La deuda en el sistema de pensiones se dispara en casi 90.000 millones

▶El pasivo se multiplica casi por cuatro y llega al récord de 106.172 millones por la sucesión de créditos concedidos por el Estado para pagar las nóminas ▶Este año volverá a salir al rescate del organismo con más de 43.000 millones de auxilio económico

El Estado volverá a salir este año al rescate de las pensiones con una inyección económica superior a los 43.000 millones de euros para cumplir con los pagos comprometidos, la misma cantidad que el pasado ejercicio por la prórroga presupuestaria. Las cuentas públicas recogen así una significativa transferencia para la Seguridad Social procedente de impuestos para hacer frente a los pagos a los jubilados, que este ejercicio han visto crecer sus nóminas un 3,8%.

Un oxígeno económico que ha permitido que el sistema salga de los números rojos y que es para los expertos equivalente al déficit real del organismo, que hoy cuenta con un superávit de 5.282 millones con datos a noviembre. Pero dejar atrás ese déficit no ha impedido que la Seguridad Social se siga endeudando para poder hacer frente al pago de las facturas hasta cifras desconocidas, que ya alcanzan los 106.172 millones, una evolución sin precedentes que equivale a cerca del 8% del PIB.

El grueso de esta cifra se ha registrado durante los años que Pedro Sánchez está en La Moncloa. Desde su investidura como presidente, en junio de 2018, el pasivo de la Seguridad Social ha aumentado en casi 90.000 millones con datos del tercer trimestre de 2023. Es decir, que el dato será mayor, teniendo en cuenta que es en el último trimestre cuando se dispara la factura anual por el pago de la extra a los pensionistas.

A cierre de noviembre de 2023 la deuda del sistema de pensiones había crecido en 9.995 millones, según recuerda el economista y profesor del IESE, Javier

Díaz-Giménez. Y añade: «El titular de los créditos, en su práctica totalidad es el Estado, o sea, que los que van a pagar son los contribuyentes españoles».

Este mayor recurso al endeudamiento se explica por varios factores. Pese al vigor con el que crecen las cotizaciones, en parte por la espiral de subida de cotizaciones, todavía siguen siendo insuficientes para hacer frente a los pagos, en concreto a las pagas extraordinarias de verano y Navidad, porque la nómina mensual se cubre con esas cuotas que pagan empresarios y trabajadores.

El abono de las extras a los jubilados provoca fuertes tensiones de tesorería y el Gobierno ya no cuenta con el recurso del Fondo de Reserva –no podrá extraer dinero hasta 2032–, pese a que ha empezado a dotar con los fondos procedentes del mecanismo de equidad (MEI), una subida de cotizaciones que ha elevado la cuantía de esa ‘hucha’ hasta los 5.500 millones. A esta espiral del gasto se ha unido la subida de las nóminas de los jubilados con el IPC, que en los últimos dos años ha dejado una factura de más de 23.000 millones.

El recurso a los préstamos del Estado en los últimos años han disparado el pasivo, que se mantuvo durante décadas estable en torno a los 17.000 millones. Hasta que en junio de 2017 el Gobierno de Rajoy se encontró con que no había dinero suficiente en la ‘hucha de las pensiones’ para pagar la extra de verano a los jubilados y tuvo que endeudarse. A ese primer préstamo le siguieron otros y la deuda pasó de 23.157 millones en julio de ese ejercicio a 27.363,7 al cierre –tras el correspondiente préstamo para la extra de Navidad–, y así sucesivamente hasta alcanzar los 41.194,14 millones al final de 2018. La subida de las pensiones en 2019, el efecto sustitución y el envejecimiento de la población –con el consiguiente aumento de pensiones– provocaron que la deuda creciera un 34% ese año, hasta los 55.024,16 millones .

A partir de ahí, las cifras han ido engordando, marcadas también desde

Ligar las nóminas de los jubilados al IPC ha dejado en dos años una factura superior a los 23.000 millones de euros

2020 por la pandemia y el esfuerzo adicional que ha tenido que afrontar la Seguridad Social al abonar prestaciones de incapacidad temporal (para enfermos de Covid y personas en cuarentena), el ingreso mínimo vital y renunciar a ingresos por cotizaciones de los trabajadores en ERTE y de autónomos en cese de actividad.

La reforma de pensiones emprendida por el ministro José Luis Escrivá descartó cambios paramétricos para controlar el fuerte aumento del gasto en pensiones previsto para las próximas décadas por el aterrizaje de los ‘boomers’ y puso el foco sobre los ingresos, especialmente los que recaen sobre las empresas y no los derivados de retraso de la edad de jubilación, lo que llevó a gran número de expertos a alertar de riesgos sobre el empleo.

Para hacer frente a los gastos, que este ejercicio escalarán por encimad e los 200.000 millones, desde enero opera un destope de las bases máximas de cotización, que crecerán hasta 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales, lo que se traducirá en un alza acumulado del 38% en este periodo. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de ese ejercicio y hasta 2065 habrá incrementos adicionales para que al final la nómina más elevada que paga la Seguridad Social haya subido un 20%.

Mecanismo de equidad

Al alza de las bases máximas se suma este 2024 la aplicación por segundo año del MEI. Este mes la subida de cotización ha escalado al 0,7% (0,58% a cargo del empresario y 0,12% del trabajador). Para un asalariado que tenga una nómina de 2.000 euros el incremento al 0,7% supondría un pago mensual de 14 euros al mes: 2,4 euros los pagaría el trabajador y los 11,6 euros restantes el empleador. Esta cuantía, más allá, variará en función del nivel del salario pese a aplicar ese mismo 0,7%.