La aportación de Navarra y País Vasco a la caja común: el agujero negro de la financiación regional
Fedea reabre el debate sobre la contribución a la solidaridad de las haciendas forales y pide un cambio legal
Que el País Vasco y Navarra contribuyan a la solidaridad interterritorial del mismo modo que ya lo hacen las comunidades de régimen común más ricas, como Madrid, Baleares y Cataluña. Suenan tambores de reforma de la financiación autonómica y Fedea, uno de los ‘think tank’ más activos en el análisis de este flanco de las políticas públicas, ha vuelto a poner en el foco una de sus propuestas más audaces, la participación de las haciendas forales en los mecanismos de reequilibrio territorial, que hoy se sustentan casi en exclusiva con transferencias del Estado y aportaciones de las autonomías con mayor capacidad de generar ingresos, es decir, las más ricas.
«Es necesario que se adapte el régimen foral a la realidad del sistema autonómico para lograr una participación efectiva de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación o solidaridad interterritorial», observó ayer Ángel de la Fuente, director gerente de Fedea y coordinador del grupo de expertos que en 2017 alumbró la que hasta hoy es la última propuesta de reforma de financiación autonómica que se ha planteado de manera formal a un gobierno de España.
Aquel documento ya incluía entre sus recomendaciones la apertura de una negociación con las haciendas forales para instaurar una cuota de solidaridad dentro del cupo vasco y de la aportación navarra e implicarlas en el sostenimiento financiero del reequilibrio territorial, que se estimaba que podría aportar 2.600 millones extra al año para apoyar la convergencia entre las CC.AA. más pobres y las más ricas.
«Las haciendas forales se han librado de esa obligación y no parece lógico», aseguró ayer De la Fuente, en el curso de una sesión sobre la reforma de la financiación autonómica organizada por la Asociación de Periodistas
de Información Económica (APIE). El investigador recordó que la contribución a la solidaridad entre comunidades autónomas es nada menos que una obligación constitucional, que se recoge tanto en la ley del concierto vasco como en la del convenio navarro.
Un mandato constitucional
En origen esa contribución se canalizó a través del Fondo de Compensación Interterritorial, concebido en el primer desarrollo de la Constitución como el principal instrumento para la corrección de los desequilibrios entre comunidades y al que País Vasco y Navarra realizan una aportación anual en función de su peso en el PIB. Esta es más bien modesta, de 27 millones en el caso del País Vasco y de apenas siete millones en el caso navarro, también porque ese fondo, vinculado a los Presupuestos, lleva hace años anclado en una dotación de 432 millones.
La verdadera solidaridad entre territorios se produce a través del sistema de financiación, al que ni el País Vasco ni Navarra aportan un solo euro, y que ejecuta un trasvase anual de unos 8.000 millones hacia las CC.AA. menos prósperas, con cargo a los impuestos que se pagan en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares.
De la Fuente sabe que no es fácil. «Exige un cambio legal (de las leyes del cupo vasco y el convenio navarro) y sería complicado, pero hay un problema y hay que tratar de solucionarlo».