresarían como compensación por las placas».
Además, el secretario de UPA recuerda que «se ha demostrado también la pérdida de fertilidad de las tierras que luego se queden cercan de las plantas por el aumento de temperatura que producen».
Los proyectos, recuerda Francisco Moreno, ponen en jaque «la ampliación de la comunidad de regantes, que ya tiene una dotación de agua aprobada cuando llueva, y también se finiquitaría».
Fernández de Mesa añade que «lo que sí tienen que tener en cuenta los agricultores es que si lo hacen, pierden los derechos de esas tierras sobre la PAC». A su juicio, «no lo veo ni bien ni mal, depende de la decisión de cada agricultor».
La Junta asegura en privado que no puede negarse a dar autorizaciones a empresas que cumplen con los requisitos legales para lograr un permiso. En este sentido, la alcaldesa de Pedro Abad explica que «podemos hacer muy poquito porque la Junta tiene las competencias».
En cualquier caso, la esperanza de detener este proceso está puesta en el fin de los plazos de tramitación de los recursos y expedientes. Además, hace dos semanas se realizó una reunión de las dos alcaldesas con la viceconsejera y los delegados de las área afectadas. «Puede haber una solución», insiste la alcaldesa de Bujalance, ya que «según nos dijo la viceconsejera», no habría precedentes de plantas solares en Andalucía que «salgan adelante por el hecho de necesitar una expropiación forzosa», como sucedería en el Alto Guadalquivir.
ABC ha intentado esta semana recabar la posición del delegado de Energía de la Junta o de algún responsable de la consejería, pero la administración andaluza ha declinado pronunciarse por tratarse de «un proyecto en tramitación». La alcaldesa de Pedro Abad, Elena Alba (PP), igualmente prefirió no pronunciarse públicamente hasta «la semana que viene».
El puente de San Rafael al final no tendrá el carril bici que el Ayuntamiento previó y el proyecto para su entoldado, que se planteó ya en 2018, sigue sin llegar y está en el aire, pues depende de la autorización de la Consejería de Cultura. De colocarse los parasoles, sólo sería en una de sus aceras. Éstas son las conclusiones de una reciente reunión del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC); los Consejos de Distrito Sur y Poniente Sur, Urbanismo y la Concejalía de Movilidad.
El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, explicó ayer a ABC que todas las partes «asumimos que no se hace el carril bici en el puente de San Rafael». El Consistorio incluso ya había seleccionado una empresa que lo ejecutaría por 115.555 euros.
De Gracia indicó que el diseño previsto por Capitulares era habilitar esta vía «en media parte de cada acera, con lo que en ambas seguiríamos compatibilizando viandantes con bicis y patinetes, que es lo que más problemas causa».
De Gracia indicó, a continuación, que en un puente el peatón, si se invade su zona, «no puede echarse a un lado o a otro. Nadie nos aseguraba que, aunque el viandante cumpliera, no se metieran en su espacio bicis y patinetes. No nos parecía una solución buena», defendió, para luego incidir en la filosofía del movimiento ciudadano: «No se puede hacer carril bici en zonas peatonales. Si se hace, perjudicas al viandante».
Por ello, se descartó esa opción. Se barajaron, siguió De Gracia, otras dos. Una era suprimir uno de los cuatro carriles para el tráfico de vehículos y dedicarlo a implantar una vía exclusiva para bicis y patinetes. Pero no salió adelante, porque «por San Rafael aún pasa mucho tráfico». La otra propuesta era dejar una acera entera para peatones y en la otra habilitar un doble carril bici. «No convenció. Se perdía la mitad del acerado de que dispone el viandante. Y nadie nos puede asegurar que no se metan bicis y patinetes por la acera de los peatones», recalcó.
La solución que asumieron todas las partes, comentó, fue «potenciar» la fórmula de la ‘ciclocalle’ ya implantada en este paso elevado, como en otras vías.
Se pusieron en marcha en junio de 2020, como una respuesta en movilidad a la crisis del Covid. En ellas, en su asfalto, conviven coches, bicis o patinetes pero con los vehículos de motor circulando como mucho a 30 kilómetros por hora.
Desde el Movimiento Ciudadano, se recordó que las ‘ciclocalles’ se activaron «deprisa, poniendo una señal y poco más». Para dar más seguridad a los ciclistas y conductores de patinetes, ven necesarias medidas como «cambiar el color de su asfalto o ponerles elementos luminosos, de forma que los automovilistas las vean de lejos». «No sabemos si se pueden usar los fondos Edusi que iban a pagar el carril bici de San Rafael para su ‘ciclocalle’», sostuvo. Ese dinero viene de la UE y debe estar gastado como muy tarde el 31 de diciembre de este año.
El encuentro era para abordar los carriles bici a desarrollar en la ciudad, pero también salió la actuación de entoldado del Puente de San Rafael, planteada ya por el Ayuntamiento en 2018. «El Consistorio sigue teniendo el proyecto en la cabeza para hacerlo, siempre y cuando consiga el informe favorable de la Consejería de Cultura. Este paso elevado está en el límite de la zona Patrimonio de la Humanidad, incluido en ella, y se necesita dicho informe de Patrimonio», dijo De Gracia.
