El traspaso de las competencias del Estatuto de 2007 sigue sin ejecutarse
▶ La Junta no ha pedido más cesiones y el Estado no atendió la carta de Moreno de 2021
El 18 de febrero de 2007, la población andaluza respaldó en referéndum la reforma de su estatuto que fue posteriormente ratificada en el Congreso y en el Senado. Uno de los objetivos de la revisión de esta norma básica autonómica, que se tramitó a la par que otros territorios (especialmente Cataluña), fue llevar a Andalucía al máximo nivel competencial. Así lo compartieron todos los grupos políticos. Por este motivo, se incorporaron nuevas competencias que debía asumir Andalucía y se creó un organismo, la Comisión Mixta de Transferencias, donde se debían abordar todos los traspasos desde el punto de vista técnico y económico.
El balance de los 17 años transcurridos es más que escaso en cuanto a avances en el ámbito de los traspasos de competencias. De hecho, en estos momentos, formalmente no hay en marcha ninguna cesión de competencias del Estado a la comunidad autónoma a través de la comisión mixta salvo el traspaso pendiente del profesorado de religión de Primaria.
Este escenario se ha empezado a modificar a raíz de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con las formaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco. Tras la incorporación del traspaso del Rodalíes (la red de Cercanías catalana) dentro de los acuerdos con ERC, el Parlamento andaluz abordó, a instancias de los grupos Adelante Andalucía y Con Andalucía una propuesta para iniciar la misma tramitación y asumir la gestión de la red ferroviaria que discurra por el territorio autonómico, como prevé el Estatuto. El PP la aprobó (con la abstención del PSOE) y el presidente andaluz, Juanma Moreno, lo retomó oficialmente días después señalando que se pedirán «las mismas competencias y con la misma financiación que se entregue a Cataluña». No obstante, el Gobierno andaluz no ha solicitado de momento la convocatoria de la comisión mixta tal y como le han reclamado los grupos de la oposición, especialmente los promotores de la iniciativa.
Es la competencia más significativa aunque no la única que contempla el Estatuto andaluz que debe pasar a manos autonómicas. Hay previsiones en el ámbito de montes y casas forestales, en inspección de trabajo, en Seguridad Social, en Policía Autonómica o incluso en inmigración (aunque limitada exclusivamente a las autorizaciones de trabajo y no a todo lo que se ha planteado para Cataluña) que la normativa autonómica establece que debe pasar a ser gestionados por la comunidad. Pero de momento no se han solicitado formalmente.
Únicamente está en marcha la comisión mixta de transferencias en materia de educación. Al margen de eso, sólo hay constancia en el Gobierno de la carta presentada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en septiembre de 2021 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella, se solicitaba la creación de una «comisión bilateral de diálogo para cerrar todos los ámbitos de cooperación». La carta nunca recibió respuesta por parte del Gobierno de España que, sin embargo, en declaraciones públicas incide en su disposición a dialogar sobre las competencias previstas en el Estatuto. En sede parlamentaria, Moreno volvió a reclamar en diciembre respuesta a este escrito.
En el Parlamento, los grupos de la oposición urgen a dar más pasos firmes en cuanto a cesiones. Adelante Andalucía y Con Andalucía están centrados en su petición de competencias ferroviarias. El PSOE, por su parte amplía el foco: ha registrado una Proposición no de ley en la que introduce también la polícía autonómica, la Seguridad Social o las autorizaciones de trabajo de inmigrantes.
El Parlamento ha aprobado pedir la red de Cercanías como Cataluña aunque no hay ningún trámite formalizado