Córdoba tiene aún que regular las medidas duras contra la sequía
▶La ordenanza que dirige los cortes o la ampliación de suministros ni siquiera se encuentra aún oficialmente activa ▶La CHG puede recortar el caudal para consumo humano un máximo del 10% y tirar más de San Rafael de Navallana
LA ciudad de Córdoba no ha efectuado aún un procedimiento expreso de regulación de las medidas más duras que se pueden tomar para hacer frente a la sequía frente a las decisiones que sí han tomado otras unidades de consumo de la cuenca del Guadalquivir, que es el nombre que reciben los grupos de municipios que forman comunidad en torno a sus respectivos pantanos y fuentes de abastecimiento. Teóricamente, el Ayuntamiento de Córdoba se encuentra en estos momentos tramitando una ordenanza expresa que debe estar inspirada en un plan de gestión de sequías, obligatorio en todo el país desde el año 2018. Un ejemplo de esta regulación es Emproacsa, que tiene en vigor un documento que dice qué medidas se toman y partir de cuándo en cada una de las zonas en las que se divide el consumo de agua en la provincia de Córdoba. Excepción hecha, claro está, del Norte de la provincia que tiene sus propios problemas producto de casuísticas muy concretas.
No existe evidencia en la comunicación pública de Emacsa de este plan de gestión. Sí del anteproyecto de la ordenanza que aún no ha llegado a su fase de negociación política. Y es clave para conocer, por ejemplo, qué cortes de agua se pueden ordenar mediante el bando correspondiente. Llegado el caso, un bando del alcalde puede realizar cortes sin que la ordenanza establezca periodos concretos. En el resto de la provincia, la primera medida fase de cortes está regulada. Hasta cuarenta horas semanales de lunes a viernes entre las once de la noche y las siete de la mañana. En una fase verdaderamente crítica, se pueden llegar hasta las 70 horas ampliando a los fines de semana.
Córdoba capital es una unidad de consumo muy rara en la cuenta del Guadalquivir. Es la única desde el nacimiento en Cazorla hasta la desembocadura, en Sanlúcar de Barramadera, que está compuesta por un solo municipio, la capital. Con sus 335.000 habitantes estables, 4.000 estacionales y un consumo aproximado de 28 millones y medio de metros cúbicos de los que 3,5 millones son industriales. Todo lo que se capta vuelve depurado al Guadalquivir en lo que se llama ciclo integral del agua. Tiene, además, dos pantanos gemelos. El principal es el del Guadalmellato y el secundario, el de San Rafael de Navallana (más una pequeña aportación del Guadanuño para Cerro Muriano y pequeñas capta
Navallana puede llegar a aportar la mitad del consumo total en situaciones de extrema vulnerabilidad del sistema
ciones). Es la razón por la que nunca se han producido cortes de servicio en los últimos episodios graves de sequía en la capital. Solamente comparte el agua de dos pantanos con una comunidad de regantes.
Córdoba se encuentra, como toda la cuenca, con las luces rojas encendidas pero la realidad es que las herramientas que pueden usarse antes de un corte total son muchísimas. El anterior presidente de Emacsa, Ramón Díez Castellanos, explicó en una entrevista que la ciudad solamente cortaría el agua en el supuesto de que se le obligase legalmente. El actual, Jesús Coca, explicó hace exactamente un mes que no estaban previstas nuevas restricciones a corto plazo más allá de las ya tomadas: cortar el agua de las fuentes y dejar algunos usos como el baldeo de toda la vida, que se sigue desarrollando en las zonas donde no hay otra. Se calcula un ahorro de entre un 5 y un 10% por estas medidas.
La realidad es que la planificación de cuenca contra la sequía explica que hay más opciones. La Confederación Hidrográfica, por ejemplo, está facultada ya para recortar hasta un 10 por ciento el caudal que llega desde el Guadalmellato o Navallana. Además, San Rafael de Navallana se convierte en el embalse amuleto en el supuesto de que las cosas vayan a mucho peor. Hasta el 50% del consumo diario puede llegar desde este pantano. Y es que San Rafael de Navallana dispone de un sistema de bombeo desde el Guadalquivir. Emacsa lleva meses, según han declarado sus responsables, captando recursos del río cuando va más alto.
Un comité de sequía se reúne habitualmente en el Ayuntamiento de Córdoba para hacer seguimiento de la situación. Pese a que se trata de un asunto realmente importante, las conclusiones son puramente internas. Sí se sabe que de este grupo de trabajo ha salido la futura ordenanza municipal contra la sequía que es la herramienta más potente con la que ha contado el Ayuntamiento de Córdoba. Pone en marcha una amplia panoplia de medidas que pueden condicionar el desarrollo de la prestación de un servicio básico.
La ordenanza es sencilla en el sentido de que no establece condicionamientos concretos, numéricos, para activar las medidas de contención del consumo. Basta con un bando del alcalde de Córdoba para activarlos. Y no se reducen a medidas clásicas como reducir la presión de las tuberías, lo que suele tener consecuencias en los edificios de pisos altos.
Economía
Implica también la potestad de activar un régimen tributario distinto para cobrar el agua más cara cuando la situación de sequía es más grave. En concreto, se plantean precios más elevados a partir de 30 metros cúbicos por bimestre en la línea de lo aprobado por la Diputación. El recargo llega hasta el cincuenta por ciento del precio normal de los bloques siempre a partir de estas cantidades. En estos momentos, Emacsa no tiene la posibilidad de cobrar de más.
Pero no es la única vinculación a uso desmedido de agua que podrá realizarse en el futuro. La norma permitirá al Ayuntamiento de Córdoba —esto es, a sus agentes de la autoridad— sancionar a quien haga uso indebido. Eso empezará a funcionar en el supuesto de que el alcalde firme el bando prohibiendo actividades como el llenado de piscinas, el riego de zonas verdes o el lavado de vehículos fuera de las zonas acondicionadas para ello y con permisos concretos. Se pueden llegar a anular equipos de refrigeración que no tengan circuitos de recirculación. Las sanciones leves cuestan hasta 750 euros; las graves, hasta 1.500, y las muy graves pueden superar las 3.000. En condiciones de sequía severísima, Emacsa quedaría habilitada, incluso, para suspender contratos en vigor para aquellos consumidores que hubiesen hecho un uso inadecuado del agua.