El plan de Díaz para recortar la jornada laboral aboca a otro pacto sin empresarios
La patronal afronta la negociación con alto escepticismo por la nueva subida de costes que implica la medida
La segunda gran negociación en material laboral que afronta el Gobierno, la de la reducción de la jornada de trabajo hasta las 37,5 horas, parece lejos de propiciar una de las instantáneas más ansiadas por parte de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: la foto con patronal y sindicatos de un amplio consenso que revista algunas de las medidas planteadas por el Ejecutivo en materia laboral. Se intentó sin éxito en las reuniones para fijar un alza del salario mínimo y ahora el Gobierno pone las esperanzas en la carta del recorte de jornada.
Precisamente, el problema que sobrevuela la nueva ronda de negociaciones son las posiciones predeterminadas de los agentes sociales sobre la materia, alejadas entre sí. Mientras que los sindicatos CC.OO. y UGT irán a una posición inicial de máximos –cabe recordar que la organización dirigida por Pepe Álvarez sitúa el plan del Gobierno como un punto de partida para avanzar en futuras fases hasta un recorte del tiempo de trabajo hasta las 35 horas semanales–.
De hecho, fuentes del diálogo social consultadas por ABC temen que se produzca una variación del marco de actuación previsto y que el Gobierno pueda adoptar una postura más ambiciosa que acelere las fases de reducción de la reducción de jornada –establecida en una primera reducción de 40 a 38,5 horas en 2024, para llegar a las 37,5 horas en 2025–.
El sindicato liderado por Unai Sordo está ya abonando el terreno de la negociación con la presentación de un balance de negociación colectiva en España en el que advertía que la primera reducción de horas a 38,5 tendría un efecto residual sobre los trabajadores y que será sólo la segunda rebaja hasta las 37,5 horas la que sí impactará sustancialmente modificando la jornada del 94% de los 10,4 millones de empleados con convenio colectivo, que ascendería a 12,9 millones de ocupados del sector privado con o sin convenio. Y sobre esta premisa es la que se podría abordar una senda más ambiciosa de reducción de jornada laboral.
Nuevas cargas empresariales
En contra está la postura cautelosa de la patronal que afronta la negociación como un nuevo intento del Gobierno de aplicar cargas sobre los empleadores. «Es una subida encubierta de los salarios», aseguraba recientemente desde la Confederación Española de Comercio (CEC). «Un incremento de costes del 6,25% no se va a recuperar con ganancias de productividad», advierten expertos de la mesa tripartita.
Según apuntan los economistas, el reducir 2,5 horas el tiempo de trabajo a los 21 millones de ocupados de nuestro país le costaría unos 64.000 millones de euros a las empresas, que sólo se vería en parte compensado por los incrementos de productividad que se produzcan.
En este sentido, uno de los elementos que aparecerá sin duda sobre la mesa como vía de exploración de un consenso más amplio es la cuestión sectorial. Desde la CEOE apuntan de manera previa que atenderán a la negociación pese a la predeterminación del resultado final y entienden que una manera de poder aterrizar una eventual reducción del tiempo de trabajo tenga en cuenta las singularidades de las empresas según su tamaño y de los diferentes sectores. «Hay actividades en las que se pueden compensar los costes con mejoras de productividad pero, por ejemplo, un vigilante de seguridad tendrá la misma actividad pese a la reducción de horas», señalan fuentes del diálogo social.
Precisamente, Garamendi señalaba recientemente que ese debería ser el terreno de las conversaciones, sector a sector, algo que también deslizó Unai Sordo ante la complejidad de aplicar una tabla rasa sobre este concepto, al margen de la negociación colectiva, donde finalmente se deberán trasladar los eventuales cambios que se produzcan en el Estatuto de los Trabajadores.