Inmigración, un problema a resolver
«Resulta imprescindible afrontar la crisis inmigratoria a escala europea. Una solución que significa, sobre todo, cooperación, acción conjunta de los Estados miembros y las instituciones europeas ante un problema común»
EMPIEZA 2024 con un grave problema aún sin resolver. La gestión migratoria se está convirtiendo en una de las debilidades más evidentes del Gobierno de Pedro Sánchez. Las cifras de la inmigración ilegal son apabullantes, con cerca de 56.852 personas, lo que supone un aumento de más del 82,1 por ciento con respecto al año anterior. Al menos 40.000 inmigrantes han llegado a las islas pero hay miles que se han perdido. Sólo así se puede explicar la falta de planificación y transparencia con las que el Ejecutivo ha llevado a cabo una nula gestión para afrontar la crisis migratoria que, desafortunadamente, está sirviendo para tensionar las relaciones entre el Gobierno y las Comunidades autónomas.
Ante la evidencia de que la inmigración será un tema crucial en las elecciones europeas que se celebrarán el próximo mes de junio, la Comisión Europea ha cerrado un acuerdo que unificará la gestión de las fronteras e intentará ordenar el flujo de refugiados. La firma del Pacto de Migración y Asilo alcanzado en la UE el 20 de diciembre queda aún lejos de cumplir con las expectativas previstas porque el sistema trata de cargar mayores responsabilidades a los países de entrada y, además, no ofrece garantías legales y seguras a los inmigrantes para desplazarse. A esto se suma la incapacidad de gestionar en su propio territorio avalanchas migratorias como las que vive Canarias, dando lecciones y tratando de solucionar los problemas de otros.
En su reciente pacto migratorio anunciado durante la presidencia española, el Gobierno canario se ha quejado de la falta de interlocución del Ejecutivo, particularmente con el ministro Fernando Grande-Marlaska, tras sufrir en primera línea las consecuencias del flujo migratorio de miles de supervivientes que llegan exhaustos a tierra firme. A pesar de la peligrosidad del tránsito no cesan de llegar inmigrantes, en las islas están desbordados y –en palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo– se vive un drama humanitario que no cesa. A todo esto, Sánchez y su gobierno, en una sesión parlamentaria bronca y falta de argumentos en el Senado, aprobaron con el voto favorable de Coalición Canaria (lo que es difícil de entender) la cesión de inmigración a Cataluña, algo que el separatismo catalán lleva años reclamando. Situación alarmante cuando dichas competencias son exclusivamente del Estado.
A finales de 2023, la actualidad ha estado marcada por la llegada a Canarias
de la primera gran remesa de inmigrantes de origen hispano, 281 nicaragüenses y venezolanos que han pedido asilo desde Costa Rica y que España acogerá tras el acuerdo alcanzado entre el presidente Sánchez y Joe Biden, plan ideado por la Casa Blanca para aliviar la creciente presión migratoria que se vive en la frontera sur (MéxicoEE.UU.). Washington se da por satisfecho de que esta vía se abra y espera que España siga admitiendo inmigrantes del continente americano.
Evidentemente, resulta imprescindible afrontar esta crisis a escala europea. Una solución que significa, sobre todo, cooperación, acción conjunta de los Estados miembros y las instituciones europeas ante un problema común. El nuevo pacto sobre inmigración y asilo está pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo y que ponga fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados a la hora de consensuar un equilibrio entre la ‘solidaridad’ con los países en primera línea, como España, Italia o Grecia, y la ‘responsabilidad’ que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.