Las tarjetas monedero del Gobierno excluyen a 350.000 familias necesitadas
Bancos de Alimentos advierte que el sistema «pone en riesgo» su labor al dejar de recibir 50,2 millones
Ni acabará con las «colas del hambre», ni será «más eficiente», como ayer apuntaba el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La precipitación con que el Gobierno ha aprobado el nuevo sistema de ayuda a familias necesitadas, que sustituye la compra directa de alimentos por tarjetas monedero –después de que durante dos años Ione Belarra fuera incapaz de concretar los detalles– ha derivado en un modelo de buenas intenciones, pero que despierta más dudas que certezas entre los implicados.
Como reconocía ayer el ministro, la decisión de cambiar el anterior Fondo Europeo de Ayuda a las personas más desfavorecidas (programa FEAD) por el modelo de ayudas indirectas a través de las tarjetas monedero se tomó en el Consejo Territorial de Derechos Sociales de diciembre de 2021, con la unanimidad de las comunidades autónomas. La propuesta fue validada por la Unión Europea, que financia el programa a través del Fondo Social Europeo Plus, y Belarra contaba con dos años para cerrar un acuerdo marco que permitiera a las comunidades –que tienen transferidas la asistencia social– licitar las ayudas y ponerlo en funcionamiento.
De hecho, el pasado septiembre, la Comunidad de Madrid advertía del retraso a la ministra, ya en funciones, a través de una carta. Belarra nunca aprobó aquel acuerdo marco. Por contra, lo que hizo en octubre de 2023 es una última compra de alimentos no perecederos, a cargo del anterior sistema, que fueron entregados a la Cruz Roja y la Fesbal (Federación de Bancos de Alimentos), quienes los gestionan desde 2014. Era la última acción del anterior programa y servía para garantizar que la entrega de necesidades básicas estuviera cubierta hasta abril de este año, a la par que el ministerio se daba un tiempo para buscar una solución definitiva.
Sin embargo, la decisión final, vía real decreto, que fuentes del ministerio han calificado de «solución transitoria y excepcional», ha consistido en dotar a la Cruz Roja de una subvención de 100,2 millones de euros (95,5 se destinarán a los gastos en alimentos y productos básicos y 4,7 millones para los gastos de implantación) para que se encargue del reparto de las tarjetas monedero, desde mayo –cuando se agotan los alimentos de la última compra– hasta diciembre. Una forma de ganar tiempo, porque a partir de 2025 serán las comunidades quienes se encarguen por completo del programa. Y también de evitar que se perdieran los fondos europeos al no haber sido capaces de implementar el sistema en el plazo.
La precipitación ha dejado varios flecos por cerrar. Primero, todavía no se han seleccionado los supermercados que se adherirán al programa. Es presumible que la responsabilidad recaiga ahora en la Cruz Roja, que buscará establecimientos de implantación nacional, aunque a partir del próximo año, las comunidades podrán modificarlo, y añadir empresas de carácter regional. Además, lo más grave, al estar destinado el programa a familias con al menos un menor a su cargo, sólo un número reducido de los actuales beneficiarios de esas ayudas podrán acceder a las tarjetas monedero.
El Gobierno estima las beneficiarias en unas 10.000 familias al año al año –70.000 en los siete años que dura el programa– pero desde las organizaciones afectadas, como la Fesbal, advierten de que la «reforma dejará a muchas personas usuarias desatendidas». En concreto, señalan que sólo el 16,5% de las familias cumplen los requisitos de tener al menos un menor a su cargo y recibir menos del 40% de la renta básica, lo que les habilita para acceder a las tarjetas monedero.
De hecho, según su presidente, Pedro Llorca, «estimamos que este nuevo sistema dejará desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley y a cientos de miles de personas que se ven obligadas a acudir a un centro de distribución de alimentos, personas sin hogar, con ingresos bajos, inmigrantes sin documentación».