Mazón detecta 4.000 contratos irregulares y 713 millones a dedo

a Generalitat Valenciana va a poner en marcha una auditoría general de todo el sector público instrumental tras advertir supuestas irregularidades en la gestión del anterior Gobierno regional, que lideró el socialista Ximo Puig desde 2015 hasta mayo de 2023. Además, se suprimirán seis empresas autonómicas creadas por el tripartito de PSOE, Compromís y Unides Podem que ni siquiera han llegado a tener actividad. «Malgasto y descontrol» y «mucho ocultismo», resumió ayer el actual presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, en lo que definió como un «pozo sin fondo». Si de las conclusiones de ese examen se extraen responsabilidades administrativas o penales, el Ejecutivo regional de PP y Vox emprenderá medidas legales.

Los informes de la Intervención de la Generalitat, auditores externos, la Sindicatura de Cuentas y la propia dirección general del Sector Público apuntan a una «barra libre» de 253.122 contratos a dedo por valor de 713 millones de euros –159 en contratos menores y 554 sin tramitar expediente– durante las dos legislaturas de la izquierda en el poder, según reveló Mazón en su comparecencia de ayer.

Solo cuatro de las 54 entidades de la Administración valenciana reciben una valoración positiva en este punto en el análisis de la Intervención al ejercicio de 2021. Mismo año en el que se certifican más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, como es preceptivo. Esta cifra, que se enmarca en plena pandemia, no se corresponde con la contratación de más profesores o médicos, según el jefe del Ejecutivo autonómico.

De acuerdo con los datos aportados, el coste total en nóminas de la Generalitat pasó de 400 a 600 millones entre 2015 y 2022. En la misma línea, el dirigente popular reveló que poco antes de las elecciones del 28 de mayo, el anterior Gobierno «trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos» en SGISE, la empresa pública que dirige los servicios de emergencias. Al mismo tiempo, acusó a sus predecesores de servirse de «informes políticos, que no técnicos» para no seguir las recomendaciones de los organismos oficiales que fiscalizan la gestión.