El campo convoca una protesta en la capital belga con apoyo español
A más de 300 kilómetros de París, en Bruselas, está previsto que hoy una gran ‘tractorada’ sea protagonista en sus calles. En concreto, la Coordinadora Europea Vía Campesina ha convocado una movilización hoy en la plaza de Luxemburgo «para expresar nuestro descontento y pedir un cambio de paradigma», explican los manifestantes, que han pedido también reunirse con la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.
La protesta de Bruselas contará con apoyo de agricultores españoles, puesto que una delegación enviada por COAG participará para reclamar ante las instituciones comunitarias «el cese de acuerdos de libre comercio como Mercosur, las mismas condiciones paras las importaciones de terceros países y una flexibilización y simplificación de la costosa carga burocrática de las normativas agrarias y medioambientales», describen.
Planas toma asiento
La protesta en Bruselas tendrá lugar solo un día antes de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúna con COAG, UPA y Asaja, convocantes de protestas y ‘tractoradas’ a partir de febrero por varias regiones de España.
Planas accedió ayer a la solicitud que los convocantes de las movilizaciones le enviaron y se reunirá con ellos este mismo viernes. Las tres organizaciones mandaron el martes al ministro una carta conjunta en la que reclamaban tomar asiento para abordar las distintas cuestiones que reivindican, algunas de las cuales tienen que ver directamente con el ministerio, mientras otras están centradas en las políticas de Bruselas.
A nivel nacional, los convocantes de las manifestaciones reclaman la «modificación y ampliación» de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para «prohibir las prácticas desleales» para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, insisten, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debería aplicar sanciones económicas «más acordes» a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.