La banca deberá tratar de cobrar toda la deuda antes de ejecutar el aval del ICO
El Estado se situará en «igualdad de condiciones» frente a la entidad financiera en caso de morosidad
El Gobierno estima que los nuevos avales públicos para que jóvenes y familias con menores a cargo puedan acceder a una hipoteca tendrán un coste de alrededor de 2.500 millones de euros. Una medida que se da a entender como que, en caso de impago, el Estado se hará cargo de una parte de la deuda –hasta un 25%–. Sin embargo, su funcionamiento será distinto, según fuentes conocedoras.
El objetivo del Ejecutivo es que estos colectivos, con un límite de ingresos, puedan acceder a una hipoteca para su primera vivienda aunque no tengan ahorros. Es decir, se trata de avalarles una parte para que el banco les dé un cien por cien de préstamo sobre el valor del inmueble.
¿Qué ocurriría en caso de impago? Primero de todo, que el banco mantendría con el cliente una negociación extrajudicial para tratar de reconducir la deuda, como ocurre habitualmente. Si ello falla, la entidad financiera atendería a los plazos para iniciar la ejecución hipotecaria y posterior subasta de la vivienda para intentar cobrar lo que se debe.
Es en tercera instancia donde entraría en juego el aval público, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ahí ya, en caso de no poder recuperar el banco el préstamo por la vía tradicional –ejecución hipotecaria y reclamación posterior si sigue quedando deuda pendiente–, sería el momento en que el Estado asumiera la pérdida que le correspondiera, de un 25% en el caso más extremo. En otras palabras, que antes de ejecutarse el aval habría que buscar recuperar la deuda de cualquier forma.
Este es el ‘modus operandi’ que se seguiría en caso de impago de las hipotecas con aval público, según fuentes conocedoras, aunque todavía está pendiente de aprobarse el régimen de cobranza que tendrán estos créditos para vivienda. Con todo, el Ministerio de Asuntos Económicos ya deslizaba en un comunicado el 9 de mayo que la forma de proceder sería esta al asegurar que el Estado «compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones».
Esa igualdad de condiciones implica que el aval no sería un beneficio para el banco sino que se situaría a su altura a nivel de riesgo; en todo caso, sería la entidad financiera la encargada de gestionar el cobro de la deuda ya que es el titular del derecho frente al hipotecado, y no el Estado, que tendría que hacer frente a la pérdida cuando ya no queden bienes de los que tirar.
Avales ICO-Covid
Asimismo, un mecanismo similar es el que se sigue en los créditos avalados por el ICO que se habilitaron en la pandemia. Y estos supuestos se han llegado a judicializar y están en proceso cientos de casos. Son pymes que aducen error en el consentimiento ya que entendían que de una parte del préstamo se haría cargo el ICO en caso de impago de las cuotas. El problema llegó cuando al no pagar las cuotas, la entidad financiera les reclamaba a ellas el cien por cien del crédito y que el Estado solo pagaría en última instancia si no quedaran bienes que ejecutar.