Los fiscales acusan a García Ortiz de bloquear el informe sobre la amnistía
La mitad del Consejo Fiscal asegura que no les ha informado de la petición que el Senado hizo el 7 de diciembre
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no sólo ninguneó al Senado al no responder durante mes y medio a la petición para que el Consejo Fiscal emita un informe sobre la ley de amnistía, sino que ocultó esa solicitud al resto de fiscales, tal y como denunciaron ayer los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) que representan a la carrera en ese órgano y suponen la mitad de sus miembros.
En un comunicado hecho público ayer, justo después de la toma de posesión de García Ortiz para un segundo mandato como fiscal general, los consejeros de la AF –seis de los nueve electos del Consejo Fiscal– muestran su «más profunda estupefacción y rechazo al constatar que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».
El día anterior, el presidente del Senado, Pedro Rollán, había enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preguntándole por la inacción del Consejo Fiscal, al que la Cámara Alta solicitó ese informe sobre la ley de amnistía el pasado 7 de diciembre, y sobre cuya petición no había tenido noticias hasta el momento.
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, Rollán cuestiona que en el mes y medio que ha pasado desde la petición, la Fiscalía no se ha comunicado con la Cámara Alta. «Dado que no hemos recibido comunicación alguna al respecto, le solicito que tengan en cuenta la petición del Senado de España y podamos contar con el mencionado informe lo antes posible», demanda la cuarta autoridad del Estado.
Además, Rollán reitera la necesidad de que se aporte el informe para que los «parlamentarios puedan conformar la debida opinión sobre el tema en el ejercicio de sus funciones» y apremia al fiscal general para que la elaboración no se demore, toda vez que la tramitación en el Congreso afronta ya sus últimos días.
«Tratándose de una iniciativa legislativa de gran impacto en la sociedad española y también en los ámbitos jurídicos e institucionales, es de vital importancia que se emita un informe lo antes posible y, en cualquier caso, con la suficiente antelación», señala el presidente del Senado en su misiva.
Fuentes próximas al fiscal general explican que si no se ha producido ninguna contestación hasta el momento es porque García Ortiz estaba en funciones hasta ayer, cuando tomó posesión de su cargo. Señalaron que la Fiscalía dará una respuesta al Senado, aunque no concretaron plazos ni tampoco los términos de esa respuesta.
Lo cierto es que del informe que se pide al Consejo Fiscal no cabe esperar unanimidad, lo que coloca al recién nombrado fiscal general en una situación complicada. La AF tiene seis de los nueve miembros electos del Consejo y la asociación ya se pronunció en noviembre sobre la amnistía poniendo en duda su constitucionalidad. Junto con estos cuatro consejeros, hay otros dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la APIF, contrario también a la norma. Los otros miembros del Consejo Fiscal (natos, en este caso) son la jefa de Inspección, la teniente
fiscal del Supremo y el propio fiscal general.
En este momento la ley de amnistía afronta sus últimos días en el Congreso, una vez que la Comisión de Justicia aprobó y elevó el dictamen que será votado en el pleno que, previsiblemente, se celebrará la próxima semana. Una vez que se apruebe, como todo indica, pasará al Senado, donde el PP quiere aprovechar su mayoría para aportar informes y opiniones de expertos que no han sido requeridos en la Cámara Baja. Además del informe solicitado al Consejo Fiscal, el Senado ha hecho lo propio con el Consejo General del Poder Judicial, que la pasada semana pidió una prórroga para elaborarlo. El plazo finalizaba el 24 de enero y se amplió dos semanas más, suficientes para que los senadores puedan tener acceso al mismo cuando la iniciativa llegue desde el Congreso, lo que ocurrirá a principios de febrero.