Page exige a miles de funcionarios pasarse a la sanidad pública para bajarles el IRPF
▶ Impide la aplicación de la deducción del 25% por despoblación a los mutualistas de Muface
Miles de funcionarios castellanomanchegos que residen en localidades en riesgo de despoblación se están quedando al margen de la potente desgravación fiscal de hasta el 25% aprobada por el Gobierno de Emiliano García-Page en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) con el objetivo de incentivar la fijación de población en estos municipios.
El motivo es que el Gobierno regional ha diseñado el incentivo de forma que no baste con el certificado de empadronamiento en el municipio para poder aplicárselo. La Administración tributaria regional exige, además, que los potenciales beneficiarios acrediten su residencia efectiva con un documento adicional, o bien la matrícula en el centro educativo de la localidad de referencia de los hijos en edad de escolarización obligatoria, o bien la tarjeta sanitaria que atestigüe la adscripción del contribuyente al centro de salud asignado a los residentes del municipio en cuestión.
El principal problema de este sistema de acreditación es que excluye a todos los funcionarios sin hijos en edad escolar que han optado libremente y bajo el amparo de la normativa estatal por adscribirse a algunas de las mutualidades que garantizan la prestación de los servicios sanitarios a través de centros sanitarios privados a los empleados públicos: Muface, para los funcionarios civiles del Estado; Isfas, para los miembros de las fuerzas armadas; o Mugeju, para los funcionarios de la Administración de Justicia.
Según la información recogida en las memorias correspondientes a 2021 de estas tres mutualidades, el modelo de acreditación establecido para esta ayuda dejaría sin posibilidad de acceder a la deducción, que oscila entre el 10 y el 25% en función del número de habitantes del municipio y del nivel de riesgo de despoblación que enfrenta, a un colectivo potencial de más de 70.000 empleados públicos.
Denuncias de discriminación
Lógicamente, no todos tendrían derecho a aplicarse el incentivo. El Ejecutivo manchego, que en su día presentó esta deducción como una medida pionera que por primera vez en España utilizaba la política fiscal para luchar contra la despoblación, restringió de partida su radio de acción a un universo de 721 municipios, en los que hay empadronados 438.000 habitantes, menos de una cuarta parte de los dos millones de personas que residen en la comunidad autónoma.
Pero los afectados se cuentan por miles, especialmente en el sector de la educación –aunque no solo en este–, y ya han empezado a alzar la voz tras constatar su imposibilidad de aplicarse una importante ventaja fiscal, que según varias fuentes consultadas puede llegar a rondar los mil euros.
Fuentes al tanto de la problemática señalan que decenas de afectados se han puesto en contacto con Muface para solicitarles alguna clase de certificado
que les permita aplicarse el incentivo fiscal. Sin éxito. La ley deja claro que para aplicarlo se necesitará la tarjeta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Así lo subrayan también fuentes de la Consejería de Hacienda. «La Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación determina como uno de los indicadores a tener en cuenta la tarjeta sanitaria adscrita al centro de salud asignada a la zona básica de salud de pertenencia del municipio, por tanto se podrán aplicar esta deducción siempre que opten por recibir asistencia pública».
Se da la circunstancia de que por las especiales características de dispersión de la comunidad autónoma, mutualidades como Muface o Isfas tienen suscritos convenios con el Sescam para que sus mutualistas residentes en zonas despobladas reciban la atención primaria en los centro de salud de la red pública, pero según testimonios de afectados al recibir esa atención a través de la tarjeta de Muface tampoco pueden aplicarse la ayuda.
«Es una clara situación de discriminación», relata una de las funcionarias excluidas del radio de acción del incentivo. «¿Cómo puede ser que dos funcionarios que vivan en el mismo municipio puedan aplicarse o no un incentivo fiscal tan importante según la opción de atención sanitaria que hayan elegido?», se pregunta.
El asunto, además, no podrá corregirse ya hasta el año que viene porque es en enero cuando los funcionarios deben elegir el régimen de atención sanitaria por el que optan.
Los funcionarios afectados ven discriminatorio que se dé un trato fiscal diferente en función del régimen de atención sanitaria elegido