El Gobierno revisará los reglamentos de la ley de Bienestar Animal de Podemos
▶El nuevo director general de Derechos de los Animales, más ecologista que animalista, definirá desde el curso para tener perro hasta el control a la cría
Acorto plazo, los agujeros legislativos que suponen los reglamentos sin desarrollar de la ley de Bienestar Animal no van a desaparecer. Esto incluye las reglas de definen el seguro de responsabilidad civil obligatorio para perros, el curso de formación para los propietarios o el registro estatal de animales de compañía, entre otros muchos puntos. La nueva dirección general de Derechos de los Animales, que ha pasado a José Ramón Becerra, de Verdes Equo, ha decidido revisar incluso los borradores que el anterior responsable del departamento, el exintegrante de Podemos Sergio García Torres, ya tenía prácticamente terminados y listos para publicar una vez hubiera Gobierno, según confirman fuentes ministeriales a ABC.
Diversas fuentes consultadas coinciden en la importancia que tendrá el desarrollo reglamentario de una ley que, desde que entró en vigor el pasado 29 de septiembre, solo ha podido ser aplicada a medias. Y citan la frase atribuida al Conde de Romanones: «Haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos». La legislación ahora no puede aplicarse en puntos como el registro de criadores, el curso obligatorio para tener perro o las condiciones concretas en las que hay que mantener en casa a los animales. De hecho, el anterior Ministerio de Derechos Sociales, a través de sus servicios jurídicos, se vio obligado ya en septiembre a mandar una circular para aclarar que se posponía la contratación obligatoria del seguro de responsabilidad civil para los perros (salvo a los potencialmente peligrosos) hasta tener el reglamento específico.
Ahora será Becerra quien afronte el desarrollo de la polémica ley. Fuentes ministeriales apuntan a que además de la revisión de los textos se llevarán a cabo reuniones preliminares con los distintos agentes sociales. El objetivo, aseguran, es tratar de buscar los consensos más amplios posibles en torno al desarrollo reglamentario de la ley, tanto a nivel institucional como social. De hecho, el ministerio ya ha tenido los primeros contactos con asociaciones como Anima Naturalis, Proyecto Gran Simio o la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, pero también ha citado a otros colectivos como a los profesionales veterinarios.
Becerra fue designado por el ministro de Sumar Pablo Bustinduy, al frente de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Ingeniero técnico industrial, ha sido uno de los responsables de la ley vasca de Protección Animal que se aprobó en 2022 con los votos de PNV, PSE, EH Bildu y PP, y la abstención de Podemos-IU y Vox. La elección de Becerra fue criticada por su antecesor en el cargo, García Torres, que dijo no compartir «la ausencia de metas y objetivos» de Sumar, que «ha decidido que la Dirección General de Derechos de los Animales no haga ruido en la próxima legislatura».
Otros actores definen a Becerra como un perfil más ecologista que animalista; e incluso como «sangre fresca» en el campo del activismo de protección animal, algo que por una parte puede aportar «enfoques originales» pero también puede conllevar mayores «tiempos de puesta al día» para desarrollar la ley.
En cualquier caso, la tarea que tiene por delante el nuevo director general de Derechos de los Animales no será fácil. «El desarrollo de los reglamentos puede que sea hasta más complicado que la propia ley», vaticina José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), que había estado luchando para que la anterior dirección incluyera la figura de «criadores responsables», que son los no profesionales, así como la cría en domicilio.
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, asegura que la ley está muy abierta y para su colectivo es vital cerrar la letra pequeña, algo en lo que tras muchos choques iniciales con Podemos, lograron cierto entendimiento en los últimos tiempos. Era así en cuanto a la definición de la eutanasia por razones económicas o el reparto de responsabilidades sobre la identificación de los animales. También pedían controlar las colonias felinas y ayudar a los ayuntamientos en los que recae la tarea.
Especies permitidas
Además hay otras cuestiones pendientes a medio plazo, como el polémico listado positivo, que fijará las mascotas permitidas en España. El primero debería ver la luz en 2026. Fuentes ministeriales indican que, en general, la intención es respetar los tiempos de la ley, aunque se remiten a los plazos del calendario normativo del Gobierno.
«A mí me gustaría que vaya con prudencia, y no es algo que se pida mucho en las ONG», dice Alberto Díez, portavoz de la coalición Listado Positivo, que pide empezar por donde hay consenso y no «inventar la rueda» con nuevas leyes, sino «echar a andar» lo que ya hay. En el caso de las listas de animales, sería empezar por los mamíferos y dejar pájaros o reptiles para un debate más profundo. Díez, además, recuerda que algunos aspectos van a llegar de la UE, como quién va a poder criar y comercializar perros y gatos, por lo que solo sería necesario legislar «en paralelo».