«En principio, la Junta decía que no a los parasoles en todo el puente. El Ayuntamiento está a ver si los acepta con una segunda propuesta, en la que los toldos se pondrían en la acera más alejada del Casco», indicó el presidente del CMC. Lo sucedido, ahondó, es que Cultura «en ningún caso quiere parasoles en la acera más cercana al Casco, porque entorpecerían la visión de éste y perjudicarían al paisaje». «Ahora, el Ayuntamiento está intentando llegar a un acuerdo con la Junta para poder ponerlos en el tramo del paso elevado que pega más hacia La Torrecilla. En la reunión no se concretó más», acabó.
las diez de la mañana, una hora antes de que abriera sus puertas el Patio de Marroquíes, 6, en el entorno de Santa Marina ya se había formado la cola de turistas pegados a las casas encaladas para evitar los primeros rayos de sol. Ésta fue la tónica de la jornada de ayer en la Fiesta de los Patios desde los barrios de San Basilio a San Agustín pasando por la Judería o San Lorenzo. Los guías lideraban a grupos de turistas, la mayoría con viajes organizados y parada en Córdoba, para aprovechar el tiempo al máximo y visitar los patios más emblemáticos del Festival a primera hora del día.
El punto estrella de los patios en la ruta de Santa Marina hasta San Agustín seguía siendo, como años atrás, Marroquíes. Frente a esta casa de portón añil y losetas que recogen en su zaguán cada uno de los premios obtenidos en el concurso, se situaba más de un centenar de turistas en una interminable cola que marcaba directamente el camino a otros patios, de la calle Zarco y Parras hasta Lopéz Diéguez en San Agustín. En una especie de vías cruzadas de esta ruta de patios, el templo hacía de eje central de estas colas hacia las calles aledañas.
Pese a la aglomeración, las filas fluían más que los días de atrás, apuntaba el controlador de la calle Chaparro, 3, que en apenas una hora había registrado más de 360 visitas. «Vemos en la cola más grupos de turistas, de otros puntos de España aunque también hay algunos extranjeros», contó. A la entrada de Marroquíes, 6, un grupo de la localidad manchega de Tomelloso hacía cola para entrar buscando el cobijo de la sombra en la calle. No
Aeran las doce del mediodía pero los sombreros de paja, los abanicos y la botella de agua no podían faltar.
«Hemos salido esta mañana de Tomelloso, en un viaje organizado y nos vamos esta tarde; estamos encantados. En nuestra tierra tenemos patios manchegos pero no con esta cantidad de flores; esto es algo maravilloso», señalaba María Pilar, que llegó en un autobús de unos 50 manchegos.
A pocos metros estaban dos norteamericanas, Jackie y Vicky. Eran dos jóvenes, una de Canadá y otra de Texas, que llegaron desde Huelva, donde la primera de ellas es profesora de inglés, después de que en un viaje en octubre le recomendaran acudir a los Patios. «Nos han gustado mucho los que hemos visto hasta ahora; merece la pena venir a visitarlos», comentó Vicky a las puertas de Marroquíes.
Otro de los grupos de turistas que formaban parte de estas colas había salido a las 6 de la mañana de Alicante. «Venimos con nuestras madres en un viaje organizado; hemos madrugado un poco pero estamos emocionadas con la visita», contaban sonrientes Laura y Elena, dos veinteañeras estudiantes a las que no les importaba pasar un poco de calor.
Amigas, señoras de mediana edad, eran protagonistas de muchas de estas colas para entrar a los patios. En la calle Tafures, por ejemplo, había otro grupo que había llegado en un autobús con otro tour organizado desde Madrid para visitar Córdoba y Granada. «No nos queríamos perder los Patios. Es la primera vez que venimos . Tenemos tantas ganas de verlos que no nos importa hacer cola; ya hemos visto tres y son las doce, a ver cuántos nos da tiempo hasta el mediodía», contaba Paquita junto a su amiga Ana.
El transporte público no es el más utilizado para visitar los patios sino que la mayoría de los turistas decide ir a pie mapa en mano, y en su caso, con un auricular para seguir las explicaciones del guía. Este hecho provocaba que la Judería se convirtiera en otro de los núcleos de paso tanto para ver los patios que esconden la calles Judíos o Céspedes como por ser recorrido obligado hasta llegar al Alcázar Viejo donde se concentraron al mediodía miles de personas.
Pasadas las doce del mediodía, las colas eran aproximadamente de una hora de espera, explicó a ABC otro de los controladores situados en el emblemático patio de San Basilio, 14. Las filas alcanzaban tal dimensión que los miembros de la organización del Festival se dispusieron a cortar colas para que nadie se llevara la decepción de que llegara la hora de cierre, a las 14.00 horas, sin haber podido entrar al recinto ante el que aguardaran.
Una de las visitantes de San Basilio era Santi, una señora que había llegado desde Coín (Málaga) a primera hora de la mañana junto con dos grupos de malagueños en dos autobuses y regresaban a las siete de la tarde a su localidad. En este lado del Alcázar Viejo, en los patios más visitados como Martín Roa, 2, 7 o 9, había grupos de jóvenes formados por cordobeses que habían invitado a sus amigos a la capital para disfrutar de esta fiesta.
Era el caso de Mari Carmen y Carla, dos amigas treintañeras, invitadas por una cordobesa, que se habían conocido de Erasmus en Italia años atrás y ahora habían llegado con sus respectivas parejas, un asturiano y un vasco, hasta este rincón del Alcázar en un reencuentro.