La gran empresa al Gobierno: «No somos el enemigo de nadie»
El pasado mes de octubre, en su primer discurso como presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) –el ‘lobby’ que agrupa a los propietarios de empresas como Mercadona, Inditex, Acciona o Barceló–, Andrés Sendagorta, invitó al Gobierno a tener un talante más abierto con las grandes empresas del país. «No pedimos favores, ni queremos privilegios. Solo pedimos que se nos escuche, que seamos tenidos en cuenta y que se nos permita competir en el mundo, sin lastres ni desventajas».
Ayer, tras el turbulento clima creado por el anuncio del traslado a Países Bajos de Ferrovial, uno de los socios más ilustres del ‘lobby’, volvió a recordar esas palabras en su intervención en la Asamblea anual del IEF. «Seguimos diciendo lo mismo. Debemos recuperar un clima de aventura compartida, de proyecto común. Afirmaciones
recientes de algunas personas del Gobierno no van precisamente en ese sentido», afirmó.
La ya complicada relación entre el Gobierno y la élite empresarial se ha agriado todavía más tras el episodio de Ferrovial, que muchos empresarios han vivido como un ataque directo del Gobierno a la libertad de empresa y a la capacidad de los empresarios para gobernar sus proyectos.
«Vivimos días de mucho ruido. Un ruido que polariza y crea enfrentamientos estériles. Los empresarios familiares no somos el enemigo de nadie y somos muy conscientes del papel esencial que tenemos en la sociedad», dijo ayer Sendagorta, que enfatizó que todo este ruido se produzca precisamente cuando «nuestra sociedad retrocede en prosperidad, en indicadores de bienestar social y en convergencia de rentas con Europa».
El IEF quiso ayer poner el foco en el mercado de trabajo, de cuyo desempeño el Gobierno se muestra especialmente orgulloso, pero en el que los empresarios detectan deficiencias importantes. «Con las cifras de desempleo más altas de nuestro entorno, nuestras empresas tienen dificultades para cubrir sus necesidades de personal en todo el abanico de la cadena productiva», afirmó Sendagorta, que pidió corregir lo que calificó como «endémicamente deficiente sistema educativo» y un gran consenso político y social para impulsar la FP en España.